Esclavitud en el Siglo XXI
Palabras del Señor Vicepresidente de la República de Colombia, doctor Francisco Santos Calderón en la conferencia "Estrategias de choque en la lucha global contra el tráfico sexual", organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica
Washington, Febrero 24 de 2003
Hace pocos días los colombianos escuchamos a través de la radio, el testimonio de una mujer caleña de 19 años que aceptó una oferta para trabajar como prostituta en Japón, como último recurso para lograr una fuente de ingreso que le permitiera mantener a su esposo y a su hijo de 3 años. Cayó así en poder de una siniestra organización criminal que la obligó a atender un promedio de 30 clientes por día sin que en los cuatro meses que transcurrieron antes de que pudiera escapar, hubiera logrado ingreso ni ahorro alguno ante la inagotable y cruel imposición de sus captores de pagarles el supuesto valor del viaje y de su manutención.
También conocimos la historia de un joven de 22 años que decidió interrumpir sus estudios de ingeniería para aceptar un trabajo con una multinacional en Alemania, ofrecido a través de un aviso de prensa. Creyó encontrar la gran oportunidad de su vida pero pocos días después estaba trabajando como esclavo en una cantera en Rumania, dominado por una mafia de la cual sólo logró liberarse dos años después.
Historias como estas y aún peores ocurren todos los días en Colombia y en muchos otros países afectados por el tráfico de personas que no es más que una versión contemporánea de la esclavitud. Esclavitud de seres humanos de diferentes edades mediante engaño, traslado a otros lugares y explotación.
Cada año más de 700 mil mujeres, hombres y niños son víctimas de ese tráfico ilegal en el mundo. Es una actividad de amplia cobertura que produce enormes cantidades de dinero. La Organización Internacional de Migraciones (O.I.M.) calcula que tan solo en Europa por trata de mujeres se mueven aproximadamente 7.000 mil millones de dólares anuales.
Como ustedes saben, las víctimas de este tráfico son por lo general personas débiles o indefensas que son utilizadas para fines sexuales, explotación laboral, para cometer ilícitos, para establecer forzosamente relaciones filiales y hasta para fines relacionados con la comercialización de órganos y tejidos.
Las tenebrosas organizaciones que operan este tráfico de personas han hecho de esa la tercera actividad criminal más rentable del planeta, después del tráfico de narcóticos y de armas.
La magnitud de este ilícito y sus devastadoras consecuencias para la gente resaltan la importancia y oportunidad de la iniciativa de la Subsecretaria de Estado para asuntos globales, Paula Dobriansky de promover el análisis y el estudio de los diferentes aspectos poblacionales, migratorios, de explotación laboral, mercantiles, criminales que integra el problema del Tráfico de Personas y de impulsar soluciones desde las sociedades y los gobiernos.
El que vivimos tiene que ser indudablemente un tiempo de soluciones, pues hasta ahora la prostitución forzada, el tráfico de mujeres, de niños y niñas para dedicarlos a la prostitución, mendicidad, trabajo forzado o prácticas esclavistas ocurre sin mayores sanciones tanto para los traficantes como para los consumidores.
Esto ocurre en buena parte por el poder de intimidación que tienen las bandas organizadas de traficantes, que causa temor en la ciudadanía y en las víctimas para denunciar estos hechos. Y también porque las organizaciones criminales utilizan mecanismos sofisticados para reclutar a sus víctimas y para obligarlas a realizar el trabajo que les quieren imponer. Son organizaciones de alta peligrosidad, que destinan grandes sumas de dinero a estas transacciones inhumanas, crueles y degradantes.
En el mundo contemporáneo nadie duda que la globalización de la economía ha provocado la globalización del crimen. Por eso los gobiernos, las organizaciones y las personas tenemos la obligación inaplazable de acometer conjuntamente la tarea de erradicar esta actividad para siempre.
Existen para ello disposiciones, normas e instrumentos adecuados. Por ejemplo, en octubre de 2000 el Congreso de los Estados Unidos sancionó la "Ley para la Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia" una legislación que ofrece un gran conjunto de herramientas para perseguir a los traficantes de personas, otorga protección a las víctimas, aumenta las penas a los traficantes y convoca mayor compromiso de los Estados para luchar contra este delito.
El Estatuto Penal Internacional, catalogó a la esclavitud y la prostitución forzada, como delitos de Lesa Humanidad, cuando estos "se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". Definió la esclavitud como "el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de alguno de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños".
Con este delito sucede algo similar a lo que ocurre con el narcotráfico: no hay ninguna herramienta más eficaz para combatirlo que la cooperación entre los gobiernos, a través de acciones integradas, conjuntas, innovadoras y audaces. Esto incluye desde luego más vigilancia y control dentro de las fronteras, acciones policiales coordinadas y también una persecución real e implacable de las fortunas que los traficantes introducen en el sistema financiero internacional a través de transferencias interbancarias, casas de cambio, compañías de seguros, compañías de financiamiento comercial, organizaciones sin ánimo de lucro y toda la amplia gama de ingeniosas posibilidades financieras que existen por la complacencia de las leyes bancarias en los llamados paraísos fiscales.
Junto con Brasil y República Dominicana, Colombia es una de las tres principales víctimas del tráfico mundial de seres humanos en la región. En nuestro país el segmento de población mayormente vulnerable es el de las mujeres en edad productiva. Cada año, unas 50 mil colombianas -en promedio diez cada día- son sacadas de Colombia y llevadas a Asia y a Europa para ejercer la prostitución.
Este fenómeno tiene mucho que ver con nuestra problemática: desempleo, conflicto armado, violencia intrafamiliar y empobrecimiento de la población. Miles de compatriotas que tratan de buscar mejores horizontes se convierten sin saberlo en presa fácil de las organizaciones criminales dedicadas al comercio y explotación de seres humanos.
Sin embargo hay que resaltar que a la vez que víctima principal del tráfico de personas Colombia es también uno de los países más avanzados en combatir este delito. El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado 12 de julio de 2001 certifica que a pesar de que contamos con recursos económicos e institucionales muy limitados y de tener un sistema judicial ineficiente, Colombia es el único país de la región en donde se cumplen los estándares establecidos en la lucha para erradicar el Tráfico de personas.
Desde 1996 la Presidencia de la República constituyó un Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tráfico de Personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, que integra varios ministerios y la totalidad de las entidades relacionadas con este asunto.
Desde entonces, hasta ahora actuamos constantemente en las regiones más vulnerables al tráfico de personas, en diferentes tareas como reconocer y poner en práctica medidas para enfrentar este fenómeno y crear al mismo tiempo un tejido institucional capaz de poner en marcha mancomunadamente estrategias de prevención y de asistencia.
Bajo la dirección del Comité se realizan constantemente actividades de prevención tales como sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública acerca del problema y de las formas de combatirlo. La Fiscalía General de la Nación elabora el registro particular de los casos de tráfico de personas y realiza cursos de capacitación sobre la Prueba Pericial y el Manejo Científico-técnico de las decisiones judiciales. El DAS, organismo de seguridad del Gobierno, tiene un sistema de intercambio de información de inteligencia sobre redes criminales que se dedican al tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual, que está vinculado con las redes de apoyo internacional en el ámbito policial a través de INTERPOL. La Policía y el DAS tienen en servicio una línea telefónica de acceso gratuito para la atención de denuncias relacionadas con este delito.
Nuestra Policía cuenta con gran experiencia y conocimiento del modus operandi de las bandas de traficantes a través de las gestiones y operativos que realiza con la Sección de Policía Judicial, Grupo Humanitas, que rastrea permanentemente avisos clasificados de los diarios, discotecas, centros educativos, casinos, agencias matrimoniales, la prostitución personalizada y todas las actividades que sirven de cantera a los traficantes.
Igualmente bajo la orientación del Comité se han conformado redes sociales para prevenir el tráfico con fines de explotación sexual, en las zonas más vulnerables. En la actualidad Colombia cuenta con 11 casas de Justicia, financiadas con recursos de cooperación internacional. Con el liderazgo de organizaciones no gubernamentales se adelantan campañas preventivas dirigidas a la comunidad educativa acerca de las diferentes modalidades de constreñimiento e inducción utilizadas por la delincuencia organizada para reclutar personas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de la asistencia a las víctimas de trata de personas en el exterior. Nuestras representaciones consulares cuentan con abogados que brindan asesoría jurídica a las víctimas y con personal de asistencia social encargado de procurar el respeto de los derechos humanos de los colombianos, incluidos el debido proceso, la no discriminación, el derecho de defensa, entre otros.
Como órgano asesor del Gobierno en materia de política, el Comité ha adelantado acciones tendientes a lograr la ratificación de convenciones internacionales relacionadas con el tráfico de seres humanos a las que Colombia no había adherido, tales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949) y la Convención de la Haya sobre aspectos Civiles de Secuestro Internacional de Menores (1980) y se impulsó la aprobación de la Ley 470 de 1988 que permitió ratificar la Convención Internacional sobre Tráfico Internacional de Menores. Colombia participó activamente en todos y cada uno de los escenarios que llevaron a buen termino la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y de sus Protocolos adicionales y nuestro país conformó el grupo de los primeros Estados que suscribieron la Convención y su protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres, niñas y niños.
Tan o más importante que acatar estas normas internacionales resulta contar con una legislación interna adecuada para enfrentar el problema. Acorde con los avances del derecho internacional y dando plena vigencia a los compromisos adquiridos por nuestro país, logramos un primer gran avance al penalizar severamente el tráfico de personas en el Código Penal de 2000. Y en el año 2002 el Congreso aprobó la Ley 747 orientada a perseguir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos proveniente del tráfico de personas. Esta ley hace punible la financiación del tráfico de migrantes al igual que la Trata de Personas. Igualmente asimila el Tráfico y la Trata de Personas a delitos de especial gravedad como el tráfico de estupefacientes, de armas, la extorsión, el secuestro y el enriquecimiento ilícito, entre otros y determina una pena de prisión entre 6 y 15 años y una multa que puede estar entre 6 mil y 6 millones de dólares para quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes y trata de personas, de a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes.
En general destacaría la correspondencia de nuestra legislación con lo determinado en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, adicional a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional.
Considerando la magnitud, complejidad y alcances del tráfico de personas desde nuestra experiencia señalaría como la mejor estrategia para enfrentarlo, el trabajo conjunto de la sociedad civil, el gobierno y la comunidad internacional. En nuestro país han surgido importantes organizaciones como la Fundación Esperanza, que promueven con gobiernos, individuos y ONGs, dentro y fuera del país, mecanismos para combatir el delito y para dar asistencia a las víctimas.
Como producto de esta interacción hemos adelantado tareas como sensibilizar y capacitar a los cónsules colombianos en los países de destino. Esto ha permitido que estos cónsules conozcan y reconozcan el problema y ofrezcan atención especializada a las víctimas del Tráfico de personas en el exterior. Además de beneficiar a las víctimas colombianas en diferentes países, esta acción ha evitado que se sigan criminalizando personas objeto de tráfico en los países de destino por su condición migratoria irregular y nos ha permitido darles asistencia adecuada desde esos países.
Trabajamos también en la formación continuada en tráfico de personas de funcionarios del Estado, operadores de ONGS y de organismos departamentales y municipales.
El Aeropuerto Internacional de Bogotá es el principal puerto de salida y de llegada de colombianos víctima de tráfico de personas por lo cual lo hemos visualizado como escenario de la última oportunidad de implementar estrategias de prevención para disminuir el tráfico y sus efectos. La Fundación Esperanza trata de indentificar posibles víctimas y les entrega información respecto del tráfico, las organizaciones que lo adelantan y los derechos que pueden exigir según el destino. Trabajan también con víctimas que viajan con documentación falsa para capturar traficantes dentro del aeropuerto y no llevar a la cárcel a personas forzadas a utilizar este tipo de documentación. Esta táctica de detectar tempranamente casos y evitar la criminalización de víctimas ha dado muy buenos resultados.
La presencia en el Aeropuerto constituye igualmente la primera oportunidad para ofrecer atención a las víctimas que retornan a Colombia. De allí pasan a programas de asistencia adecuados a su realidad.
Son este conjunto de medidas y de respuestas las que han permitido que Colombia sea actualmente el único país de América ubicado por el Departamento de Estado en el Nivel 1 para enfrentar el tráfico de personas.
La decisión del gobierno del Presidente Álvaro Uribe es consolidar y dar proyección a estos esfuerzos para lograr mayor eficacia en la asistencia y protección de las personas que son o que han sido víctimas de estos delitos, aumentar la participación activa de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el tema, la participación del Sector Educativo y la solidaridad de los colombianos frente al tema.
A pesar de todos estos esfuerzos, aun somos un país con más de 50 mil ciudadanos víctimas de este delito transnacional. Es mucho el camino por recorrer. Y quiero ilustrarles que tanto. Hace unos meses una periodista espanola que vive hace más de cinco anos en Colombia escribió un artículo para el diario El Mundo de Madrid sobre las mujeres de una región del país que llegan a Espana enganadas y son explotadas como prostitutas. El debate nacional que se armó no fue por el problema en sí, sino por el adjetivo que usó al referirse a las mujeres de esa región entre otras nimiedades.
Los países, los políticos, con pocas excepciones, y hasta la misma sociedad, tanto de países explotados como explotadores, se averguenzan de tener este problema. Por eso a veces prefieren ocultarlo y hasta justificarlo en vez de enfrentarlo con todo el rigor y la apertura necesaria para ser efectivos.
Por eso quiero exaltar una vez más la sensibilidad, la responsabilidad social y el contenido profundamente humanitario de esta iniciativa de la Subsecretaria de Estado para asuntos globales Paula Dobriansky. Es sencillamente inaceptable que en estos tiempos de comunicaciones instantáneas y de alta tecnología, la delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas y a otros delitos que constituyen graves amenazas contra la humanidad logren operar con amplitud y prosperidad en los países más desarrollados del mundo. Hay que cerrarle todos los espacios y todas las posibilidades a esta actividad. Ese es el significado profundo de este encuentro y de la misión que nos impone en cada uno de nuestros países.