Salud y Derecho a la Vida
Palabras del Señor Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón en el foro "Reforma a la salud y derecho a la vida" Salón Elíptico - Capitolio Nacional
Bogotá, Mayo 18 de 2006
Ante todo quiero expresar un saludo de felicitación a la representante Sandra Ceballos por su afortunada y oportuna iniciativa de promover esta reflexión acerca de la reforma de la salud y el derecho a la vida. Un tema capital y prioritario para el presente y el futuro de los colombianos y que con el proyecto de ley es bastante apropiado para hacer todas las reformas que sean necesarias para optimizar el sistema.
Como ustedes saben, el gran debate de la salud en Colombia gira en torno a una cantidad de verdades, medias verdades y mentiras, todas ellas alrededor de cuál debe ser el sistema rector de la salud. Quiero expresarles de antemano que me enuentro nto entre los defensores de la Ley 100 que todavía requiere impulso, rectificaciones y modificaciones, pero cuyos resultados en bien de la población están a la vista.
La ley 100 de 1993 determinó cambios fundamentales en las relaciones entre los actores del sector de la salud. Una de las principales transformaciones que introdujo es el cambio del modelo de asistencia sanitaria al modelo de seguridad social, acorde con los mandatos de la Constitución de 1991, que define la salud y seguridad social como servicios públicos obligatorios, regidos por los principios de Universalidad, Solidaridad, Eficiencia, Integralidad, Unidad y Participación.
En esa dinámica el Estado asume el rol de dirección, asesoría, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control, que bajo el esquema anterior no podía ejercer.
Este gobierno ha encaminado los mayores esfuerzos a lograr progresos en cobertura, y equidad, aumentando de manera directa los recursos para la salud.
En el año 2002, cuando empezó el Gobierno, había 23 millones 600 mil colombianos asegurados. Hoy tenemos 34 millones 100 mil colombianos. 10 millones y medio más de colombianos asegurados.
En el 2002, el sistema en su modalidad contributiva tenía 13 millones 100 mil beneficiarios. Hoy tiene 15 millones y medio de beneficiarios.
En el 2002, en la modalidad subsidiada había 10 millones y medio de beneficiarios. Hoy tiene 18 millones 600 mil colombianos pobres y vulnerables, de los cuales 16.513.662 son mediante subsidios plenos y 2.067.748 mediante subsidios parciales.
Es necesario destacar dentro de éste avance que seis (6) departamentos lograron cobertura universal al cierre del año 2005. Estos son: Huila, Antioquia, Casanare, Arauca. Huila con regalías, Casanare con regalías. Arauca con regalías, Cesar con regalías y Guajira con regalías. Boyacá va a ser el siguiente con un esfuerzo combinado entre el departamento y el gobierno.
La meta es lograr la plena cobertura en los próximos tres años y al mismo tiempo corregir la falta de nivelación del POS de régimen contributivo, con el POS de régimen subsidiado.
El sistema dista de ser perfecto. Lo sabemos y aceptamos. Pero también tenemos que considerar que todos los estudios disponibles indican que se ha presentado un mejoramiento gradual de la calidad, acompañado por un proceso gradual de incremento de la aceptación de los colombianos al sistema.
Por su magnitud e importancia estas cifras y estos resultados deben constituir parte fundamental de cualquier análisis que se realice acerca del tema.
Quiero subrayar que estos resultados y estas cifras destacan además el formidable compromiso del Presidente Álvaro Uribe con la salud de los colombianos y con el sector de la salud porque se han conseguido en años de crisis, con altísimo desempleo, condiciones de financiamiento externo hostiles, endeudamiento de 54% en 2002, un déficit del 4.2% del de PIB y tasas de interés de los TES -en septiembre 2002- que estaban en 17%, (hoy en 8, 9%).
Una cosa es hacer política social con dinero, y otra bien distinta administrar pobreza.
Otro gran logro del Presidente Álvaro Uribe en esta materia tiene que ver con los hospitales. Durante estos cuatro años el Gobierno ha rescatado 126 hospitales públicos con un costo que supera los 600 mil millones de pesos. Hemos rescatado estos hospitales que eran casi de papel, y ustedes los ven hoy en día como están funcionando y mejorando cada vez más en su calidad y en su prestación de servicios. Fue una lucha compleja y dura contra quienes, en defensa de intereses particulares, se oponían a las reestructuraciones. Querían más y más recursos cuantiosos del presupuesto que habrían ido a dar a una especie de barril sin fondo y no habrían beneficiado a los colombianos.
El gobierno dio el timonazo y el cambio de rumbo que convenía a la inmensa mayoría de los colombianos. Se dieron las reestructuraciones de hospitales y de las redes hospitalarias, que habían unas totalmente quebradas. Vean ahora la red hospitalaria de Boyacá y compárenla con lo que era hace 4 años. O la red hospitalaria de Santander, las de Caldas, Atlántico, Antioquia y Huila para mencionar algunos casos.
La lección es muy clara. Los hospitales públicos tienen que recibir todo el apoyo del Estado y de la comunidad, pero también tienen que dar los mejores resultados de gestión.
En condiciones normales ningún hospital público puede renunciar al equilibrio fiscal. Sólo excepcionalmente se justifican los subsidios. Pero en ninguna circunstancia los hospitales pueden renunciar a trabajar con transparencia, eficiencia y austeridad. Tenemos que liberar todas las entidades de la politiquería y de los excesos sindicales.
Al analizar el funcionamiento y los resultados de la Ley 100 también es preciso considerar, a la luz de la Constitución, que la reglamentación, la supervisión y la facultad sancionatoria son muy diferentes de la autorización constitucional para que autores de diferente naturaleza presten el servicio.
El Presidente Álvaro Uribe ha trazado la ruta: los monopolios estatales o privados en el esquema serían violatorios del principio constitucional de la eficiencia.
Lo que ha ocurrido en Colombia, en términos reales, es que pasamos de una cobertura limitada en cantidad y superficial, a una cobertura creciente en cantidad y profunda en servicios y demanda.
No es buena idea volver al pasado. Pero tampoco cerrar los oídos a los debates, ni obstruir las vías y posibilidades a la evaluación, a la crítica y a la revisión, con miras a mejorar el sistema.
El esquema de la ley 100 contiene tres elementos claves de solidaridad. La mayor parte de la cotización la pagan los empleadores. El sistema tiene que ser solidario con los que no han podido acceder a él. El régimen contributivo aporta al fondo de solidaridad. Y hay afiliación a entidades públicas y privadas, con solidaridad en ambas. Las EPS, tienen que garantizarles el mismo plan obligatorio de salud al colombiano con 3 ó 4 ó 5 millones de salarios y al colombiano de salario mínimo. Eso se logra a través de la solidaridad.
El debate se orienta alrededor del equilibrio que debe existir entre los diferentes actores del sistema. En la actualidad los actores utilizan estrategias de integración vertical, concebida como la prestación de los servicios de salud administrados y operados directamente por las entidades promotoras de salud a través de su propia red de instituciones prestadoras, para todos o al menos unos de los niveles de atención.
Siendo este un mecanismo para la administración del riesgo en salud, lo que nosotros creemos en el Gobierno Nacional, es que debe existir un control a la integración vertical, ya que como aspecto positivo, permite a las entidades una optimización de los recursos disponibles y puede generar un ahorro y eficacia que resulta conveniente para el sistema.
Como aspecto negativo, se pueden generar distorsiones en el sistema en la medida en que las aseguradas y los prestadores tiene roles contrapuestos (el asegurador promueve el control del gasto mientras que el prestador promueve ese gasto). Hay el peligro de que cuando una solo persona o entidad ejerce las dos funciones, llegue a generar desequilibrio y aún más, posiciones dominantes en el mercado. Para corregir esta situación el gobierno implementará varias medidas como la expedición del Manual de Tarifas, próximo a expedirse.
Al mismo tiempo estamos adelantando diferentes acciones para monitorear y evaluar el proceso de implementación de la política de prestación de servicios, determinar su impacto e implementar acciones de ajuste durante su ejecución para garantizar el cumplimiento de los propósitos de la política.
¿Que se acaben las ARS, que son intermediarias y que el dinero vaya directamente a los hospitales?. Me parece que ha sido un debate muy polarizado. Cuando el Gobierno empezó, las ARS podían disponer de 15% de sus ingresos para gastos administrativos y se redujo al 8%. Nosotros creemos que la red hospitalaria pública no podría garantizar la tarea de aseguramiento con ese 8%.
Eso si, para complementar las bondades de esa medida hay que avanzar hacia Ars sin ánimo individual de lucro.
La posición del Gobierno es muy clara: estamos comprometidos con la idea de ponerle límites a la integración vertical.
Necesitamos la presencia de actores independientes, entre otras cosas, para poner fin a los abusos de algunas EPSs y ARSs, contra los profesionales de la salud y contra los pacientes.
Otro tema capital en este análisis es la corrupción. Nosotros convertimos en eje principal del Programa de Eficiencia Transparencia y Lucha contra la corrupción, de la Vicepresidencia de la República, una estrategia regional que busca promover vigilancia ciudadana para que los gobernadores y alcaldes gasten los recursos públicos con pulcritud y con eficiencia. Es doloroso comprobar que durante los últimos 10 años se ha más que duplicado el gasto publico en salud y educación sin que esto represente beneficios significativos para la gente.
Por eso hemos creado espacios a la ciudadanía para informarse, para denunciar. Y para exigir resultados tanto a los gobiernos como a los organismos de control. Perseveraremos en ese fundamento del Estado Comunitario de la rendición de cuentas.
¿Qué otras cosas estamos haciendo para enfrentare la corrupción? No los quiero fatigar con una enumeración extensa e innecesariamente detallada. Me limitaré a las medidas esenciales.
Una de las prioridades es evitar la desviación de los recursos de la salud en los municipios y la retención de los pagos que deben hacer oportunamente las Administradoras del Régimen Subsidiado ARS a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS. Para ello el gobierno y el Consejo Nacional de Seguridad Salud, expedimos normas que exigen a los municipios la presentación de la base da datos de población priorizada, con el fin de garantizar la adecuada focalización de los recursos. Se exigen procesos de selección de las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS. Se dispuso la revocatoria de la habilitación de las ARS, cuando se verifique el incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones previstas para la misma. Y también cruces de bases de datos con la información del régimen contributivo, para evitar la multiafiliación que evite pagar subsidios dobles, entre otras.
En el mismo sentido, adoptamos medidas para optimizar el flujo de los recursos del régimen subsidiado, entre otros, el flujo de recursos entre las Administradoras del Recurso del Régimen Subsidiado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Normas relativas a las condiciones y procedimientos de habilitación y revocatoria de habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, con el fin de garantizar la administración del riesgo en salud de sus afiliados. Normas del nuevo plan operativo del régimen subsidiado y autorización del régimen subsidiado, a través de la regionalización, las cuales permitirán la eficiencia en la administración de los recursos y el manejo adecuado del riesgo en salud por parte de las ARS, propiciando economías de escala, articulando y adecuando la oferta de prestadores de servicios de salud con la demanda de servicios de los afiliados.
Así mismo, a partir de este nuevo plan operativo, las Administradoras del Régimen Subsidiado seleccionadas por la entidad territorial, deberán desarrollar un esquema de operación y manejo del riesgo en salud, con el fin de garantizar su sostenibilidad en el sistema y mejorar y mantener las condiciones de salud de su población, además deberán garantizar la cobertura en todos los municipios que hacen parte de la región, para evitar selecciones adversas y principios de intereses particulares. Estas condiciones son las que deberán demostrar y mantener las ARS durante todo el tiempo de operación.
Bajo la supervisión directa del Presidente de la República, el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, tienen el encargo de dar claridad al manejo de los recursos del subsidio a la demanda y el cumplimiento del fin último del régimen subsidiado, que es el acceso de la población beneficiaria afiliada a los servicios del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, a través de entidades que administren y aseguren en forma adecuada, oportuna y con responsabilidad, el riesgo de salud, y los recursos que así lo garanticen.
En general con la adopción de todas estas medidas, queremos asegurar la correcta administración de los recursos de la seguridad social, evitar su desviación, hacer efectivas las medidas de control para la salida del mercado de todas aquellas EPS, IPS y ARS que no cumplan con las condiciones mínimas de operación y sancionar todos los actos que involucren corrupción.
Esa es nuestra visión de la reforma al sistema de salud y derecho a la vida, en el espíritu y contenido de este importante evento que hoy nos convoca.