Discurso del Vicepresidente de Colombia, Doctor Francisco Santos Calderón, en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos
Ginebra, marzo 1 de 2010.
Señor Presidente
Señora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos
Señores Representantes de los países Miembros del Consejo y representantes de países observadores
Señores funcionarios de Naciones Unidas, titulares de mandatos y de mecanismos especiales,
Señoras y señores representantes de la sociedad civil
Concurro por octava vez consecutiva a esta Asamblea, en nombre de un Gobierno que tiene en los derechos humanos el fundamento de su política, la base de sus convicciones democráticas y la prioridad de su gestión.
Aquí estamos, ratificando de nuevo el compromiso de Colombia con los sistemas internacionales de derechos humanos y la apertura de nuestro país al escrutinio y a la cooperación internacional y de la sociedad civil.
Son numerosos y muy importantes los logros del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe en materia de derechos humanos. El primero es consolidar un Estado comprometido con la garantía y protección de los derechos humanos. Veníamos de una realidad en la que abundaban las firmas de compromisos y las declaraciones pero escaseaban las acciones y eficacia de las políticas. Paramilitares y guerrilleros actuaban en vastas extensiones de nuestro territorio con su secuela de masacres, extorsiones, secuestros, asesinatos. La respuesta del estado era abandonar el territorio para proteger sus efectivos por lo cual quedaba desprotegida la población.
Hoy, tras casi 8 años de un gobierno democrático y eficiente, todas las instituciones del estado se encuentran comprometidas con la prevención de las violaciones de los derechos humanos. Nuestro compromiso, nuestras acciones, nuestras iniciativas, nuestro apego a los principios internacionales de derechos humanos, a la Declaración Universal y a las obligaciones de Colombia en esta materia van más allá del próximo 7 de agosto cuando terminará nuestro mandato. En medio de una situación de violencia que plantea enormes desafíos, contamos con una sólida institucionalidad de derechos humanos, que desarrolla políticas y ofrece al Estado y a los ciudadanos mecanismos eficaces para avanzar en la garantía de derechos.
La seguridad democrática cambió radicalmente la realidad de Colombia. Enfrentábamos la más grande amenaza violenta y criminal contra las instituciones y la sociedad, alimentada por miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico. El estado había perdido el control de una gran parte del territorio. Recuperamos la seguridad y la confianza, con base en esa política de seguridad fuerte, contundente, integral, cuidadosa de los derechos humanos. Una política que tiene como objetivo garantizar el ejercicio de derechos y libertades en todo el territorio. Una política que enfrenta con eficacia retos de tanta magnitud, sin suspender ninguna garantía constitucional y que ha fortalecido las instituciones del Estado. En Colombia combatimos la violencia de la mano de la Constitución, las leyes, los principios del Estado democrático y con el respaldo de la ciudadanía. Hoy, el pueblo colombiano siente que la violencia está derrotada aunque no extinguida y que los paramilitares que asolaban campos y ciudades tienen a sus principales jefes en la cárcel y sus crímenes en proceso de esclarecimiento y reparación.
Ustedes saben que el nuestro es un país abierto a la comunidad internacional. En 2003 formulamos una invitación a todos los mecanismos del Sistema. Colombia cuenta con una Oficina de la Alta Comisionada desde hace 13 años. Hemos recibido 41 visitas de procedimientos especiales o convencionales de Naciones Unidas, del Sistema Inter americano y de la OIT. Nos presentamos voluntariamente al Examen Periódico Universal y hacemos seguimiento público de las 133 recomendaciones y compromisos voluntarios. Aceptamos el monitoreo establecido en la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Establecimos un grupo de trabajo con 39 Embajadas acreditadas en Colombia y con la sociedad civil para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos. La OIT cuenta con una Oficina en Colombia. Mantenemos diálogos bilaterales sobre derechos humanos con la Unión Europea, Canadá, y España. Próximamente lo formalizaremos con Noruega. Remitimos cumplidamente Informes a los órganos de tratados y tenemos una política de total apertura a miembros de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos extranjeros.
Enfrentamos problemas muy graves relacionados con derechos humanos, pero también hemos logrado los mejores resultados durante estos años en temas como la protección de sindicalistas y líderes sociales, el desmonte del paramilitarismo, la disminución sin antecedentes de delitos como el asesinato de personas fuera de combate por parte de la fuerza pública, la extralimitación de funciones de los organismos de inteligencia, la vinculación de servidores públicos con grupos armados ilegales. Desmovilizamos más de 50 mil hombres en armas a través de un proceso único en el mundo, que integra verdad, justicia y reparación en beneficio de más de 280.000 víctimas. Atendemos a 3 millones de desplazados. Y damos protección a la población indígena y afrocolombianas en una tercera parte del territorio.
La vida. La Libertad. La seguridad de los colombianos son nuestra obsesión. El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe logró la más importante reducción en las violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país. En el año 2002 tuvimos 28.775 muertes violentas. En 2009 15.817. Pasamos de 115 masacres a 29. De 196 asesinatos de sindicalistas a 28. De 2.882 secuestros a 213. De 436.875 desplazados a 111.414. De 1645 actos terroristas a 307. Durante el mismo período 52.000 personas abandonaron las armas, 3.000 de ellos menores de edad. 17.700 de ellos eran miembros de grupos guerrilleros.
Este es el resultado de un gran trabajo del Gobierno, de nuestras instituciones, de todas las ramas del poder público. De un equipo de trabajo en la Presidencia, Consejerías, Ministerios y regiones que me enorgullece liderar y que ha demostrado compromiso y capacidad.
Mi experiencia de estos 8 años a cargo del tema también me enseñó que nos quedan grandes retos por superar en Derechos Humanos. Tenemos que fortalecer la eficacia y capacidad de las instituciones. Superar la impunidad. Cumplir todos los objetivos de la Ley de Justicia y Paz. Esclarecer las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos. Superar la discriminación racial, de género y por tendencia sexual. Nuestro Estado debe lograr más eficacia en la protección de indígenas y afro colombianos; reducir la pobreza; convertir el empleo informal en empleo digno; restituir las tierras violentamente expropiadas y evidenciar la verdad de 50 años de violencia.
Valoramos enormemente el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, sus órganos y sus mecanismos. De manera respetuosa quisiera hacer algunas referencias a nuestras percepciones sobre el relacionamiento de Colombia con el Sistema Internacional y al proceso de balance que se desarrolla en este Consejo de Derechos Humanos.
Consideramos que la apertura del estado y el país a la comunidad internacional debe ser respondida con análisis objetivos y valoraciones que correspondan a la realidad. Informes realizados con independencia, pero también con imparcialidad y objetividad. Por ello nos preocupan los estándares diferentes con los cuales se miden y evalúan las realidades, los hechos y los procesos. Pareciera que primero se mirara a cuál país se examina antes que la realidad sobre la cual se va a hacer un juicio, una apreciación o un informe. Para ilustrarlo basta un ejemplo:
La mayoría de los informes sobre Colombia sostienen que la Ley de Justicia y Paz no se ajusta a estándares internacionales; que hasta hoy no se ha proferido una condena a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos; que el derecho a la verdad a las víctimas se está desconociendo, además, como política estatal; se pide que se reforme la Ley o que se apruebe otra. Cuando presentamos el Examen Periódico Universal, de manera voluntaria adquirimos el compromiso de acelerar la aplicación de esta Ley. Pero quienes hacen estas aseveraciones se olvidan de que en el proceso de Justicia y Paz 280.000 víctimas están haciendo sus reclamos, 46.000 de ellas han participado en las diligencias judiciales de los desmovilizados y éstas víctimas han aportado 25.500 preguntas a los Fiscales para interrogar a los sometidos a la Ley.
Reconozco el compromiso de todos Ustedes, y de lo que representan, con los derechos de las víctimas y sé que obran de buena fe cuando aprueban esas aseveraciones que estoy cuestionando. Quisiera que también tuvieran en cuenta que en el proceso de Justicia y Paz en Colombia, los Fiscales y sus equipos trabajan por documentar todos los crímenes cometidos por los bloques de paramilitares que se han sometido a la Ley. Han revisado 300.000 expedientes, archivos de prensa, informes de organizaciones no gubernamentales y entrevistado a decenas de miles de víctimas. Cuando un desmovilizado hace una versión libre, se inicia un proceso de verificación y luego se confronta al desmovilizado con el resultado de las averiguaciones para esclarecer las circunstancias totales en que sucedieron los hechos.
Hoy se encuentran en proceso de verificación 34.377 homicidios, 1.148 masacres, 1.520 casos de reclutamiento de menores, 2.786 desapariciones forzadas, 3.607 casos de desplazamiento forzado, 297 casos de tortura, 34 casos de violencia sexual y 1.123 secuestros sobre los cuales los paramilitares han asumido su responsabilidad en las versiones libres. Más de 17 mil de estos casos ya están totalmente esclarecidos, sabemos cómo ocurrieron y quiénes son los culpables, lo cual habría sido imposible sin un instrumento como la ley de justicia y paz. En 400 casos, los victimarios han pedido perdón a las víctimas durante las diligencias judiciales. De las 52.490 víctimas reconocidas en estos hechos, 2.685 eran niños, 284 sindicalistas, 214 indígenas, 92 miembros de la Unión Patriótica, 38 defensores de derechos humanos y 36 periodistas entre otros. También se enviaron copias a la jurisdicción ordinaria para que vincule a procesos judiciales a 681 servidores públicos entre políticos, miembros de la fuerza pública y autoridades locales.
Y traigo este ejemplo en el asunto de los dobles estándares porque la práctica universal ha sido juzgar sólo a los más grandes perpetradores o casos emblemáticos. Debo recordar a este Consejo que según una publicación de Paul Van Zyl, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia utilizó 500 millones de dólares durante 18 años y ha logrado menos de 20 condenas definitivas. En el Tribunal Penal establecido para Ruanda se invirtieron 700 millones de dólares durante 7 años y produjo 10 condenas. Los Tribunales de Sierra Leona y Timor Oriental han proferido un promedio de 30 condenas cada uno. Colombia tiene todo el derecho a preguntarse: ¿de cuáles estándares internacionales nos están hablando? Me parece que lo justo sería proponer nuestra experiencia como ejemplo internacional. Tenemos en proceso de imputación de cargos para condena a 195 procesados, entre ellos 90% de los máximos comandantes de las AUC, acusados por 16.776 crímenes. En 2009 destinamos 100 millones de dólares para reparaciones que beneficiaron a 26.300 personas pertenecientes a 10.593 familias. En 2010 esta cifra ascenderá a 150 millones de dólares que beneficiarán a 39 mil personas de 15 mil familias.
Los casos de los dobles estándares abundan: ¿acaso se miden de manera igual los efectos de conflictos en todos los países o se miran de acuerdo con la potencia del país involucrado? ¿Quienes abogan por negar a la economía legal de Colombia y a la ciudadanía que trabaja pacíficamente un Tratado de Libre Comercio, no son los mismos que firman o apoyan tratados comerciales con países cuestionados por la garantía de las libertades y los derechos humanos? Nuestro argumento para invocar la firma de un tratado es el compromiso de Colombia con la preservación del medio ambiente, con las libertades, con la garantía y protección de derechos. Negarle a Colombia la posibilidad de integrarse comercialmente al mundo equivale a fortalecer la economía ilegal, la informalidad y la violencia. Quienes promueven esa posición impulsan esos fenómenos, en detrimento del bienestar de nuestra población.
También quiero hablarles de la relación entre tráfico de armas, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Los grupos armados ilegales han crecido y se fortalecen en nuestro país por las importantes utilidades que obtienen del narcotráfico. Compran con toda facilidad armas que producen países amigos y aliados en la defensa de los derechos humanos. Esto se llama doble moral. Las características de la peor crisis económica y financiera que padeció el mundo desde la gran depresión nos enseñó con sangre que esto es inadmisible. Fortalecer en serio la lucha por el control de precursores químicos, de armas ligeras, de narcóticos y de los capitales ligados a estos negocios es imperativo e inaplazable. En lo que a nosotros respecta, sin ello se dificultará arduamente la tarea de garantizar los derechos humanos en Colombia.
Asistimos este año al proceso de evaluación con motivo de los 5 años de funcionamiento de este Consejo. Consideramos que este proceso nos debe llevar a consolidar lo ganado en términos de universalidad, objetividad e imparcialidad, y no devolvernos a los señalamientos selectivos del pasado.
Otorgamos la mayor importancia a la consolidación del Examen Periódico Universal, que vemos como el principal avance del Consejo de Derechos Humanos. Desde nuestra experiencia, podemos decir que este mecanismo ha sentado las bases para una nueva y más constructiva interacción entre los Estados, el Consejo y sus mecanismos pues abrió el espacio para que los Estados presenten sus logros y desafíos de manera abierta y transparente, sustentados en un informe nacional que es ampliamente distribuido. Consolida también el rol de la Oficina de la Alta Comisionada en materia de cooperación y otorga mayor visibilidad a su trabajo, así como al rol de los relatores y procedimientos especiales y los órganos de tratados cuya información sirve de base para la elaboración del informe que elabora la Oficina especialmente para la revisión. Y favorece una mejor relación con la sociedad civil que además de participar en todo el proceso, envía información e insumos que pueden ser incorporados en el examen.
A propósito nuestro Gobierno ha propiciado una relación constructiva con la sociedad civil organizada. La hemos logrado con la población con la cual dialogamos a diario, pero no con los voceros calificados que están acreditados en estos organismos, un sector beligerante, no representativo, que antepone lo ideológico y lo político al los verdaderos intereses de la población. Aquí hay una falla del sistema. Estos sectores deben encontrar relación constructiva con los estados, sin perder su independencia. Con ellos se beneficiaría la causa de los derechos humanos y la humanidad.
Mi gobierno ha soportado las críticas de muchos pero no ha levantado la voz para criticar a nadie porque creemos en la cooperación y el diálogo constructivo. Respondemos con argumentos y razones en la seguridad de que hemos hecho lo justo. Suscribimos más tratados que muchos países y no ahorramos esfuerzos para honrar los compromisos adquiridos. Hoy cuando vengo a este recinto por última vez como Vicepresidente de Colombia sólo me resta agradecerles su comprensión y su esfuerzo por el bien de Colombia y de su pueblo. Y pedirles que mantengan su respaldo a las instituciones y a la sociedad colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la violencia que son los verdaderos enemigos de los derechos humanos en nuestro país.