INTERVENCIÓN DE
S.E. Sr. FRANCISCO SANTOS
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Con ocasión de la Presentación del Informe sobre Colombia del
Secretario General de las Naciones Unidas en relación con la cuestión
de los niños y los conflictos armados
GRUPO DE TRABAJO SOBRE NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS
CONSEJO DE SEGURIDAD
Nueva York, 12 de octubre de 2009
Señor Presidente
Señores miembros del Grupo de Trabajo
Señora Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los
niños y los conflictos armados
Señora Directora Ejecutiva Adjunta de Unicef
Señoras y señores
En nombre del Estado colombiano, deseo agradecer la invitación cursada por el Presidente del Grupo de Trabajo, señor Embajador de México, Claude Heller, para participar en esta sesión programada en el marco de la aplicación del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes contemplado en la Resolución 1612.
Nos reúne en esta sesión un objetivo que todos compartimos, y al que mi Gobierno asigna prioridad fundamental: el fortalecimiento de la protección de los niños contra las violaciones producto de la violencia generada por los grupos armados ilegales que subsisten en el país.
Para el logro de ese propósito, es esencial partir de un diagnóstico objetivo de la realidad colombiana y de una comprensión integral de las particularidades de la violencia por la que ha atravesado el país.
Colombia, como lo destaca el Informe, es un Estado democrático construido sobre la base de un Estado Social de Derecho, en el que asegurar el respeto y goce de los Derechos Humanos constituye una prioridad principal.
Nuestro país cuenta con mecanismos de participación amplia y plural a través de los cuales todas las tendencias políticas tienen garantías plenas para ejercer libremente sus derechos.
En Colombia no hay justificación para la violencia con supuestos fines políticos ni hay respaldo a la violencia ejercida bajo ningún pretexto. Nuestra práctica democrática nos da la autoridad política para decir que los grupos armados ilegales FARC y ELN, financiados por el negocio de las drogas ilícitas, no son insurgentes contra alguna forma de opresión, sino terroristas contra la libertad. Como lo dijo el Presidente Uribe en días pasados, en la Asamblea General, los grupos violentos hoy no pueden ocultar su negocio criminal ni fingir posturas ideológicas, que han sido negadas por sus actos, y que no tienen cabida en una democracia como la de Colombia.
Para hacer frente a la violencia terrorista, los colombianos hemos apoyado desde 2002 una serie de políticas aplicadas por el Estado, que han permitido reducir de manera radical la criminalidad en todo el territorio nacional y mejorar las condiciones de seguridad y protección para todas las personas, incluidos los niños.
Entre ellas, destaco la política de seguridad democrática encaminada a proteger los derechos de los colombianos y fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas que antes estuvieron amenazadas. La continuidad de esta política, cuya eficacia reconoce la comunidad internacional, es una demanda permanente de la sociedad colombiana.
Otro proceso decisivo para el país en los últimos años ha sido la desmovilización de más de 52 mil miembros de grupos armados ilegales. Así, han sido desmantelados de manera colectiva los grupos de autodefensa que existían. También, miles de integrantes de las FARC y ELN se han desarmado de manera individual y se han presentado voluntariamente ante las autoridades. El proceso avanza en el marco de una legislación especial de justicia, paz y reparación a víctimas, y no puede verse obstaculizado.
Colombia, cuenta con una institucionalidad estructurada y realiza esfuerzos considerables para avanzar de manera decidida en la realización de los derechos de todos los ciudadanos. También con esta visión, no dudamos en sancionar a quienes desde el Estado pudieran cometer actos individuales que afecten tales derechos.
Esta realidad ha sido verificada por la comunidad internacional. Colombia ha permitido el escrutinio nacional e internacional sobre todas sus mecanismos internacionales en derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. Nos presentamos voluntariamente al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, y acogimos la gran mayoría de sus recomendaciones.
Señor Presidente:
Colombia tiene la expectativa que, de los análisis en este Grupo de Trabajo, surjan propuestas constructivas y aplicables, y alternativas que se adapten a las circunstancias nacionales que son claramente distintas a las de otros casos que aquí se han evaluado.
Teniendo en cuenta este contexto general, el Gobierno Nacional valora los reconocimientos contenidos en el Informe con relación a las acciones y estrategias lideradas por el Estado, y los avances en distintos campos, que han tenido impacto positivo en la protección de los niños. El Estado colombiano ha asumido su responsabilidad primaria en la protección de las niñas y los niños que habitan en su territorio, mediante la aplicación de políticas integrales y el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en esta materia.
Hemos tomado nota de los desafíos identificados en relación con las seis violaciones graves a las que hace referencia el Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes. El informe ilustra la dificultad que plantea para la garantía de los derechos humanos en Colombia, el accionar de los grupos armados ilegales FARC y ELN e incluye también referencias a actos de otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
Debo hacer un paréntesis para precisar que las bandas de delincuencia calificadas en el Informe como “nuevos grupos armados ilegales” no están estructuradas como organizaciones militares, ni tienen capacidad de control territorial, y tienen como única motivación el narcotráfico y el crimen organizado. En tal sentido se ha pronunciado el Secretario General de la OEA a partir del trabajo de la Misión de Apoyo de esa organización que ha acompañado a Colombia en la supervisión de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. El Secretario señaló ante el Consejo Permanente de la OEA que estas agrupaciones “tienen un perfil delictivo, criminal, y que se encuentran estrechamente (vinculadas) con las actividades del narcotráfico”, dejando en claro que estas bandas “no tienen relación alguna con la acción paramilitar, la cual ha desaparecido en la esfera colombiana”.
Por estar fuera del ámbito del mecanismo de la resolución 1612, el tema de estas bandas no es, desde luego, punto de discusión que deba tratarse en este Grupo de Trabajo. El crimen trasnacional del narcotráfico es un desafío para todos los países del mundo, incluido Colombia. Nuestro Estado, en línea con sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico, ha actuado de manera decidida frente al fenómeno de esas bandas criminales con alentadores resultados.
Ahora bien, en cuanto a las acciones de las FARC y el ELN, el Gobierno nacional reconoce la manera en que el Informe logra plasmar cómo esos grupos armados ilegales, a través de sus actividades criminales, impiden el pleno ejercicio de los derechos de los niños en Colombia.
Dichos grupos terroristas han dirigido su actuar deliberadamente violento y criminal contra la población infantil mediante la comisión de las seis graves violaciones que monitorea el Mecanismo de Supervisión. El Estado colombiano ha perseguido y continuará persiguiendo con toda decisión a los responsables de tales violaciones. A estos criminales se les debe aplicar todo el peso de la ley, y deben ser objeto de denuncia y censura por parte de la comunidad internacional.
Señor Presidente:
Colombia entiende que la labor de las Naciones Unidas está inspirada en un espíritu de cooperación que ofrecerá al Estado colombiano oportunidades para continuar consolidando sus capacidades institucionales y sus esfuerzos orientados al logro del mayor bienestar de la población infantil. Con este convencimiento, aceptamos voluntariamente la aplicación del Mecanismo de la Resolución 1612.
En este contexto de cooperación, creemos que las recomendaciones de este Grupo de Trabajo podrían realizar un aporte significativo para consolidar una alianza entre el Gobierno y las Naciones Unidas en la exigencia enérgica para que los grupos armados ilegales cesen sus acciones violentas contra los niños, incluido su reclutamiento y utilización. Así mismo, para fortalecer la cooperación en las acciones que las instituciones democráticas de Colombia están aplicando a fin de recuperar la seguridad y la protección de todos los colombianos, incluidos los niños.
Existe un tema al que quiero hacer referencia franca y directa. Las figuras de diálogo directo entre representantes de Naciones Unidas y grupos armados no estatales que se han considerado en otras latitudes, no pueden trasladarse a nuestro país sin poner en riesgo la coherencia y continuidad en procesos que corresponde constitucionalmente dirigir al Gobierno Nacional.
Por ello es necesario que toda iniciativa planteada en el marco del Mecanismo contenido en la Resolución 1612, no sólo tenga en cuenta el contexto descrito, sino que además sea debidamente canalizada a través de las autoridades nacionales y con el consentimiento previo y expreso del Gobierno colombiano, según se contempla en el procedimiento acordado con la Representante Especial del Secretario General.
Colombia ha evidenciado con hechos comprobables la disposición al diálogo del Gobierno Nacional con grupos armados ilegales, en busca de escenarios de reconciliación, pero ha exigido que ese diálogo se desarrolle con un cese de acciones armadas por parte de estos grupos y con manifestaciones reales que den cuenta de su voluntad de lograr acuerdos. Infortunadamente, esos grupos, como lo refiere el Informe, persisten en sus acciones violentas y no dan muestras fidedignas de un espíritu de reconciliación. Como también lo menciona el Informe, los grupos armados ilegales hace más de una década han “asumido” compromisos para no reclutar niños sin que a la fecha hayan demostrado la intención de cumplirlos.
En estas condiciones, la eventual formulación de planes de acción que no tenga en cuenta el contexto de la realidad colombiana, podría resultar decepcionante. No es aceptable para el Gobierno, ni para la sociedad colombiana que ha sido sometida a las acciones criminales de estos grupos, que un eventual diálogo sea utilizado por los mismos, como en ocasiones anteriores, para preparar nuevos ataques contra la población y sus instituciones legítimas, obtener algún reconocimiento político a sus acciones, o debilitar las políticas que se vienen aplicando con gran eficacia.
Antes que considerar procedimientos que pretendan validar a tales grupos terroristas como interlocutores políticos, el Mecanismo de Supervisión debe fortalecer la presión internacional que ya existe sobre ellos, para que cesen sus acciones violentas.
Finalmente, el Estado colombiano desea reiterar su compromiso de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos de todos los habitantes en su territorio, en especial, los derechos de los niños.
Con base en un espíritu constructivo, el Estado colombiano espera que en sus conclusiones, el Grupo de Trabajo consigne expresamente la necesidad de dar continuidad al trabajo conjunto con el Gobierno para hallar, como lo señala el Presidente del Grupo de Trabajo en su convocatoria, soluciones efectivas de cooperación que redunden positivamente en el goce y ejercicio de los derechos de la niñez en Colombia.
Muchas Gracias.