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Vicepresidenta y Ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, sostuvo primera reunión oficial con el grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes de Naciones Unidas (WGEPAD)

La visita hace parte del mandato de la ONU y tiene como objeto formular recomendaciones para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Foto: Darwin Torres - @ViceColombia

  • La visita hace parte del mandato de la ONU y tiene como objeto formular recomendaciones para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.​
  • “Hay un racismo estructural que persiste, este Estado sigue siendo colonial y racista, sigue sosteniendo estructuras de poder que se imponen sobre poblaciones que han sido segregadas”, aseguró la alta mandataria.
Bogotá, 15 de mayo de 2024 (@ViceColombia).

La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, sostuvo este martes, por primera vez en Colombia, una reunión oficial con el Grupo de Trabajo de Expertos Sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas (WGEPAD, por sus siglas en ingles). El encuentro tuvo como propósito fortalecer lazos e impulsar una cooperación constructiva que permita avanzar en la protección y la promoción de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes en el país.

“Para el Gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y para mí es un honor recibirles (…) esto es muy importante para la agenda que estamos impulsando, una agenda de cambio y transformación para el país, transformación de las condiciones de inequidad y desigualdad en la que vive la mayoría de la población afrodescendiente y, dentro de esas desigualdades, está ese racismo estructural que la sigue afectando”, manifestó la alta mandataria ante la delegación internacional.

Se trata, en concreto, del grupo de trabajo surgido en la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se llevó a cabo en la ciudad de Durban (Sudáfrica), en el año 2001, y que definió un marco integral con medidas de gran alcance para combatir el racismo en todas sus manifestaciones, exigiendo a los países miembros de Naciones Unidas establecer legislaciones y medidas administrativas más estrictas contra la discriminación.

Por eso, ante este Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, la alta mandataria explicó que su tarea como vicepresidenta ha sido la de liderar una agenda de articulación internacional para la garantía de los derechos de la población afrodescendiente e indígena, que tiene en uno de sus puntos el recuperar los vínculos con el continente africano.

“El año pasado realicé una visita a cuatro países de África: Kenia, Sudáfrica, Ghana y Etiopía, fue una experiencia maravillosa pero desafiante para nuestro país, entendiendo que todavía aquí hay mucha visión colonial y racista. Esa visita suscitó muchas agresiones de racismo y discriminación hacia mí y hacia mi pueblo, pero no nos quedamos ahí, hemos logrado cosas importantes”, refirió, indicando que, por ejemplo, se logró la apertura de una nueva embajada en Senegal, país desde donde salieron muchos hombres y mujeres esclavizados, lo que implica compartir una historia en común que ahora se busca reconstruir en el marco de una apuesta política mayor: la de la reparación.

“Hemos creado la Comisión Nacional de Reparaciones Históricas sobre los efectos del colonialismo, del racismo y la esclavitud que todavía nos persigue, nos violenta y no nos deja vivir en dignidad. Esa comisión será un gran desafío para este país, que todavía no dimensiona cuando hablamos de reparaciones históricas de qué estamos hablando y cuando se dé cuenta qué significa, van a poner muchos más obstáculos de los que ya nos vienen colocando. Pero hay una decisión de este gobierno de avanzar en la dignidad de quienes históricamente han vivido esas violencias estructurales”, enfatizó.

Márquez Mina destacó igualmente los avances logrados con la reglamentación de algunos artículos Ley 70 de 1993, después de 30 años, que ha significado avances en temas de medio ambiente, recursos mineros y titulación de tierras para las comunidades afrodescendientes en Colombia. Incluso recordó que la semana pasada estuvo ante la Corte Constitucional dando a conocer los obstáculos y avances en la implementación de estrategias y políticas del Estado para superar el estado de cosas inconstitucional que afecta a las comunidades étnicas víctimas del desplazamiento forzado.

“Hay un racismo estructural que persiste, este Estado sigue siendo colonial y racista, sigue sosteniendo estructuras de poder que se imponen sobre poblaciones que han sido segregadas. Lograr transformar esas situaciones no es tarea fácil, pues este es el primer gobierno progresista. No aceptan que un presidente como Gustavo Petro y una mujer como yo estemos aquí (…) Ha habido avances, pero falta”, señaló.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad recordó que Colombia no ha ratificado todavía la Declaración de Durban, lo cual es un objetivo más del Gobierno, pues será a partir de este marco jurídico internacional que se podrán implementar muchas de las acciones pertinentes. Sin embargo, aseguró que el Gobierno del Cambio ya puso en el Plan Nacional de Desarrollo la construcción de un programa de lucha contra el racismo y la discriminación, que viene siendo liderado desde el Minigualdad y Planeación Nacional. “En este país el racismo mata, les cuesta la vida a los jóvenes negros, igual que en Estados Unidos y muchos otros países”, dijo.

La alta mandataria consideró necesario, además, tener un trazador presupuestal que defina con claridad cuál es el recurso que debería invertirse en la población afrodescendiente y calificó como grave el que no se tenga un censo real de la gente. “Las organizaciones afrodescendientes dicen que somos el 30%, sin embargo, el censo que se hizo mal hecho en 2018 disminuyó mucho más esa cifra de la que se habla. El no tener datos estadísticos que den cuenta de la población y el estado en que está, hace más difícil la implementación de políticas (…) la negación de la población es una de las características del racismo estructural”, expresó.



Por último, le hizo una serie de peticiones al Grupo de Trabajo de Expertos Sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas con el fin de estructurar de manera conjunta los esfuerzos en materia de lucha contra el racismo y la discriminación. Recalcó que, al interior de las Naciones Unidas, sus mismos mecanismos e instrumentos también tienen sesgo y discriminación frente a la población afrodescendientes, pues solo habla de pueblos indígenas y tribales.

“El Foro Permanente de Pueblos Afrodescendientes se creó hace apenas dos años, tras una lucha de mucho tiempo, y hemos visto, en términos de lo ambiental, que la población está viviendo pérdidas y daños a la luz del cambio climático (…) nos parece grave que en lo ambiental no haya un reconocimiento de Naciones Unidas a la población afrodescendiente y sus territorios”, agregó.

Entonces, enfatizó que en octubre se realizará la COP 16 sobre diversidad biológica en la región de mayor diversidad de Colombia, la Pacífica, y que el esfuerzo, junto a la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, es impulsar a que se cree una categoría, en el marco del Convenio de Diversidad, en la que se reconozca a la población afrodescendiente, sus territorios y sus conocimientos, pues el no incluirlos significa grandes riesgos para el planeta.

“América Latina tiene más de 200 millones de afrodescendientes que habitan casi el mismo número de territorio. Si eso no se reconoce, una parte importante del globo terráqueo va a estar por fuera de una estrategia de protección y conservación de la vida biológica, de la naturaleza. Nosotros estamos liderando esa agenda y queremos que Naciones Unidas nos acompañe en esa apuesta”, enfatizó.

Igualmente, recordó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le solicitó a la ONU declarar el 25 de julio como el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, tema que está en discusión, pero que sería fundamental para establecer una agenda en favor de sus derechos. “En Colombia, según datos del DANE, las mujeres afrodescendientes tienen una esperanza de vida de cinco años menos que el resto de las mujeres del país y las que viven en las zonas rurales de seis años (...) queremos que nuestras mujeres tengan esperanzas de vida igual a las del resto de Colombia y del mundo”, concluyó.