Vicepresidente Santos denuncia inequidad en la valoración del estado de los derechos humanos en Colombia
- En el Segmento de Alto Nivel del Consejo de DD.HH., celebrado este lunes en el Palacio de las Naciones, el Vicepresidente calificó como injustas e infundadas las críticas que organizaciones y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos formulan al proceso de justicia y paz. Expresó que la apertura del Estado y el país a la comunidad internacional debe ser respondida con análisis objetivos.
Ginebra (Suiza) 1 mar.
El Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, expresó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su preocupación por los estándares diferentes con los cuales se miden y evalúan las realidades, los hechos y los procesos en materia de Derechos Humanos.
“Pareciera que primero se mirara a cuál país se examina antes que la realidad sobre la cual se va a hacer un juicio, una apreciación o un informe”, dijo.
En el segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos, que se realizó este lunes en el Palacio de la Naciones en Ginebra (Suiza), el funcionario manifestó al respecto que en su parecer son injustas e infundadas las críticas que organizaciones y personas vinculadas a la defensa de los DD.HH. formulan al proceso de justicia y paz.
“Gracias a la Ley de Justicia y Paz hoy se encuentran en proceso de verificación 34.377 homicidios, 1.148 masacres, 1.520 casos de reclutamiento de menores, 2.786 desapariciones forzadas, 3.607 casos de desplazamiento forzado, 297 casos de tortura, 34 casos de violencia sexual y 1.123 secuestros sobre los cuales los paramilitares han asumido su responsabilidad en las versiones libres. Más de 17 mil de estos casos ya están totalmente esclarecidos, sabemos cómo ocurrieron y quiénes son los culpables, lo cual habría sido imposible sin un instrumento como la Ley de Justicia y Paz”.
El Vicepresidente expresó que la apertura del Estado y el país a la comunidad internacional debe ser respondida con análisis objetivos y valoraciones que correspondan a la realidad. “Informes realizados con independencia, pero también con imparcialidad y objetividad”, agregó.
Dijo que la mayoría de los informes sobre Colombia sostienen que la Ley de Justicia y Paz no se ajusta a estándares internacionales; que hasta hoy no se ha proferido una condena a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos; que el derecho a la verdad a las víctimas se está desconociendo, además, como política estatal; se pide que se reforme la Ley o que se apruebe otra lo cual carece de fundamento.
Santos subrayó que de acuerdo con una publicación de Paul Van Zyl, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia utilizó 500 millones de dólares durante 18 años y ha logrado menos de 20 condenas definitivas. En el Tribunal Penal establecido para Ruanda se invirtieron 700 millones de dólares durante 7 años y produjo 10 condenas. Los Tribunales de Sierra Leona y Timor Oriental han proferido un promedio de 30 condenas cada uno.
“Colombia tiene todo el derecho a preguntarse: ¿de cuáles estándares internacionales nos están hablando? Me parece que lo justo sería proponer nuestra experiencia como ejemplo internacional. Tenemos en proceso de imputación de cargos para condena a 195 procesados, entre ellos 90 por ciento de los máximos comandantes de las AUC, acusados por 16.776 crímenes. En 2009 destinamos 100 millones de dólares para reparaciones que beneficiaron a 26.300 personas pertenecientes a 10.593 familias. En 2010 esta cifra ascenderá a 150 millones de dólares que beneficiarán a 39 mil personas de 15 mil familias”, afirmó.
Según el funcionario, también es una manifestación de dobles estándares que las personas que abogan por negar a la economía legal de Colombia y a la ciudadanía que trabaja pacíficamente, un Tratado de Libre Comercio, sean las mismas que firman o apoyan tratados comerciales con países cuestionados por la garantía de las libertades y los derechos humanos. Expresó que negarle a Colombia la posibilidad de integrarse comercialmente al mundo, equivale a fortalecer la economía ilegal, la informalidad y la violencia. “Quienes promueven esa posición impulsan esos fenómenos, en detrimento del bienestar de nuestra población”.
Así mismo, mencionó la relación que existe entre tráfico de armas, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Dijo que los grupos armados ilegales han crecido y se fortalecen en Colombia por las importantes utilidades que obtienen del narcotráfico.
“Compran con toda facilidad armas que producen países amigos y aliados en la defensa de los derechos humanos. Esto se llama doble moral. Las características de la peor crisis económica y financiera que padeció el mundo desde la gran depresión nos enseñó con sangre que esto es inadmisible. Fortalecer en serio la lucha por el control de precursores químicos, de armas ligeras, de narcóticos y de los capitales ligados a estos negocios es imperativo e inaplazable”, puntualizó.