Palabras del señor Vicepresidente de la República de Colombia doctor Francisco Santos Calderón en el segmento alto nivel de la Cumbre de Cartagena por un mundo libre de minas antipersonal.

Cartagena, Diciembre 3 de 2009

Antes del saludo protocolario:

Considero muy afortunado que este segmento de alto nivel se realice en coincidencia con el Dia Internacional de las personas con Discapacidad)

Hace dos días, Juan Bautista Muelas, un hombre de 42 años que trabajaba como erradicador manual en un cultivo de coca de las FARC, en la vereda San Isidro, municipio Montañitas en Caquetá, pisó una mina antipersonal que despedazó su cuerpo en cuestión de segundos. Dos de sus compañeros quedaron heridos de gravedad.

Esta, lamentablemente, es una realidad cotidiana en Colombia. En nuestro país grupos terroristas siembran en forma intensiva e indiscriminada minas antipersonal que matan, mutilan y hieren a miembros de la fuerza pública y a la población civil. Tan sólo en esta semana completamos 7 casos de personas heridas por minas.

A diferencia de otros países donde los campos minados son remanentes silenciosos de guerras superadas, en Colombia la utilización de estas armas constituye una práctica continua y sistemática por Grupos Armados Ilegales, que han sido catalogados como terroristas por la Unión Europea y por los Estados Unidos.

Estos grupos admiten abiertamente que producen y usan Minas Antipersonal. Las utilizan para contrarrestar, eludir o disuadir acciones legítimas de la fuerza pública. Y para proteger cultivos ilícitos de su propiedad. Las siembran en poblaciones, fuentes de agua, en calles y caminos, en tierras productivas, parques naturales y reservas de comunidades indígenas.

Las consecuencias de este gravísimo atropello son terribles: 8.081 colombianos han sido víctimas de la acción destructiva de estos artefactos desde 1990 hasta hoy. Como el uso de minas antipersonal por parte de estas organizaciones no tiene un patrón definido, la determinación de la ubicación y extensión de los campos minados es una labor descomunal y costosa. Tener una Colombia libre de minas es por ello un enorme reto que compromete, por lo menos, a la actual y a la próxima generación de colombianos.

Adicionalmente, los artefactos utilizados por los grupos armados ilegales son elaborados de manera artesanal, con características complejas de activación, y producidos con materiales que maximizan su capacidad destructiva y dificultan, a la vez, su detección.

Por todo esto consideramos que en defensa de la vida y de la seguridad de la gente no podemos tener concesiones con el terrorismo.

Nos hemos reunido aquí en Cartagena para enviar un mensaje contundente a quienes perseveran en la insensatez, la cobardía, en ese atropello imperdonable de sembrar minas antipersonal en el mundo. Desde Cartagena nos unimos en una sola voz para condenar el uso de minas antipersonal por parte de cualquier actor, incluidos los actores armados no estatales.

En nuestra opinión el reto principal de la Convención en el futuro cercano, será dotar a los Estados Parte de más y mejores herramientas para garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones contraídas por los países signatarios, en contextos complejos como el de Colombia donde las nuevas formas de uso y producción de estos artefactos explosivos ponen en riesgo la vida de miles de comunidades.

Y es que en últimas la condena irrestricta al uso de minas antipersonal por parte de los Grupos Armados ilegales, no es más que la reiteración del compromiso del Estado colombiano por la protección, promoción y respeto de los Derechos Fundamentales de todos sus ciudadanos. Es claro que la existencia de minas antipersonal transgrede el principio de dignidad humana y, por ende, constituye un obstáculo para el disfrute de una vida productiva y creativa. Celebramos la referencia explícita de la declaración de Cartagena donde, por un lado, se condena el uso de minas antipersonal por cualquier actor, incluyendo los Grupos Armados no Estatales y, por el otro, se ubica el goce efectivo de los derechos como el eje de acción primordial de la Convención en los próximos cinco años.

En este mismo sentido, encontramos en el borrador del Plan de Acción elementos estratégicos que, con toda seguridad, permitirán desarrollar mejores capacidades nacionales para afrontar la complejidad del fenómeno en Colombia. Por ello, extendemos nuestra más sincera felicitación al Reino de Noruega y, en su cabeza, a la Honorable Embajadora Susan Eckey, quien ha liderado el trabajo de los 156 países para garantizar el compromiso compartido por un mundo libre de minas antipersonal.

El Estado colombiano asume este compromiso con su trabajo continuo para destruir todos los campos minados ubicados en el territorio nacional, así como garantizar a los sobrevivientes y familiares de las víctimas el restablecimiento del goce de sus derechos amparados por la Constitución Nacional y el marco jurídico internacional. Por eso, pese a los desafíos que enfrentamos, nos complace compartir los muy importantes avances que hemos alcanzado en la aplicación de la Convención.

En estos últimos cinco años, el Estado colombiano ha logrado estructurar un esquema de política pública, con referencia a los más altos estándares internacionales pero ajustado a las características particulares del caso colombiano. En este sentido, la reciente aprobación de la Política Nacional contra Minas Antipersonal 2009-2010, constituye un verdadero hito en la institucionalización de una respuesta integral contra la problemática. Ello, en el entendido que para el Estado colombiano es estratégico ajustar las políticas que sean adoptadas a las necesidades particulares de los grupos más vulnerables, de acuerdo con un criterio etario, de género y de adscripción étnica en lo que respecta a nuestras comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas.

Al respecto, nos honra señalar el hecho que dicha política consolida una visión que ha inspirado desde 1997 la acción del Estado colombiano: la integralidad de la acción contra minas. Esto es entender las actividades de destrucción de campos minados; la atención a las víctimas; y, las labores de Educación en el riesgo, como ejes temáticos que se complementan armónicamente en función de las necesidades e intereses de quienes se encuentran o pueden verse afectados por estos artefactos.

Ello, ha sido posible gracias a la apropiación de las responsabilidades, tanto a nivel político, como a nivel presupuestal. De esta forma Colombia ha reiterado su compromiso irrestricto con el cumplimiento de la Convención, materializado en la destinación de cerca de 80 millones de dólares para la Acción Integral contra minas en los próximos cuatro años. Por ello, gran parte de los resultados que hemos puesto en conocimiento durante las sesiones de trabajo de esta semana se debe a este enorme compromiso nacional. En esta misma línea, además, el país firmó y ratificó, o está en proceso de ratificación, dos nuevos instrumentos internacionales: la Convención de los derechos de la discapacidad y la Convención de prohibición de las municiones en racimo, de las cuales ya destruyó sus existencias.

Esto no quiere decir que la labor de la comunidad internacional hubiese tenido un papel menor. El aporte de la cooperación internacional, las agencias de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales ha sido fundamental para superar los obstáculos que se han presentado en nuestro propósito. Quisiéramos agradecer la colaboración que nos ha brindado la Organización de Estados Americanos (OEA); la Unión Europea; las Naciones Unidas a través de sus agencias y el Centro de Desminado Humanitario de Ginebra. Así mismo Estados como Estados Unidos de Norteamérica, Japón, España, Suiza, Alemania, Bélgica, Canadá, Noruega, Reino Unido, Italia, Corea, Eslovenia y China. Dentro de este esquema, merece una mención especial el esquema de cooperación triangular con el Reino de Camboya y Japón. Y el anuncio de Australia de aportar fondos en el tema de acción integral contra las minas.

De la misma manera, es necesario destacar el continuo trabajo y colaboración del Estado colombiano con las organizaciones de la Sociedad Civil que, a nivel internacional, tienen su mejor representación en la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (ICBL), y, a nivel nacional, por un considerable número de organizaciones civiles que hacen presencia en el territorio y han construido, a partir del diálogo franco, un esquema de coordinación en beneficio de los sobrevivientes y comunidades beneficiarias de la Acción Integral contra Minas en Colombia.

Somos conscientes de que los sobrevivientes y comunidades afectadas por minas no pueden ser receptores pasivos de ayuda oficial o asistencialista, sino deben ser verdaderos sujetos de derecho con participación activa en todos los procesos donde se vean involucrados. En últimas, son ellos los verdaderos protagonistas del sueño que convocó miles de personas en 1997 en la ciudad de Oslo y que hoy nuevamente nos reúne.

En Colombia la asistencia a víctimas de minas antipersonal fue integrada a la Política Pública Nacional de Discapacidad. Y nuestra meta es lograr que todas las víctimas tengan una rehabilitación integral inclusiva.

El Estado colombiano reitera el llamado al pleno cumplimiento de la Convención y la universalización del instrumento. En este sentido, nos llena de enorme satisfacción el anuncio hecho por el Estado de Polonia quien ha manifestado su intención de ratificar la Convención en el año 2012 y la de aquellos Estados no parte que manifestaron enérgicamente su voluntad política para promover los principios de la Convención. También reconocemos la presencia de los Estados Unidos que participa por primera vez en las reuniones de esta Convención.

En este país, donde hemos padecido con sangre y dolor la problemática de las minas que ha afectado la vida de miles de colombianos y colombianas de todas las edades, como signatarios del instrumento, conocemos la responsabilidad que plantea la Convención para los Estados que aún no han adherido. En este mundo de hoy en donde compartimos oportunidades y también amenazas, son inadmisibles los discursos ambiguos y la doble moral. Máxime en temas como este que compromete tan seriamente el Derecho Internacional Humanitario. Liberar al mundo de minas antipersonal y alcanzar el objetivo de “cero nuevas víctimas” es una obligación de todos que no admite excepciones.

En tierras limpias y seguras podremos asegurar que los niños y niñas jueguen libremente y circulen tranquilos por las rutas que llevan a las escuelas; que las familias campesinas conserven su integridad y se vean obligadas a adoptar nuevos roles; que nuestras comunidades indígenas conserven su identidad cultural tan enraizada en el concepto del territorio y ejerzan sus actividades de autoabastecimiento como la caza y la pesca sin temor alguno.

Esto no debe ser un sueño inalcanzable, sino una realidad para todos aquellos que esperan que nuestras acciones, en esta ocasión el Plan de Cartagena, genere un compromiso compartido, real y efectivo. Para ello, los invito a todos a que adoptemos este documento y la Declaración política de la Cumbre.

Muchas Gracias.