Colombia: Un gobierno comprometido con los DDHH
Palabras del Señor Vicepresidente de la Repúbliuca de Colombia doctor francisco Santos Calderón en el 59º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Ginebra, Marzo 17 de 2003
Señora Presidenta,
señores miembros de la comisión, La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su trabajo se ha convertido en la conciencia moral de la humanidad y el Gobierno de Colombia espera que el 59ª período de sesiones contribuya a la vigencia de los derechos humanos como sólido fundamento de la dignidad de las personas y la convivencia democrática.
Diferentes factores han contribuido a perfeccionar la doctrina, la exigibilidad y la vigencia de los derechos humanos:
La conciencia ciudadana los ha situado en un lugar privilegiado de la agenda pública;
la visión integral de los derechos ha enriquecido el ideal de la libertad con el de la búsqueda de la igualdad;
la globalización y la interdependencia han fortalecido la defensa y la protección de los derechos humanos;
la corresponsabilidad internacional ha cualificado y mejorado los conceptos de soberanía y seguridad internas;
las mujeres, las etnias, los niños, los inmigrantes han visto fortalecida su capacidad de hacer realidad sus derechos.
Nuevos debates se abren en el panorama universal: cómo relacionar adecuadamente las libertades individuales con las necesidades colectivas de seguridad?. Cuáles son los deberes de la comunidad internacional en la garantía y protección de las derechos humanos?.
El Gobierno colombiano quiere insistir en la reflexión sobre un concepto debatido permanentemente: quién es responsable por la violación de los derechos humanos?. Se puede insistir en la tesis de que sólo los estados violan los derechos humanos?. La realidad colombiana desafía la doctrina tradicional. El mundo es testigo de la práctica reiterada y sistemática de los grupos subversivos y de autodefensas ilegales de ejecuciones sumarias, torturas, secuestros, conculcación de la libertad de movilización, opinión, pensamiento, residencia y organización.
La Subcomisión de Promoción y Protección reconoció en sus deliberaciones de Agosto del 2002 que existen las bases y la urgencia de adelantar este debate y reconocer que otras entidades son susceptibles de violar los derechos humanos. Esta discusión no es nueva. En el 47ª período de sesiones de esta comisión, el Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos, al referirse a la actividad de los grupos armados irregulares por separado o en vinculación con las bandas de narcotraficantes, señaló en su informe:
"Así pues, estos grupos armados irregulares o las bandas de narcotraficantes o mercenarios cometen actos no solo contrarios al derecho internacional y nacional, sino que deben ser señalados como violadores de los derechos humanos. Podría sostenerse que no son aplicables a estos grupos las preceptivas del derecho internacional, pero tal extremo ignoraría que éste está formado no sólo por normas convencionales, sino también por principios generales y por normas consuetudinarias que son exigibles tanto a los Estados como a los particulares" (Párrafo 158).
Estamos pues ante una crucial disyuntiva: se mantiene una perspectiva exclusivamente jurídica en la doctrina de derechos humanos o se incluye la dimensión ética y política?. Las víctimas esperan que la Comisión avance en sus conceptos como mecanismo de disuasión a los victimarios y de protección de sus derechos. Esta definición obliga a precisar el alcance del artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dice: "Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración".
El carácter transnacional de las amenazas sobre los derechos de las personas y las instituciones democráticas, de su financiación y de sus repercusiones obligan a plantearse otra cuestión: cuál es hoy el alcance de las obligaciones de la comunidad internacional?. Vuestros gobiernos y ustedes mismos saben que la principal fuente de financiación de las actividades terroristas de muchos grupos es el narcotráfico, que sus capitales circulan en bancos internacionales, que sus armas y explosivos provienen del mercado mundial de armas, que sus actividades amenazan otras naciones.
Colombia también está azotada por el flagelo del terrorismo. La acción deliberada y sistemática de los grupos armados ilegales está dirigida a crear caos y temor en la población, destruir la infraestructura económica del país y a socavar las instituciones y la voluntad democrática y soberana de la población. Por cada miembro de la fuerza pública muerto en el año 2002, por lo menos 6 civiles fueron asesinados por los grupos armados ilegales; por cada soldado o policía convertido en rehén en contra del Derecho Internacional Humanitario, 43 civiles fueron secuestrados. 35 alcaldes fueron asesinados en los últimos 3 años y 62 concejales lo fueron en el último año.
En su demencial carrera terrorista los grupos armados ilegales colombianos volaron durante el año 2002, 483 torres de energía, 62 torres de comunicaciones, 100 puentes y atacaron 12 acueductos. Se calcula que los grupos insurgentes y de autodefensa ilegales reciben ingresos superiores a los 800 millones de dólares al año, provenientes en su mayoría del narcotráfico.
Cientos de comunidades dispersas en lugares remotos de nuestra geografía son víctimas de la violencia, las presiones y la extorsión de estos grupos, más de un millón y medio de colombianos y colombianas se encuentran desplazados de sus viviendas.
Ante esta realidad, el Estado y la sociedad colombianas reclaman que la comunidad internacional valore correctamente a los grupos armados ilegales. Pretender que ellos son luchadores políticos y por la justicia social es desconocer la realidad de la democracia colombiana y del empobrecimiento de la población por su persistente violencia. Cada día es más evidente que sus prácticas han derivado hacia el terror; los carros bomba, los cilindros cargados de explosivos, el secuestro para presionar beneficios, las amenazas de muerte a funcionarios civiles, el desplazamiento, las masacres y las ejecuciones extrajudiciales comprueban esta aseveración.
Así las cosas surgen varias preguntas: debe permanecer la comunidad internacional impasible ante los ataques a los civiles y la democracia en Colombia?. Es suficiente condenar el terrorismo o es imperativo defender el Estado de Derecho?. Debe la comunidad internacional cooperar con el Estado colombiano para lograr la protección de los civiles y de las instituciones legítimas amenazadas?. La exigencia y la presión a los grupos armados ilegales para que respeten el Derecho Internacional Humanitario deben provenir sólo de la sociedad colombiana?. Nuestro país espera respuestas creativas e innovadoras a estas inquietudes. Colombia ha convocado la solidaridad internacional para lograr mayor efectividad en la protección de comunidades y personas contra estas aleves amenazas.
El Estado colombiano no ha escatimado esfuerzos para cumplir con sus obligaciones en estas materias. El Presidente Álvaro Uribe Vélez ha encabezado la implementación de la Política de Seguridad Democrática. El objetivo principal de la política de seguridad democrática es garantizar a todos los colombianos y colombianas el disfrute de todos los derechos y libertades en todo el territorio.
La política de seguridad democrática se ha aplicado respetando todos los compromisos internacionales de Colombia con el Pacto de derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y las leyes colombianas. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional al declarar exequibles con mínimas excepciones las normas que se han expedido por parte del Gobierno.
El presidente Álvaro Uribe Vélez, la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y la cúpula militar han impartido claras instrucciones a la fuerza pública de observar estrictamente el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la política de seguridad democrática, no estamos dispuestos a alcanzar la seguridad pagando el costo de la legitimidad. Para que este esfuerzo sea eficaz se requiere la credibilidad del pueblo colombiano y la sostenibilidad de la política y para lograr estas dos condiciones es preciso el respeto a los derechos humanos por parte del Estado. La convicción ética y política y la conveniencia inspiran esta política del Estado colombiano.
La política de seguridad democrática está dirigida contra todos los actores armados ilegales y pretende proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas. Queremos evitar que desplacen a los campesinos o secuestren a los ganaderos o empresarios; proteger a los sindicalistas y a los alcaldes; garantizar la libertad de expresión de los políticos y de los periodistas; permitir el libre y tranquilo tránsito de los dueños de vehículos particulares y de los usuarios del transporte público; facilitar la labor de los empleados y de los empresarios sea cual sea su capital.
La política de seguridad democrática ha convocado la solidaridad y participación ciudadana y utilizado las leyes pre existentes para lograr el bien común de la seguridad para todos. Los detractores de esta política han pretendido que estas estrategias involucran a los civiles en la confrontación desconociendo el espíritu y la realidad de estas estrategias.
Los llamados soldados campesinos, consagrados en la ley colombiana desde 1993, son militares formados con la misma intensidad y metodología de todos los soldados de nuestras fuerzas armadas, están sometidos a los mismos reglamentos y estructura jerárquica, hacen parte de contingentes distribuidos en regiones donde hoy no hace presencia la fuerza pública estatal y respaldados por tropas regulares que operan en las áreas. Lo que es incomprensible para el Gobierno Nacional es la contradicción entre pedir la garantía de la seguridad para todos y la objeción a los esfuerzos del gobierno para lograrlo. Sólo la presencia del Estado en todo el territorio garantiza la protección de la población y el disfrute de sus derechos.
La colaboración ciudadana con información es una práctica consagrada en todas las democracias del mundo y un deber ciudadano. Las redes de colaboradores en información no están armadas y no practican procedimientos judiciales ni policiales. La información que ellas aportan es procesada por los organismos de seguridad del Estado. Para el gobierno nacional esta es la cabal aplicación de los preceptos del artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagran los deberes de toda persona respecto a la comunidad y las sujeciones a la ley para asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades, la satisfacción de las exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.
El inmenso respaldo de la población colombiana a la política de seguridad del gobierno demuestra que vamos por la senda correcta. También lo demuestran los resultados obtenidos: 50 toneladas de explosivos decomisadas evitando cientos de muertes, la reducción de los homicidios de 2.500 por mes a 1.850 en 5 meses, la reducción de los secuestros de 300 por mes a 170 en el mismo período, la reducción de la vergonzosa cifra de sindicalistas y defensores de derechos humanos asesinados, recuperar para todos las carreteras durante el mes de diciembre y facilitar el reencuentro de las familias o el disfrute del descanso navideño que se convirtió en una gran fiesta nacional. Poco a poco renace la esperanza.
Ni los resultados son totalmente satisfactorios ni la tarea es fácil, la política de seguridad democrática no produce milagros en corto tiempo; pero con el compromiso de la sociedad colombiana y la colaboración internacional lograremos erradicar el terror, el dolor y la desesperanza.
La política de seguridad democrática es una necesidad en Colombia y no un capricho del gobierno. Es la respuesta de la democracia y la sociedad colombianas a la arrogancia y obcecación de los grupos armados ilegales. Las puertas del diálogo han estado abiertas. Pedimos que se suspendan las acciones violentas contra los civiles, se acepte la participación internacional y se dialogue de buena fe. Como se puede ver no son imposiciones arrogantes, son condiciones mínimas para tener un proceso creíble y fructífero, para proteger una eventual negociación a la cual el Estado colombiano nunca se ha negado.
El Gobierno Nacional ha comprometido todos sus esfuerzos en otras estrategias para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia. Dentro de estas estrategias cabe destacar:
- el fortalecimiento de la capacidad de prevenir las violaciones de los derechos humanos,
- combatir la impunidad en estas violaciones,
- fortalecer los programas de protección de comunidades y personas especialmente vulnerables,
_ comprometer a todo el Estado, a todos los niveles, en la garantía y protección de los derechos humanos,
- arraigar en toda la sociedad y en todos los funcionarios y funcionarias la cultura de los derechos humanos,
- unir los esfuerzos del Estado con la sociedad para lograr estos propósitos,
- interlocución permanente con las organizaciones de derechos humanos,
- implementar el Plan Nacional de Acción contra las minas anti personales,
- facilitar la desvinculación de los niños de los grupos armados ilegales,
- atender adecuadamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
En este propósito hemos mantenido la tradición del Estado colombiano de mantener estrechas y sinceras relaciones con los países, organismos multilaterales y organismos no gubernamentales. El actual gobierno solicitó a la Oficina del Alto Comisionado ampliar a cuatro años el acuerdo para la permanencia de la oficina en nuestro país, los organismos del sistema de las Naciones Unidas mantienen una permanente interlocución con el gobierno sobre diversos asuntos, todas las solicitudes de organismos no gubernamentales para visitar las zonas de rehabilitación han sido aprobadas de manera inmediata.
Esta ocasión es propicia para reiterar al Alto Comisionado la invitación del gobierno colombiano para que visite nuestro país y hacer una invitación abierta a todos los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas para que también lo hagan y constaten la legitimidad y transparencia de la actuación del Estado colombiano.
Nuestro país espera que la comunidad internacional siga respaldando los esfuerzos por el fortalecimiento de la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y la superación de la crisis humanitaria. Esperamos su cooperación técnica para hacer mejor nuestras acciones; su ayuda para que ni personas ni dinero ni armas ligadas al terrorismo tengan refugio en sus países; invocamos su cooperación para proteger a los civiles y la democracia de los ataques insensatos; solicitamos que exijan a los grupos armados ilegales el sometimiento a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El gobierno de Colombia está empeñado en hacer las profundas rectificaciones que la sociedad colombiana y los imperativos morales demandan, en ese esfuerzo contamos con el respaldo de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, y estamos abiertos a los consejos constructivos; pero también demandamos que tengan la certeza de que tal como lo expresó recientemente el Presidente Álvaro Uribe Vélez: "Hay tanta firmeza para derrotar el terrorismo como tanto compromiso para enseñorear en el territorio de la Patria el imperio de los Derechos Humanos".