Bogotá, 10 de mayo de 2024 (@ViceColombia)
Atendiendo el llamado de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia T-025 de 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional en la atención a la población desplazada, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, participó hoy de la Sesión Técnica sobre la Garantía de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes que padecen este fenómeno.
Para el alto tribunal, los grupos étnicos en Colombia han enfrentado históricamente un contexto de discriminación y marginación donde, debido al desplazamiento de sus integrantes, sus etnias afrontan riesgos específicos como la pérdida de sus territorios colectivos y ancestrales, así como la pérdida de su identidad étnica y cultural.
En su intervención, la alta mandataria presentó los avances y desafíos que viene afrontando el Gobierno frente al desplazamiento y, además, hizo referencia a la coordinación interinstitucional del Auto 620 de 2017, que le encomendó el presidente de la República en el decreto 1874 de 2022m, y que tiene que ver con la atención de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara que habitan el Pacífico Nariñense.
Para Márquez Mina, si bien fue un acierto el que la decisión de la Corte Constitucional hubiese declarado desde el 2004 el estado de cosas inconstitucional en la atención de la población desplazada, hasta el día de hoy y a pesar de los muchos esfuerzos, no se han logrado superar esos desafíos sobre los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom.
“Esto obedece a un racismo estructural que persiste y que hace parte de la estructura del Estado colombiano y que, por supuesto, ese racismo estructural se profundiza con el conflicto armado y las violencias sistemáticas que la población étnica de este pais tiene que vivir. Ello nos exhorta a hacer una revisión como Estado de cuáles son esas fallas. Tantos años han pasado, tantas víctimas y desplazados, tantos desterrados, tantos exiliados y desaparecidos”, expresó.
En ese sentido, indicó que el presidente le designó unas tareas que apuntan a contribuir a esa misión de que los pueblos étnicos puedan vivir en dignidad y que, como presidenta de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para la Protección Inmediata de las Comunidades Afrodescendientes y los Pueblos Indígenas que habitan el Pacífico Nariñense (CIAN- A620), tiene la competencia para conformar equipos de trabajo que permitan avanzar en dichos compromisos e implementar medidas inmediatas y urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los pueblos étnicos de la región.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad dio a conocer que, cumpliendo esa misionalidad, ha intensificado la convocatoria a las instituciones del Estado que también son responsables de implementar las órdenes de la Corte en el Auto 620 de 2017. “Llevamos tres sesiones de la Comisión en lo que va corrido de nuestro gobierno y hemos planteado siete más en el marco del tiempo que nos queda. Esa coordinación interinstitucional nos ha permitido, en un primer nivel, tener varias acciones”, dijo.
Señaló que desde la Vicepresidencia de la República inicialmente se creó un grupo para atender los desafíos de la garantía de los derechos de los Sujetos de Especial Protección Constitucional, sin embargo, este grupo también pasó a ser el encargado de atender y hacer seguimiento en lo referente al Auto 620: “Este grupo es de alto nivel y hace parte del Departamento Administrativo de Presidencia y desde ahí coordinamos todas las instituciones que tienen responsabilidad”.
“Hay tres niveles de coordinación que hemos establecido y uno de ellos es en el nivel ministerial y directivo, que yo misma presido y he convocado a los ministros y directores de departamentos que tienen responsabilidad sobre la implementación del Auto a establecer algunos mecanismos, medidas y acciones para cumplir con el avance de la garantía de los derechos de las comunidades”, agregó.
En este sentido, explicó que se estableció una coordinación horizontal, que plantea pasar de una mirada sectorial a una mirada de coordinación interinstitucional, logrando que los sectores se puedan articular entre sí, siendo parte de la estrategia como gobierno, donde el presidente ha dado la instrucción de priorizar la inversión en los territorios más marginados y excluidos del país.
“En el marco de esa coordinación horizontal hemos logrado que los ministerios de Educación, Cultura y Deporte se articulen en una respuesta de educación integral en esos territorios. Hemos articulado con los ministerios de Agricultura, Transporte y de Igualdad y Equidad, para dar una respuesta al territorio en términos de desarrollo productivo y de bienestar, así como con el Ministerio de Vivienda y Agua Potable, para responder a los derechos básicos de las necesidades que aún no se superan”, indicó.
Por otro lado, la alta mandataria habló de una coordinación vertical, donde ha solicitado a las instituciones que dentro de su sector se coordinen entre sí. Recalcó que, con el sector de agricultura, se ha logrado que en materia de garantía de los derechos étnicos territoriales de la población indígena y afrodescendiente, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Derechos Territoriales y el IGAC, se articulen para garantizar el acceso a la tierra, pero también para la protección y salvaguarda de los derechos étnicos, lo cual ha dado resultados en términos de entrega de títulos colectivos, tanto de pueblos indígenas como afrodescendientes, que llevaban más de 13 años solicitando y que hoy se ha logrado evacuar.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, advirtió que todavía persisten muchos desafíos: “En otros gobiernos, siendo yo parte de la comunidad, la articulación solo era entre entidades del Gobierno Nacional. Ahora nosotros, desde la Vicepresidencia, hemos logrado que la articulación se haga también con las autoridades en territorio. En diferentes momentos hemos ido al territorio para que las medidas y acciones que se implementen sean definidas y coordinadas por las entidades étnicas territoriales”, enfatizó.
Asimismo, recalcó que se debería considerar tener un trazador presupuestal específico, que dé cuenta y atienda en términos económicos las demandas y los desafíos para la garantía de los derechos de la población étnica. “Quiero solicitar respetuosamente a la Corte constitucional que apruebe la batería de indicadores de goce efectivos de derechos con enfoque diferencial étnico, que responda a una mirada territorial y cultural. Creo que si se aprueba esto nos permitiría avanzar de mejor manera para tener medidores de los impactos que estamos generando con las políticas que avanzamos como Gobierno Nacional”.
Por otro lado, la alta mandataria destacó que después de 30 años se está avanzando en la reglamentación de la Ley 70 de 1993. “Después de un largo desafío de las comunidades en el Pacífico, entendiendo que es de los territorios más desiguales e inequitativos, logramos colocar en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo para crear la Política Publica de Desarrollo Integral para la región del Pacifico y, por supuesto, sabemos que este estado de cosas inconstitucional obedece a una situación de profunda desigualdad e inequidad”, dijo, indicando que por eso desde la campaña electoral se propuso la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, que en su estructura interna creo un Viceministerio para Pueblos Étnicos y Campesinos, que tiene entre sus misiones ayudar a superar ese estado de cosas inconstitucional.
Al cierre de su intervención, la vicepresidenta y ministra hizo referencia al último informativo de la Corte Constitucional sobre el Ministerio de Igualdad y Equidad: “Resalto la ponderación que hacen sobre la necesidad de velar por la garantía de los derechos de los Sujetos de Especial Protección Constitucional y, por supuesto, el reconocimiento que la misma Corte hace sobre la necesidad de tener una institución que atienda y responda al mando constitucional de la garantía al derecho a la igualdad y la no discriminación establecida en nuestra norma superior”, puntualizó.
