La Fiscalía en la Ley de Justicia y Paz
Palabras del señor Vicepresidente de la República doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la república de Colombia, en el primer seminario de capacitación a fiscales de las unidades de justicia y paz y derechos humanos y DIH
Bogotá, Noviembre 2 de 2005
Ante todo quiero agradecer a los señores Fiscales de la naciente Unidad de Justicia y Paz y de la Unidad de Derechos Humanos su participación en este evento. Al señor Fiscal General de la Nación, Doctor Mario Iguarán y al Fiscal Luis González por su compromiso con esta iniciativa. A los expertos internacionales por su contribución y al Reinado de los Países Bajos y su Embajador su Excelencia Frans Van Haren por su apoyo al pueblo colombiano y la construcción cotidiana de democracia, convivencia y desarrollo en nuestro país. Usted, Señor Embajador es un ejemplo de la comprensión y cooperación que se requiere para que la sociedad colombiana y sus instituciones construyan un mejor país para las próximas generaciones.
Este seminario tiene como propósito contribuir en aspectos conceptuales, doctrinarios, técnicos, operativos y procesales a una cabal aplicación de la Ley 975 aprobada por el Congreso de la República como marco jurídico para hacer compatibles los atractivos necesarios para la desmovilización, con las obligaciones éticas y jurídicas derivadas de los derechos de las víctimas y de la sociedad, para lograr una paz sostenible.
Conceptos como la paz de los vencedores, las amnistías para la paz, la paz con perdón y olvido han sido superados en el imaginario colectivo de la humanidad. La paz con rendición de cuentas, la paz con justicia, la paz teniendo en cuenta la dignidad y los intereses de las víctimas y la sociedad, la paz que evite el resurgimiento de los actos atroces son los conceptos nuevos y fundamentales del ideario humanista.
Como ocurre con tantos otros conceptos humanos, resulta más fácil expresarlos teóricamente que aplicarlos en la práctica o condensarlos en una norma aceptable para todos, de manera equilibrada. Colombia y sus instituciones pueden decirle al mundo con orgullo que con la Ley de Justicia y Paz nuestra democracia ha construido y consensuado la Ley más avanzada y progresista que se conozca en la materia.
Es comprensible que una iniciativa de tanta importancia y con tantas repercusiones para el presente y futuro de nuestra sociedad suscite controversias. Lo entiendo y lo respeto. Pero con base en juiciosos análisis comparativos y en la experiencia misma de presentar y debatir la ley en escenarios nacionales e internacionales puedo afirmar con plena seguridad que no se conoce hasta ahora, no sólo en Colombia sino en el mundo, en un proceso de paz y en un país como el nuestro con las organizaciones terroristas en plena actividad, una ley como la de Justicia y paz, que considera a las víctimas, que determina que los procesos de paz no se hacen a cualquier costo y que obligan dosis respetables de justicia y de verdad.
Es una ley que fue debatida amplia y democráticamente en el Congreso de la República durante dos años. Además de la actividad parlamentaria el proceso involucró encuentros regionales y diálogo permanente con individuos, organizaciones y medios de comunicación, con los diferentes estamentos de la sociedad colombiana y representantes de la comunidad internacional.
Los objetivos principales de la ley son hacer más expeditos todos los procesos de paz y de reconciliación, facilitar el acuerdo humanitario y la reincorporación individual o colectiva. Y segundo, garantizar los derechos de las victimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y a la protección.
Bajo los mandatos de la Ley de Justicia y Paz, los integrantes de los grupos armados ilegales deben renunciar al terrorismo, confesar todos sus crímenes y aceptar los cargos que les sean imputados. Además, deberán desmantelar totalmente todas sus estructuras, entregar los bienes obtenidos ilegalmente, desvincular a los menores de edad en su poder, liberar secuestrados, comprometerse al cese total de hostilidades y adicionalmente remunerar a las víctimas por sus acciones, comprometerse a cesar por completo sus acciones ilegales y no volver a la vida criminal.
En síntesis, la Ley de Justicia y Paz es una respuesta concreta y adecuada a los anhelos de los colombianos, a la vez que consulta e integra la muy importante evolución que ha tenido el mundo en Derechos Humanos durante los últimos años. La ley de Justicia y Paz logra una síntesis que establece límites a los potenciales beneficiarios; que crea condiciones y sanciones al incumplimiento de estos compromisos y que tiene que interpretarse en armonía con los convenios internacionales firmados por el Estado colombiano.
Es una ley que contiene un amplio reconocimiento de todos los derechos de las víctimas. Que crea instituciones independientes encargadas de cada uno de los aspectos del proceso. Que permite la investigación de los hechos no esclarecidos de manera voluntaria. Que impone sanciones acordes con la gravedad de los crímenes y a la vez penas alternativas si se cumplen determinadas condiciones. Es una norma que habilita la participación de las víctimas y la sociedad civil en la búsqueda de los objetivos de la Ley. Y que contempla las diferentes manifestaciones de reparación integral, entre otras cosas.
Nuestras instituciones tienen un inmenso reto para construir una paz digna e irreversible, para responder a las víctimas y para fortalecer la legitimidad del Estado: la cabal aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Unas tienen responsabilidad en la verificación, fortalecimiento institucional, reparación y otras en el esclarecimiento de la verdad y la justicia.
Esta última es la gran responsabilidad que cabe a ustedes señoras y señores fiscales.
Se trata de un reto de inmensa magnitud por el volumen de los crímenes a investigar, la complejidad y sistematicidad de ellos, las debilidades institucionales, las limitaciones de la investigación criminalística, el tiempo acumulado, factores culturales y probablemente otros factores adversos.
Ustedes han sido seleccionados en atención a sus capacidades personales y profesionales; por su experiencia y calidades éticas. En ustedes está depositada la gran esperanza de que este proceso de desmovilización permita avanzar hacia la reconciliación, hacia el aprendizaje de lecciones del inmediato pasado, hacia el fortalecimiento de los valores de la dignidad humana y la democracia y hacia la recuperación de la dignidad de las víctimas y familiares. Para ello no es suficiente la voluntad; se requiere fundamentos y parámetros dogmáticos desarrollados por el derecho penal internacional, comprensión de la naturaleza y dinámica de la violencia, sensibilidad por los derechos de las víctimas, serenidad para analizar todos los aspectos de la situación compleja, creatividad y calidad para investigar, cooperación institucional y adecuado relacionamiento con la sociedad en general.
Dentro de esa perspectiva la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Javeriana con el generoso apoyo de los Países Bajos ofrecen este seminario con el ánimo de que los operadores judiciales adquieran los conocimientos y dominen las técnicas requeridas para, según corresponda, analizar, explicar, coordinar, dirigir y esclarecer los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, encuadrando normativamente las más graves conductas criminales dentro de las categorías fundamentales propias de la criminalidad de lesa humanidad y de guerra, de conformidad con los desarrollos jurisprudenciales más recientes que el sistema penal internacional ha elaborado a partir de los Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal Internacional.
Para el efecto hemos invitado y agradecemos la participación de connotados juristas internacionales y nacionales como el señor Douglas Cassel y la señora Avril Mcdonald, quienes con sus conocimientos y experiencias del desarrollo práctico del derecho internacional penal enriquecerán la práctica de nuestros operadores judiciales para enfrentar este reto.
Desde el Gobierno hemos hecho esfuerzos por garantizar el control del territorio, fortalecer la presencia institucional y la cultura democrática como una contribución al fortalecimiento de la justicia en Colombia; la Fiscalía General de la Nación ha hecho esfuerzos por mejorar y cualificar su trabajo; conjuntamente y con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y organismos nacionales e internacionales estamos en procura de construir una política pública de combate a la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Otros esfuerzos normativos son conocidos por ustedes.
Espero que este Seminario sea de utilidad para ustedes y que la experiencia de aplicación de la Ley fortalezcan la legitimidad de las instituciones colombianas y permita al poder judicial fortalecer su importante papel en un Estado Social de Derecho; que la prudencia y sensatez permitan que la aplicación de esta ley abran caminos de reconciliación definitiva y no de nuevas tensiones.
Muchas gracias.