El Estado en pleno inicia la concertación del Decreto de reglamentación integral de la Ley 70
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Las comunidades negras contarán con medidas afirmativas para el desarrollo económico y social, y la protección de su identidad étnica y cultural.
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Tras 30 años de promulgada la Ley 70, el Gobierno del Cambio se compromete para finalizar su reglamentación y así avanzar en el plan integral de reglamentación, y así responder ante la vulnerabilidad y exclusión histórica de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Bogotá, 16 de mayo de 2024. (@ViceColombia)
Esta mañana, la vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez Mina, y los sectores del Gobierno Nacional refrendaron el compromiso de seguir avanzando en la concertación interinstitucional e intersectorial del proyecto de decreto reglamentario integral de la Ley 70 de 1993, el primer instrumento jurídico que reconoce a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera como sujeto colectivo y protege sus derechos al territorio, a los recursos naturales y mineros, a la identidad étnica y cultural, a la participación activa y al desarrollo económico y social.
Tras 30 años de promulgada la Ley y de rezago en su implementación por parte del Estado colombiano que, antes del Gobierno del Cambio, solo había avanzado en el 30% de reglamentación de su articulado, las entidades de gobierno adelantarán los diálogos técnicos y jurídicos, con el fin de entregar al pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, durante el segundo semestre de 2024, un proyecto de Decreto que dé respuesta a su vulnerabilidad y exclusión histórica.
Para ello, la Comisión de alto gobierno, liderada por la Vicepresidenta de la República, concertará con las entidades el texto en siete mesas de trabajo, para luego avanzar en el proceso de consulta previa con el pueblo afrocolombiano. El resultado de este proceso será un Decreto Reglamentario Integral concertado que garantice la puesta en marcha del Plan Integral de Implementación de la Ley 70 de 1993.
Durante 2023 y lo corrido de 2024, se ha logrado avanzar en la reglamentación del componente ambiental, el componente minero y el componente de ampliación, saneamiento y protección de los territorios colectivos con los Decretos 1384 de 2023, Decreto 1396 de 2023 y Decreto 0129 de 2024.
Los 25 artículos pendientes en los que avanzará la reglamentación, se organizan en siete ejes fundamentales para la justicia étnico-racial, entre los que se destacan dos principales:
Desarrollo económico y social de las comunidades, que incluye medidas financieras, de infraestructura, asistencia técnica, productividad y comercialización para el desarrollo de las comunidades afrocolombianas. Estas medidas se adoptan en consonancia con los planes de etnodesarrollo, el Plan Integral de Largo Plazo y el plan cuatrienal de desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Protección de la identidad étnica y cultural de las comunidades, que abarca su fortalecimiento organizativo y la creación de condiciones de vida digna, como la vivienda, saneamiento básico y agua potable.
“El decreto reglamentario establece medidas para superar situaciones de racismo estructural que se han hecho visibles en decisiones de Estado a lo largo de la historia, y que han mantenido a las comunidades rurales afrocolombianas en estado de precariedad. También incorpora a la población urbana afrocolombiana, que por razones de conflicto armado y por la necesaria búsqueda de oportunidades hoy en día es el 70 por ciento del pueblo afro”, afirma la vicepresidenta Francia Márquez Mina.
Avances en la reglamentación de la Ley 70
Con este decreto integral, Colombia completa el proceso de reglamentación de esta norma, la conquista legal más importante del pueblo afrocolombiano después de la abolición legal de la esclavitud en 1851.
Entre los principales avances en la reglamentación e implementación de la Ley 70 hasta el momento se destacan los capítulos 3, 4 y 5, que ponen en marcha el derecho del pueblo afrocolombiano sobre los territorios que han habitado de manera ancestral y tradicional, y su derecho de prelación en el uso y explotación de los recursos mineros y forestales, de acuerdo con sus prácticas culturales y productivas.
Con la reglamentación de los capítulos 4 y 5 de la Ley promulgados en 2023; el decreto 129 emitido por el Ministerio de Agricultura en 2024, y el decreto de reglamentación integral en proceso, el Gobierno del Cambio busca garantizar el derecho de la población afrocolombiana al desarrollo económico y social a la luz de su identidad y tradiciones culturales, condiciones esenciales para contribuir a la justicia étnica y racial en Colombia.
