Palabras del Vicepresidente Francisco Santos Calderón en la Rendición de Cuentas del Gobierno
Cuando iniciamos este proyecto de devolverle el país a los ciudadanos hace 8 años, usted señor Presidente me encomendó el Programa Presidencial de Derechos Humanos y el Programa Presidencial de lucha contra la corrupción. Más adelante se creó el programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y en 2006 me encomendó el Colombia Joven.
Quiero comenzar por contarles los resultados y retos en Derechos Humanos (DDHH).
Hace ocho años, cuando fui por primera vez a la OIT en Ginebra Suiza, me sentaron al lado de la delegación de Myanmar, un país que mantiene hace más de una década detenida y aislada a su premio Nobel de paz y que tiene acusaciones de trabajo forzado de niños. Así nos veían. Me sentí indignado por Colombia, por mis conciudadanos, por la injusticia con que nos trataban. Era igual en el escenario de los Derechos Humanos. Nos veían como un país de asesinos. Como una dictadura. Como los peores violadores de los Derechos Humanos. Ahora hay una visión sobre Colombia radicalmente distinta, tanto en los países como en los organismos internacionales. No es sino comparar los informes de estas organizaciones del 2002 con los del 2010. De parias del mundo pasamos a ser ejemplo de cooperación. De violadores sistemáticos pasamos a ser país en progreso. Ese cambio de percepción es un avance inmenso que no podemos perder porque no se hizo sobre la base de ‘carreta’ sino de resultados.
Ningún Gobierno hasta hoy ha tenido tantos resultados en Derechos Humanos como este. Los otros pueden jactarse de la retórica, de los pronunciamientos o de leyes, decretos y directivas que eran puro formalismo. Lo nuestro fue sencillo: menos declaraciones y más hechos concretos. El principal logro es de la Política de Seguridad Democrática: la reducción de todos los índices de violencia. Proteger la vida y la libertad de los ciudadanos es la mejor política posible de defensa de los Derechos Humanos.
- En el 2002 tuvimos 2.882 secuestros. En el 2009 fueron 213 y hasta junio de este año van 118.
- En 2002 asesinaron a 11 periodistas, en el 2009, 2 y este año, uno.
- De 28.837 homicidios en el 2002 pasamos a 15.817 el año pasado. A junio la cifra es de 7.356.
- De 115 a 29 masacres. Llevamos 10 hasta mayo.
Pasamos de 80 Concejales asesinados a 9 y en este año han sucedido 5 crímenes hasta el mes pasado.
Y el desplazamiento pasó de 446.668 personas a 285.946. Hasta mayo de este año se había producido el desplazamiento de 78.078.
Encontramos una Colombia asediada por la violencia. Sumida en la desesperanza y arrinconada por el pánico. Hoy, gracias a su gestión de Gobierno, tenemos un país en el cual la gente recobró su derecho a la vida y a la libertad. Sin ello no hay garantías o derechos.
En estos ocho años, comprometimos a las instituciones en la garantía y protección de Derechos Humanos. Creamos un Comité interinstitucional de alertas tempranas que sirvió para prevenir y evitar situaciones críticas y que salvó la vida de muchos colombianos. Con el Ministerio del Interior y de Justicia concertamos y promulgamos 26 planes departamentales y más de 400 municipales en Derechos Humanos. Y hoy la Política de Seguridad Democrática, la doctrina militar y el Ministerio de Defensa tienen definida y establecida una Política de Derechos Humanos.
Trabajamos en el terreno todos los días. Y nunca le hemos huido al esfuerzo ni al costo de arreglar las cosas que están mal. Por ejemplo, el doloroso tema de falsos positivos. Era un problema que venía de antes y nadie le daba solución. Bajo su dirección Presidente nosotros lo encaramos, concertamos las soluciones con el entonces ministro Juan Manuel Santos y se tomaron correctivos y decisiones frente a la fuerza y frente a miembros de los más altos grados sin escatimar costo político. Hasta el momento hay 227 condenados, hay 33 con sentencia absolutoria y 691 personas en juicio por este caso. Hay 281 abstenciones de medida de aseguramiento y 185 preclusiones cifras hasta marzo 10. Pero además se diseñaron todos los controles institucionales que han hecho que las reglas de enfrentamiento sean parte de la doctrina y que hoy el mundo reconoce que el problema se solucionó. Tenemos unas Fuerzas Armadas comprometidas con los Derechos Humanos, gracias a lo cual gozan hoy de tan alto nivel de credibilidad.
Y otro tema muy sensible: los sindicalistas. En 2002 asesinaron a 196 sindicalistas. En el año 2009, 28 y a junio llevamos 15 asesinatos. Los avances son enormes. En la OIT hace ocho años éramos los asesinos de sindicalistas. Hoy, de acuerdo con el reporte de la última visita de Contactos de octubre, somos un país en progreso que está logrando superar sus problemas laborales de manera importante. El mejor reconocimiento a la tarea adelantada en estos ocho años por el Gobierno es que la (OIT) decidió en 2010 excluir a Colombia de la "lista negra" de países sancionados.
La impunidad era un tema por el cual nos fustigaban en todas partes. Mediante el Conpes 3411, promulgamos una política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos. Fortalecimos la capacidad del Estado colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción.
Destinamos un importante presupuesto a la Justicia para crear Subunidades especiales dedicadas a investigar violaciones de derechos contra sindicalistas y casos de fuerza pública. Fue gracias a ello, que los colombianos y la comunidad internacional vimos por fin importantes resultados en la acción judicial por violaciones de Derechos Humanos. Por ejemplo, en casos de violación de derechos de Sindicalistas mientras en el 2002 teníamos una sentencia hoy tenemos 264 sentencias con 367 personas condenadas (hasta abril 15).
Durante estos ocho años en la Vicepresidencia, hicimos de la mano con la Cancillería, la diplomacia del país en DDHH. Una diplomacia basada en cooperación, diálogo y apertura a organizaciones y gobiernos. Hemos mantenido una política de puertas abiertas al escrutinio de la comunidad internacional. Acumulamos a lo largo del Gobierno, 41 visitas de procedimientos especiales u órganos internacionales. Desde 2002 recibimos a todos los relatores que quieran venir.
Nuestro país se presentó en forma voluntaria al Examen Periódico Universal y realizamos un seguimiento constante y efectivo a 133 recomendaciones o compromisos voluntarios. Aceptamos el monitoreo de la Resolución 1612 por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (niños en conflicto) y conformamos el G-24 con 39 embajadas acreditadas en Colombia y organizaciones de la sociedad civil. Mantuvimos durante estos ocho años diálogo bilateral sobre Derechos Humanos con la Unión Europea, Canadá y España. Y por decisión suya, Presidente, extendimos voluntariamente la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante los ocho años de su Gobierno.
No hay Gobierno, Comisión Parlamentaria u ONG que pueda decir no hubiera tenido las puertas abiertas al debate y la discusión con nosotros durante estos ocho años.
Como pueden ver, son logros importantes. Pero siguen retos inmensos para generalizar el respeto por los Derechos Humanos en Colombia y para fortalecer la capacidad del Estado para garantizarlos y protegerlos. En Colombia, hay problemas de Derechos Humanos, pero hay más resultados y compromiso del Gobierno, que fracasos en el pasado reciente. Varios retos, una cultura generalizada de respeto a los DD.HH.
Otro, poner fin a la politización y polarización de posiciones entre los actores especializados del tema. Mi experiencia de ocho años inmerso en este mundo tan complejo de los Derechos Humanos, tanto en Colombia como en el exterior, me enseñó que aunque hay gente que trabaja muy seriamente, en general falta transparencia y una aproximación más honesta al tema. Hay actores que por radicalismo o por mala fe, privilegian el propósito de aislar políticamente al Gobierno sobre la objetividad para reconocer avances y compartir retos. Eso tiene que cambiar.
En Derechos Humanos nuestro país enfrenta otra grave amenaza: las minas antipersonal. Las han sembrado los grupos armados ilegales en 31 de nuestros 32 departamentos (excepto San Andrés). Son una amenaza grave para población civil. Una amenaza que se podrá extender hasta por varias décadas. Gracias a la acción del Gobierno estamos a la vanguardia en la lucha contra las minas. En estos ocho años visibilizamos el problema y su solución es uno de los temas prioritarios del país.
Logramos fortalecer y financiar el plan de acción integral. Creamos el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y mediante el CONPES 3567 de 2009 se destinaron $153.535 millones para el periodo 2009 – 2012. Realizamos tareas de desminado en 214.752 m2 de áreas minadas por los grupos armados al margen de la Ley y en cumplimiento de la convención de Ottawa destruimos todo el arsenal de minas de las Fuerzas Militares y finalizamos el despeje de 34 de las 35 bases militares con minas antipersonal.
Hoy Colombia está en la vanguardia de respuestas a la crisis de las minas. Por eso nuestro país fue seleccionado como sede de la Segunda Conferencia de examen de la Convención de Ottawa, que se realizó muy exitosamente en Cartagena en 2009.
En 2010, 58% de las víctimas civiles habían accedido a las ayudas humanitarias previstas por el Estado. El reto que sean todas. Y gracias a la acción de la Vicepresidencia los 50 municipios más afectados por minas tienen enlace permanente para Educación en el Riesgo de Minas.
Pero hay algo que quiero destacar especialmente. Estábamos en deuda con los héroes de la patria que son las principales víctimas de minas. Al sufrir discapacidad hoy sólo se los acompaña hasta la rehabilitación física. Muchos son retirados de las filas. Muchos otros caen en las peores formas de pobreza.
Desde la Vicepresidencia hemos impulsado un nuevo modelo y Centro de Rehabilitación Integral para los miembros de la Fuerza Pública - CRI. Logramos la compra del lote y conseguimos 26 mil millones y 10.4 millones de cooperación coreana para los diseños y construcción del CRI. Se trata de pasar a un nuevo modelo de rehabilitación integral inclusiva, que acompañe a nuestros héroes, desde el momento del incidente hasta su reintegración a la sociedad en una actividad productiva.
La Ley de Justicia y Paz constituye otro gran avance en Derechos Humanos y en la lucha contra la impunidad en Colombia. Por su enfoque integral, por su compromiso con las víctimas es un proceso sin antecedentes, único en el mundo como me lo dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Ocampo Moreno. La Vicepresidencia organizó y puso en marcha la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Quiero resaltar que los logros de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz son enormes e incuestionables. En cuanto a verdad judicial fueron aclarados 45.000 hechos criminales (16.000 de ellos homicidios). Hay 34.377 homicidios en proceso de verificación, 1.148 masacres, 1.520 casos de reclutamiento de menores, 2.786 desapariciones forzadas, 3.607 casos de desplazamiento forzado, 297 casos de tortura, 34 casos de violencia sexual y 1.123 secuestros.
280.000 víctimas están haciendo sus reclamos. Esto no tiene antecedentes en Justicia y Paz.
Para darles una idea de la magnitud de lo que representa este logro, mencionaría que según una publicación de Paul Van Zyl, vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia utilizó 500 millones de dólares durante 18 años y ha logrado menos de 20 condenas definitivas. En el Tribunal Penal establecido para Ruanda se invirtieron 700 millones de dólares durante 7 años y produjo 10 condenas. Los Tribunales de Sierra Leona y Timor Oriental han proferido un promedio de 30 condenas cada uno.
En cuanto a preparación, en 2009 11.000 familias recibieron reparaciones por $200.000 millones de pesos. En 2010, 15.000 familias recibirán indemnizaciones por $300.000 millones de pesos. Otras 150.000 víctimas han recibido otro tipo de apoyos del Estado. Como también son notables los avances en verdad histórica, con procesos ya definidos en Trujillo, La Rochela, Samaniego, Córdoba; Sucre, Bojayá, India, San Carlos, El Salado y Segovia. Todo gracias a la Ley de Justicia y Paz, modelo mundial que empieza a ser reconocido.
El reto principal en este tema es la restitución de tierras. Los procesos toman muchos años y se necesita un modelo de justicia transicional para este tema. Igualmente la reparación requiere gradualidad y esfuerzos fiscales adicionales.
En nuestro país, los grupos armados ilegales reclutan menores de edad. De acuerdo con lo que hemos estudiado, algunos se vinculan a las armas por la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, falta de oportunidades, o gusto por las armas y los uniformes. Pero otros son reclutados por la fuerza de las armas o a través de amenazas e intimidaciones contra sus familias.
Para fortalecer respuestas a esta problemática en julio de 2007 el Gobierno creó la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de niños que presido. Hoy articula y organiza las acciones que el Estado (nacional y regional) venía adelantando para proteger a los niños de los grupos armados ilegales.
Definimos una política que se implementa a través de siete estrategias con sus respectivas líneas de acción, inicialmente en los 60 municipios que fueron identificados como los más afectados por el problema. Hoy estamos en 114 municipios y 6 localidades de Bogotá. Hemos logrado coordinar y articular distintos y diversos esfuerzos que se hacían en forma aislada o dispersa desde entidades nacionales, organizaciones internacionales y autoridades locales. Logramos dar mayor visibilidad al problema y creamos rutas de reporte de casos y de prevención de reclutamiento.
También identificamos en las entidades territoriales funcionarios y funcionarias que han dedicado su vida a trabajar por los derechos de la niñez para apalancar con ellos los objetivos de la política en todo el país. El gran reto hacia el futuro es ejecutar el CONPES sobre la materia, que debe quedar aprobado en julio de 2010
Si hay algún Gobierno comprometido con la transparencia en el funcionamiento en sus instituciones, la lucha contra la politiquería y la corrupción, es este.
Por orden del Presidente Álvaro Uribe se reformaron 464 entidades de la rama ejecutiva, gracias a lo cual se liberaron cerca de 5.4 puntos del PIB, equivalentes a $25.4 Billones, que pudieron ser destinados a inversión social.
Entre 2002 y 2009 se han reorganizado 244 hospitales públicos, hoy libres de la politiquería y la corrupción, con una inversión de la Nación de $785,8 MM.
Se suprimió Cajanal, fortín de la politiquería, se orientó Caprecom hacia la administración del régimen subsidiado, y se creó Colpensiones, lo que permitirá una administración pulcra y eficiente de los recursos de los pensionados.
Se ha integrado la Base de Datos Única de Afiliados tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, lo que ha permitido reducir la múltiafiliación producto de la corrupción o corruptos con régimen subsidiado que puede y deben pagar contributivo.
Se suprimió Etesa y el control de la ilegalidad en los juegos de suerte y azar lo asumirá la DIAN. 39 empresas de servicios públicos domiciliarios que eran inviables, capturadas por la politiquería y mal administradas, han sido reestructuradas.
Este Gobierno rescató Ecopetrol mediante reformas laboral, pensional y accionaria. Rescató Telecom que en 2002 era inviable y gracias a la acción del Gobierno pasó de pérdidas acumuladas de $1.8 billones a una utilidad acumulada, desde el 2003 hasta el 2009, de $493.000 millones. Se centralizó la información, se vigila la gestión y se exige rendición de cuentas de las 48 entidades cuya liquidación y supresión se ordenó por el Gobierno Nacional desde 2002.
Se logró el cierre definitivo de 43 entidades y se ha logrado un ahorro de aproximadamente $3 billones.
A partir de un proceso piloto que coordino la Vicepresidencia en el año 2002 se extendió la meritocracia a las regionales del Sena, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del entonces Instituto de Seguros Sociales y directores de la CAR. Más de 120 mil cargos públicos se llevaron a carrera administrativa 51 mil cargos a concurso abierto y público. Nombramos cerca de 737 notarios por concurso, en propiedad para 134 notarías más que estaban vacantes. Los profesores ya no se nombran por recomendación política. 53.688 docentes y directivos docentes fueron vinculados por concurso. Y este año, ingresarán otros 25 mil. Todos los créditos del ICETEX se tramitan a través de la página Web, y los créditos se otorgan teniendo en cuenta el alto mérito académico y los escasos recursos económicos.
Se reformó el Sena que tenía más funcionarios administrativos que profesores. Gracias a ese ahorro el SENA pasó de ofrecer 1.142.798 cupos en 2002 a 7.789.946 en 2009. Este Gobierno acabó los auxilios parlamentarios.
En una acción coordinada con el Ministerio de Protección Social logramos 5 Billones de ahorro por freno en reclamaciones en Foncolpuertos y 1.5 Billones de ahorro por ajustes de mesada pensional
Durante estos ocho años hicimos consejos comunales anticorrupción y pactos por la transparencia en todos los departamentos.
En Contratación emitimos el decreto 2170 e impulsamos la Ley 1150 que aumentaron la objetividad y la transparencia en la selección de contratistas para no contratar “a dedo” en las entidades públicas. Se creó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOB), que visibilizo 80 mil procesos, por aproximadamente 19 billones de pesos. En cuanto a acompañamiento precontractual nuestro Programa Presidencial acumula intervención en contratación por más de $3 billones de pesos. Impulsamos Auditorías visibles en 384 proyectos que representan aproximadamente $1,8 billones.
Realizamos también más de de 7.500 subastas o bajastas para determinar precios más bajos en bienes y servicios con un ahorro de 150 mil millones.
La visibilidad de la información es clave en la lucha contra la corrupción. A enero 2010, Colombia es el Nº 1 en Gobierno electrónico en América Latina y el Caribe (entre 33 países) y N° 31 en el mundo (entre 192 países). 100% de las Alcaldías con sitio Web desde 2006. Y logramos un incremento del 642% en los trámites y servicios totalmente en línea lo que elimina intermediación y discrecionalidad.
En 2009 se recibieron y tramitaron 5334 denuncias sobre presuntos actos de corrupción que se trasladaron a la Fiscalía y a los organismos de control. El reto justicia, justicia y más justicia.
Recibimos en 2006 Colombia Joven. En ese programa activamos la Comisión Intersectorial de Juventud y consolidamos la estructura y las funciones del Sistema Nacional de Juventud. Organizamos la oferta pública y privada para Jóvenes a través de un portal con geo-referenciación. En este que está declarado por la ONU el Año Internacional de la Juventud, fortalecimos los Consejos de Juventud y las plataformas para Jóvenes. Y tenemos 17.000 jóvenes en Golombiao, “el juego de la paz”.
La Vicepresidencia aplicó exitosamente durante estos ocho años su rol de ente concertador. Me correspondió presidir las siguientes Comisiones Intersectoriales: Políticas y Gestión de información y la administración pública COINFO, Derechos Humanos, Minas, Juventud, Prevención Reclutamiento, Exposhangai, Comisión Colombiana del Espacio y la Comisión Colombiana del Océano. Usted, Presidente, me encomendó numerosas misiones internacionales para fomentar la inversión y la imagen del país.
Logramos que Colombia fuera sede de la Asamblea Mundial de la OMT en 2007., se la sacamos del “bolsillo” a Malasia. Hicimos la campaña Responsabilidad Compartida para crear conciencia acerca de la depredación ambiental que produce el consumo de drogas.
En la Comisión Colombiana del Espacio formulamos la Política Espacial y plan de acción 2007-1010. Y dimos impulso al Satélite de observación de la Tierra, que será un gran instrumento científico y de control del territorio. Dos ejemplos: Parques y las CAR. El reto, tenerlo en el espacio en el 2012.
En la Comisión Colombiana del Océano formulamos la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros y plan de Acción. Diseñamos toda la acción de prevención y reacción en Tsunami para nuestra Costa Pacífica y construimos el más moderno centro de detección. Queda como Reto principal la Ley de costas.
La Vicepresidencia trabajó activamente a favor de la Población Afrocolombiana. Creamos la Comisión Intersectorial. Realizamos 18 foros regionales con comunidad desde Tumaco hasta San Andrés y logramos la formulación del CONPES 3660 del 10 de Mayo de 2010, que se ocupa del lucha contra el racismo y mejoramiento de oportunidades de educación y generación de ingresos. El reto principal es dar seguimiento al CONPES y plasmar sus orientaciones en una Ley.
Desde la Vicepresidencia nos empeñamos también en la promoción de la producción audiovisual extranjera en Colombia. Realizamos una importante gestión para que se filmara en Cartagena la película “El Amor en los tiempos del cólera”, en el año 2006, la cual dejó 15 millones de dólares para Colombia. Con base en las lecciones aprendidas de esa experiencia logramos la formulación del documento Conpes 3462 del 12 de marzo de 2007 sobre lineamientos para el fortalecimiento de la cinematografía en Colombia. Creamos en el 2007 la Comisión Fílmica, encargada de promocionar a Colombia en el extranjero como locación de producciones internacionales. En ese nuevo marco logramos la filmación de series de televisión por parte de FOX y SONY como Mental.
Señor Presidente, Usted me pidió en los juegos centroamericanos que nos presentaremos para el Mundial del 2014. Hicimos tan buena tarea, y quiero felicitar a una pieza la clave la embajadora en Suiza de entonces la doctora Claudia Jiménez, que logramos la sede del campeonato Mundial de Futbol Sub-20 2011. Es el tercer evento deportivo más importante del mundo después del mundial de mayores y las olimpiadas.
Hay ocho ciudades postuladas para sub sedes y sus estadios quedarán modernizados de acuerdo con las exigencias de la FIFA. Bajo el concepto de todos ponen, la inversión de 140 mil millones de pesos fue por mitades. La Nación puso la mitad y los municipios y departamentos la otra.
Otro proyecto cercano a mi corazón. La recuperación del centro histórico de Santa Marta. Proyecto diseñado hace más de 20 años que desempolvamos en un momento crítico de la ciudad, lo sacamos adelante con 22 mil millones del Gobierno nacional y se convirtió en catalizador de esperanza que hoy tiene a esa ciudad como una de las más dinámicas del país.
Siento esta Guajira mágica, hermosa y misteriosa como mi propia tierra. Aquí dejo una parte grande de mi corazón. La Vicepresidencia se comprometió a fondo con el desarrollo social de la alta Guajira. Actualmente se están ejecutando en esta zona del país 39 proyectos, por valor de más de 75 mil millones de pesos, una inversión social sin precedentes para suministro de agua, tecnologías de la información y la comunicación, generación de energía, identificación, salud y educación. El reto principal es iiniciar el proyecto de interconexión de las comunidades de Cabo de la Vela, Media Luna, municipio de Uribía.
Estos son los aspectos más importantes de la tarea cumplida en estos ocho años en los cuales tuve el gusto y el honor de ser el Vicepresidente de los colombianos y su fiel escudero señor Presidente. Mil gracias.