Inicio de sesión

Noticia

El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Política insta a reconocer las violencias ejercidas contra candidatas del país

Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, Santander, Sucre, Quindío, Tolima y Valle del Cauca son los departamentos donde los casos de violencia contra las mujeres en política se han hecho evidentes.

Foto: @ViceColombia - Darwin Torres

​​

Hechos, cifras y contextos de este fenómeno en la actual contienda electoral

  • Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, Santander, Sucre, Quindío, Tolima y Valle del Cauca son los departamentos donde los casos de violencia contra las mujeres en política se han hecho evidentes.
  • Se han identificado en los medios de comunicación, redes sociales y fuentes directas de las campañas 34 casos de violencia contra las mujeres en política
Bogotá, 26 de octubre. En el marco del proceso electoral en curso, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, inició un seguimiento a distintas fuentes que reportan estos hechos que afectan a candidatas e integrantes de campañas y que permiten evidenciar la magnitud de esta forma de violencia en el contexto electoral.

Desde el Observatorio, entre la primera semana de mayo y la primera semana de octubre de este año, se identificaron 34 casos de este tipo, los cuales se dieron a conocer a través de medios de comunicación, redes sociales o por medio de fuentes directas de las campañas. De acuerdo con los datos registrados por medios, se han evidenciado hechos de violencia política en contra de mujeres principalmente en los departamentos de Antioquia (20,6%), Cesar (14,7%) y Sucre (8,8%). En los departamentos de Cauca, Nariño, Quindío, Santander y Córdoba se han detectado hasta dos casos. En los departamentos de Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca se identificó un caso de violencia.

El 44,1% de las mujeres que se han identificado como víctimas de violencia política aspiran a una alcaldía, el 32,4% a una gobernación y el 20,6% aspiran al concejo o asamblea departamental.

En ese sentido, el 88,2% de las mujeres podrían haber sido víctimas de violencia psicológica ejercida a través de amenazas verbales y/o escritas, el 17,6% de las mujeres pudieron haber sido víctimas de violencia física y el 2,9% de violencia sexual. Además, se pudieron reconocer dos casos de asesinatos de candidatas, un atentado y otras manifestaciones que ponen en peligro la vida de los liderazgos femeninos y que generan presión en los mismos para hacer declinar sus candidaturas o eliminarlas de plano de la contienda electoral.

El Observatorio de Violencia contra Mujeres en Política es una iniciativa que reúne organizaciones de la Cooperación Internacional, sociedad civil y entidades del Estado, con el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - (Viceministerio de las mujeres- Ministerio de la Igualdad), su propósito es recopilar información, generar conocimiento y visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres que participan en política y las afectaciones a la democracia colombiana.

El 11,9% de las mujeres fueron víctimas de violencia a través de medios digitales donde recibieron amenazas, intimidaciones y comentarios discriminatorios desde plataformas como X (anteriormente Twitter), Facebook y WhatsApp.

El 44,1% de las mujeres que dieron a conocer su caso de violencia no identificaron de dónde provenía. Por su parte, el 23,5% afirmó que provenía de grupos al margen de la ley, el 11,8% declaró que fue provocado por funcionarios(as) que hacían parte del gobierno municipal o nacional y el 8,8% declaró que provenía de otros grupos políticos. Asimismo, en algunos casos se lograron identificar los lugares específicos de los hechos, los cuales corresponden a plazas y vías públicas, y redes sociales.

El 58.8% de las mujeres afectadas por esta violencia han dado a conocer a la opinión pública sus casos, a través de las redes sociales y medios de comunicación. Adicionalmente, han denunciado ante entidades como la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional, con el objetivo de tener garantías para continuar con su ejercicio político.

En dos de los casos registrados, las candidatas fueron asesinadas, una candidata al Concejo en Jamundí, (Valle del Cauca) por el Partido Liberal y otra candidata al Concejo de Mutatá, (Antioquia) por la agrupación Gente en Movimiento. Por otro lado, las violencias ejercidas en estas elecciones generaron que en Valledupar una mujer indígena y defensora de derechos humanos declinara su candidatura al Concejo por el Movimiento Alternativo y Social MAIS. Es así como el silenciamiento de estas candidaturas impacta directamente los proyectos políticos y colectivos de las comunidades.

Ahora bien, dentro de la población de mujeres afectadas por las conductas de violencia en su ejercicio político, se identificaron dos mujeres afro, dos mujeres víctimas del conflicto armado y una mujer indígena.

Por lo anterior, desde el Observatorio de Violencia contra Mujeres en Política y desde las entidades que suscriben este boletín, se hace un llamado público para visibilizar y evitar la normalización de las violencias basadas en género que están afectando los liderazgos políticos de las mujeres y sus posibilidades de acceder a los cargos que se elegirán el próximo 29 de octubre.

Asimismo, el Observatorio invita a las entidades competentes para recibir denuncias a avanzar en el registro diferencial de esta forma de violencia que afecta la vida y los derechos políticos de las mujeres, y a los medios de comunicación para visibilizar estos actos de violencia y discriminación sin caer en la reproducción de estereotipos y rechazando los mismos, con un cubrimiento más asertivo y detallado.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política hace un llamado a NO seguir normalizando este fenómeno, como una forma de exclusión, pues se está vulnerando el derecho a la participación de las mujeres.