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De acuerdo con los decretos 850 de 2018 y 1874 de 2022, la Vicepresidencia preside la “Comisión Intersectorial de Alto Nivel para la Protección Inmediata de las Comunidades Afrodescendientes y los Pueblos Indígenas Awá y Eperara-Siapidara que habitan el pacífico nariñense”.
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La Misión se desarrolló entre los días 4 y 10 de mayo, con el objetivo de garantizar la atención humanitaria inmediata a la población étnica en situación de desplazamiento forzado que se asentó en los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Olaya Herrera y Magüí Payán.
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2024 (@ViceColombia).
Cumpliendo con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional de articular acciones para responder de manera urgente a las crisis humanitarias que afectan a los pueblos étnicos del Pacífico Nariñense, y como respuesta a la delicada situación de emergencia que viene atravesando el Pacífico Nariñense por cuenta del conflicto armado, desplazamientos masivos y confinamientos, lo que ha desbordado las capacidades de las alcaldías para la atención humanitaria inmediata, el Grupo de Seguimiento al Auto 620 de 2017 de la Vicepresidencia de la Republica coordinó una Misión interinstitucional para acompañar a las entidades territoriales y atender de manera inmediata la situación.
Esta Misión implicó, en primera instancia, realizar acompañamiento a las alcaldías de los diferentes municipios del Pacífico Nariñense con el fin de fortalecer los escenarios institucionales de respuesta a las afectaciones derivadas del conflicto armado. En ese sentido, se acompañó a los Comités Territoriales de Justicia Transicional para identificar a las comunidades víctimas, los puntos críticos de atención y las necesidades a ser atendidas.
Posteriormente, la Vicepresidencia coordinó a diferentes entidades del Gobierno Nacional y departamental para articular la implementación de acciones encaminadas a garantizar en lo inmediato los derechos a la alimentación, salud y educación de la población en condición desplazamiento asentada en los municipios de Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Olaya Herrera y Magüí Payán. Además, durante la Misión se establecieron rutas para fortalecer las capacidades de las alcaldías en la protección de las comunidades; atención a las víctimas; prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; desminado de emergencia; entre otros.
Como resultado de esta coordinación interinstitucional, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV entregó 7 toneladas de kits con alimentos y hábitat a 113 familias en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé; 14 toneladas de kits de alimentos y aseo a 229 familias en el municipio de El Charco y dos kits de albergue a la alcaldía municipal; y 60 toneladas de kits de alimentos y aseo a 1143 familias en el municipio de Olaya Herrera, además de tres kits de albergue a la alcaldía municipal.
Adicionalmente, en el marco de esta Misión, profesionales de la UARIV atendieron a población víctima en la perspectiva de garantizar sus derechos en procesos de indemnización y ayudas humanitarias; documentar casos de homicidios, desapariciones, lesiones personales y atentados; y para la toma y subsanación de declaraciones, y acciones relacionadas con el Registro Único de Víctimas.
Asimismo, el Instituto Departamental de Salud de Nariño desarrolló jornadas de vacunación contra la influenza y COVID-19, y realizó valoraciones médicas a niños, niñas y población vulnerable. A la vez que se verificaron las condiciones sanitarias de los albergues y se establecieron rutas de atención en salud en emergencia.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional realizó recorridos a los distintos albergues y recolectó información correspondiente a las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas para los niños, niñas y adolescentes en condición de desplazamiento, en la perspectiva de avanzar en las articulaciones y trámites correspondientes para mejorar las condiciones a que haya lugar en el marco de las condiciones de emergencia humanitaria. Asimismo, recibieron las inquietudes y solicitudes de las comunidades respecto a la calidad de la educación, infraestructura educativa, transporte escolar y planta docente, de manera que se pueda garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y en clave de prevención del reclutamiento.
De igual manera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementó su estrategia de Unidades Móviles y complementaron las acciones de atención humanitaria para la población entre 0 y 14 años en condición de desplazamiento. En la Misión, el ICBF participó con personal directivo, tanto del nivel nacional como departamental, con el propósito de obtener información que les permita mejorar su oferta institucional a la luz de las particularidades territoriales y las dinámicas actuales de crisis social, económica y de conflicto armado. En ese sentido, recorrieron los albergues y sostuvieron reuniones con población líder, autoridades étnico-territoriales e integrantes del equipo de gobierno de cada uno de los municipios.
De parte de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, se tomaron solicitudes necesarias para avanzar en trámites relacionados con el fortalecimiento organizativo de los diferentes Consejos Comunitarios de la región. Asimismo, se recogió información sobre procesos relacionados con el funcionamiento del sistema educativo y de salud en los territorios colectivos, en la perspectiva de acompañar las solicitudes de mejora que se vienen realizando por parte de las autoridades étnico-territoriales en diferentes espacios con el Gobierno nacional, departamental y municipal.
Por último, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos avanzó en la articulación con las alcaldías y las autoridades étnico-territoriales y población líder de las comunidades para socializar el nuevo programa de sustitución de economías ilegalizadas en territorios no PNIS e iniciar la ruta correspondiente. Esto, en clave de soberanía y seguridad alimentaria.
Vale destacar que, previamente, en el mes de marzo del presente año, la Vicepresidencia de la República con la Gobernación de Nariño hizo la entrega de 2000 kits de alimentos y con la UARIV 1195 kits de alimentación y aseo para las familias en situación de desplazamiento forzada albergadas el municipio de Magüí Payán.
