Las falacias del acuerdo humanitario
Palabras del señor Vicepresidente de la república doctor Francisco Santos Calderón en el encuentro "Gobernabilidad, democracia, paz y acuerdo humanitario" de la Conferencia Permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe.
Bogotá, Mayo 28 de 2003
Es muy honroso para mí dar inicio a este encuentro "Gobernabilidad, democracia, paz y acuerdo humanitario" de la Conferencia Permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe.
El Gobierno percibe con agrado el interés creciente de individuos y organizaciones de Colombia y de otros países respecto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. También consideramos fundamental que los colombianos se interesen por el tema de los acuerdos humanitarios.
Pero queremos expresar con toda claridad nuestra convicción de que dado que involucra la vida y los derechos de tantos colombianos, este tema no puede ser objeto de oportunismos ni de manipulaciones de ninguna naturaleza. En el Gobierno rechazamos enérgicamente que el debate en torno del mismo se distorsione con mentiras como las que algunos grupos armados ilegales y quienes constante u ocasionalmente les sirven de caja de resonancia, lanzan irresponsablemente a la opinión. En Colombia tenemos que pensar, hablar y actuar mucho en DD HH y DIH porque nuestra sociedad y nuestras instituciones son víctimas de reiterados ataques de los grupos armados ilegales.
Un primer tema a considerar es que en la Colombia de hoy los grupos armados ilegales acumulan el mayor número de violaciones de los DD HH y DIH. Ustedes ya conocen las alarmantes estadísticas de atropellos que las FARC el ELN y las AUC cometen contra nuestra población.
Tenemos un promedio cercano a 30 mil muertes violentas por año. 16 mil secuestros durante los últimos cinco años período en el cual sufrimos 8 mil actos de destrucción colectiva. La violencia terrorista nos cuesta entre 4 y 6 puntos del Producto Interno Bruto del país, cada año. Las organizaciones del terrorismo colombiano tienen un aparato de propaganda y una red de respaldos dentro y fuera de Colombia que facilita personas y organizaciones les abran las puertas, alberguen sus bienes y fortunas, los reconozcan como interlocutores legítimos y hasta propaguen pasivamente los asombrosos discursos con los cuales pretenden justificar sus atropellos.
Sin embargo, en este mundo interconectado, de comunicación instantánea y ecuménica es cada vez más claro que el conflicto armado de Colombia no tiene justificación. Cuando no hay terrorismo de estado es imposible que surja una razón para justificar los hechos violentos de quienes están contra el Estado.
En Colombia ni el Estado ni la ciudadanía enfrentamos organizaciones político militares de oposición al Estado y al Régimen político, sino grupos de delincuencia organizada que se financian del narcotráfico y el secuestro, que no observan ningún respeto por la vida ni por los bienes de la gente y cuyas acciones son ilegítimas e ilegales. La nuestra es una democracia con amplio respaldo popular, en proceso de consolidación y modernización, asediada por una minoría violenta sin respaldo popular, cuyas principales fuentes de financiación son el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
Nuestro Estado ha realizado importantes esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. En 9 años pasamos de 25% a 55% de la población con cobertura en salud. Gastamos en educación el equivalente a 5% del PIB. Nuestro Gobierno está empeñado en una revolución educativa que pretende ampliar en un millón y medio los cupos de educación básica y en 500.000 los cupos en la educación superior. La sociedad colombiana enfrenta aún problemas de pobreza y de desigualdad social que la violencia empeora en vez de solucionarlos. Los más débiles sufren las consecuencias del terrorismo con mayor crudeza.
La recesión mundial, la inseguridad y los gastos que demanda el conflicto armado interno agravan la crisis social en Colombia. La política de seguridad democrática que impulsa el Presidente Uribe tiene como propósito fundamental poner fin a esta situación. Consiste en fortalecer la capacidad del Estado para contener a los grupos armados ilegales e imponer la autoridad legítima del Estado en todo el territorio nacional.
Construimos Seguridad Democrática para proteger a la sociedad y la democracia colombianas de los ataques terroristas. Para llevar la autoridad del Estado a todos los rincones del país, evitar los ataques a los civiles y el imperio de las bandas de narcotraficantes en asocio con estos grupos. Estamos construyendo Seguridad democrática para garantizar el ejercicio de las libertades de pensamiento, locomoción y empresa para todos los colombianos. Política de seguridad para combatir simultáneamente el terrorismo, el paramilitarismo y el narcotráfico. Contrario a lo que alegremente vaticinaban algunos opositores al Gobierno en la aplicación de la seguridad democrática no se ha presentado el deterioro en la situación de derechos humanos.
Y aunque apenas estamos en el inicio de al tarea los resultados hablan por si solos: los homicidios han bajado de 2500 por mes a 1800 entre Agosto y Febrero. Los secuestros de 300 por mes a 170 en el mismo período. En el primer semestre de 2002 se registraron 170.000 desplazados internos y en el segundo 98.000. En el primer semestre del 2002 se denunció la muerte de 98 sindicalistas, en el segundo de 52 y en los primeros 3 meses del 2003 9. Falta mucho todavía para recuperar la paz y la seguridad pero estas cifras nos indican que vamos por el camino correcto.
Resulta fundamental considerar estas premisas para entender la realidad de lo que ocurre en nuestro país en DD HH y DIH. Para comenzar es inadmisible colocar a quienes realizan actos terroristas, asesinan, destruyen el patrimonio común y secuestran, en pie de igualdad con el Estado democrática y legítimamente constituido. Así lo está entendiendo la comunidad internacional y lo tenemos que entender todos los colombianos de bien.
Al respecto, sorprende la campaña de desinformación que alientan las FARC para promover su proyecto de realizar un intercambio de guerrilleros legalmente presos por civiles secuestrados, excluyendo de ese eventual intercambio a miles de personas secuestradas por ellos con fines extorsivos.
A la luz de los mandatos del Derecho Internacional Humanitario tenemos que cortarle todas las alas a la imaginación en este tema que como se ha planteado es un disparate.
Ustedes saben que en un conflicto armado no internacional como el nuestro es obligatoria la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), más precisamente del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, del Protocolo Adicional II, y de una serie de normas consuetudinarias relacionadas con los principios y las reglas de conducción de las hostilidades.
La toma de rehenes está clara y estrictamente prohibida por el DIH y constituye una violación grave del mismo.
Es un tema sobre el cual no existen dudas ni admite interpretaciones: en el marco de un conflicto armado, toda toma de rehén debe ser condenada. Y la liberación de los rehenes debe ser exigida imperativamente, de inmediato y sin condiciones.
Hay que llamar a las cosas por su nombre. En Colombia no hay secuestros políticos derivados del conflicto interno sino la retención arbitraria, injustificable y cruel de miles de ciudadanos para arrebatarles sus bienes y su patrimonio
Las FARC no mantienen secuestrados a un grupo de miliares y políticos objetivo de su delirante proyecto de canje. Secuestraron 839 personas en 2001 y 943 en 2002. Y retienen desde hace varios años a centenares más.
Por eso resulta inadmisible ética y jurídicamente que el Gobierno y la sociedad nos olvidemos de esos miles de hombres y mujeres que han sido apartados ilegalmente de su vida, de sus familias y de su actividad.
Antes de hablar de acuerdo humanitario los grupos armados ilegales y muy especialmente las FARC y quienes de buena fe pretenden apoyar su proyecto de acuerdo humanitario, deben recoger y dar muchas explicaciones al país y al mundo acerca de los múltiples abusos que todos los días y desde hace varios años comete ese grupo armado ilegal contra los rehenes y contra sus familias.
Estoy hablando de prácticas como el pago reiterado e infructuoso de rescates. Los maltratos y la muerte de los secuestrados. La práctica reiterada de liberar al secuestrado pero secuestrar al mismo tiempo al familiar que acudió al pago del rescate. La exigencia de recates a las familias por los cadáveres de los muertos o asesinados.
¿Con qué cara pueden hablar las FARC de acuerdo humanitario ante los colombianos y ante la comunidad internacional cuando retienen y maltratan a tantas personas? ¿Con qué cara puede hablar de acuerdo humanitario ante los colombianos y ante la comunidad internacional un grupo armado ilegal que no limita sus medios de combate, que convierte a los civiles en rehenes, que realiza ataques contra la misión médica, contra religiosos, sindicalistas, autoridades civiles y periodistas; que recluta menores de edad; siembra minas antipersonales y realizan ataque terroristas sin medir las consecuencias sobre los civiles?
La propuesta de canje de las FARC es inaceptable para el Gobierno simplemente porque la liberación de miembros de grupos armados rebeldes, a cambio de rehenes, es contraria al DIH, y equivaldría a institucionalizar y consagrar en nuestro país la toma de rehenes.
Desde este escenario quiero reiterar a los familiares de todos los secuestrados que no están solos en su legítima lucha por recuperar la libertad de sus seres queridos.
La liberación de los rehenes debe ser inmediata y sin contraprestación. Nuestro mensaje sobre el particular es contundente: el único acuerdo humanitario que sirve y conviene al país es el que se construya con cargo a la liberación de todos los secuestrados y a la renuncia total de los grupos armados ilegales a utilizar el secuestro.
En lo que sí perseveramos es en la búsqueda de la paz. Avanzan en el país importantes experiencias como el Laboratorio de paz del Oriente Antioqueño o la Constituyente del Tolima, que aportan espacios para la construcción de un destino político, económico y social común de las regiones. Son procesos que cuentan con el respaldo del Gobierno y muchas de cuyas experiencias exitosas extenderemos a otras regiones del país.
Estamos facilitando y dando plenas garantías a la reinserción de combatientes. Y queremos exhortar a más dirigentes y combatientes de los grupos armados ilegales a liberarse del narcotráfico y de la violencia y de acudir al llamado de la sociedad que les tiende su mano.
En general les diría que al mismo tiempo que mantenemos el irrenunciable respeto por nuestro ordenamiento jurídico y por el DIH el Gobierno ha mantenido abiertas las puertas del diálogo. Desde su elección, el Presidente Álvaro Uribe Vélez invocó los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas para reiniciar las conversaciones de paz.
Las FARC han rechazado todos los mecanismos de acercamiento y de diálogo.
En el caso del ELN, el gobierno nacional mantuvo las conversaciones que había con ese grupo en territorio cubano y ante su decisión de congelar este diálogo acudió al grupo de países amigos y a la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil, pero también en este caso, hasta ahora todos los esfuerzos han sido en vano.
Los grupos de autodefensa aceptaron la condición de suspender los ataques contra la población civil y han expresado su voluntad de realizar un diálogo con el gobierno tendiente a su desmovilización. Actualmente con el acompañamiento de la Iglesia Católica, adelantamos una etapa exploratoria con estos grupos.
Estamos analizando las implicaciones de un proceso de negociación y la forma de armonizar un eventual proceso de paz con ellos así como las exigencias de justicia respecto de los crímenes que han cometido.
El Gobierno Nacional ha sido enfático en afirmar que excombatiente de estos grupos no serán enrolados en la fuerza pública colombiana y que los crímenes relacionados con narcotráfico no serán objeto de negociación.
Les reitero que el Gobierno aprecia y valora que se i8mpulse dentro y fuera del país la reflexión y el debate acerca de los Derechos Humanos y el DIH en Colombia.
Les deseo los mayores éxitos en este ejercicio. La importancia e influencia de los partidos que ustedes representan les otorga una importante capacidad para exigir a los grupos armados ilegales el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y muy especialmente por la población civil.
Necesitamos el apoyo y la solidaridad del mundo para implementar mecanismos de protección efectivos a las comunidades que se encuentran en alto riesgo por vivir en zonas apartadas de la geografía nacional.
Necesitamos el apoyo y la solidaridad del mundo para fortalecer la capacidad disuasiva del Estado colombiano.
Pero sobre todo necesitamos poner fin a las mentiras, a las manipulaciones a las visiones sesgadas, distorsionadas y oportunistas que abundan tanto respecto de nuestra realidad, en temas que comprometen la vida, la seguridad, el presente y el futuro de nuestra gente, que es la mayor responsabilidad y compromiso del Gobierno.