-
En la Asamblea Interétnica e Intercultural realizada este domingo en Santander de Quilichao, liderada por la Vicepresidenta Francia Márquez, se acordó repartir por mitades la finca “Canaima”, ubicada en Caloto, entre las comunidades indígenas del Resguardo Huellas y las comunidades negras de los Consejo Comunitarios Cuenca Río La Quebrada, Yarumito, Santafro y Pandao.
Santander de Quilichao, Cauca, 9 de octubre de 2023 (@ViceColombia)
Este fin de semana, en Santander Quilichao, las comunidades indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca ratificaron un acuerdo político organizativo con el fin de abrir paso a la Reforma Agraria Integral en la región, eje de los acuerdos de paz de 2016 y del gobierno del presidente Gustavo Petro. Un hecho histórico liderado por la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, que le abre paso a la convivencia pacífica y la construcción de nación a partir del reconocimiento de diferencias culturales e históricas y de los derechos territoriales.
Fue a partir de la Constitución de 1991 que se reconocieron los derechos territoriales de los indígenas y de los negros, catalogados como grupos étnicos con política diferencial. Fue entonces cuando se inició un proceso de adjudicación de tierras que generó tres problemáticas claves, como lo reseña la historiadora de la Javeriana Daniela López Gómez: 1) la adjudicación por parte del Estado de tierras ya ocupadas; 2) la reclamación de las comunidades étnicas por territorios que consideraban suyos, pero que estaban ocupados por otro grupo étnico o por campesinos; 3) la reclamación de territorios ocupados por economías ilegales o por grupos armados ilegales.
De esta manera confluyeron diferentes actores, con el consecuente encuentro y choque entre nociones ancestrales diversas en torno a la pertenencia del territorio, lo que en ciertos momentos llegó a intensificar los conflictos interétnicos en regiones como el norte del Cauca o el Chocó.
En el acuerdo refrendado en Santander de Quilichao, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN), asumen y aceptan que los actuales problemas territoriales son el resultado de la expropiación histórica a que han sido sometidos, al desconocimiento de sus derechos, a políticas y leyes asimétricas y a usos ambientales inadecuados.
Sin embargo, en el documento, afros e indígenas recalcan que esos problemas serán resueltos entre las mismas comunidades, autoridades y procesos organizativos de manera dialogada, pacífica y sin intervención de terceros, reconociendo también el llamado que se les viene haciendo desde el Gobierno Nacional para encontrar alternativas que viabilicen el avance de la Reforma Agraria Integral en la región y allanar las condiciones que faciliten su desarrollo.
Pasando del papel a la realidad, el acuerdo establece que la hacienda “Canaima”, ubicada en el municipio de Caloto, será compartida en un 50% para las comunidades indígenas del Resguardo Huellas y 50% para las comunidades negras de los Consejo Comunitarios Cuenca Río La Quebrada, Yarumito, Santafro y Pandao. Las partes garantizarán el acceso al agua, a todas las servidumbres y el derecho a la movilidad.
Por su parte, el Gobierno se compromete a identificar y comprar los predios que sean necesarios, garantizar la equidad entre ambas comunidades y comprar una finca con un número de hectáreas y condiciones iguales a las de La Emperatriz, símbolo de la lucha de las comunidades indígenas en el norte del Cauca, para ser asignada a las comunidades negras. El acuerdo aplica solo para esta oportunidad y no rige para los demás predios en los que hay pretensiones de las partes.
Sin duda, este paso histórico abre la puerta a implementar diálogos en otros casos. El objetivo es establecer los criterios y la forma en que se determinará la división de los predios, conforme a los que acuerden las respectivas comunidades, autoridades y organizaciones.
Finalmente, el acuerdo señala que las tierras que se titulen, tanto a afros como a indígenas, deben estar dedicadas a garantizar la seguridad y autonomía alimentaria de las comunidades. Tanto la ACIN, como ACONC y PCN se comprometieron a hacer propuestas para que esa entrega de tierras esté acompañada de proyecto que aseguren dicha autonomía alimentaria, al igual que la transformación y comercialización de los productos agrícolas, con el acompañamiento y apoyo del Estado.
Como lo dijo la Vicepresidenta Francia Márquez, con este acuerdo ganan “el pueblo indígena, el pueblo afro, la región, el departamento del Cauca y está ganando Colombia en esa construcción de paz desde el territorio”.
