Tolerancia cero con la corrupción
Intervención del Señor Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón, en la Asamblea Nacional de la ANDI
Pese a la mala imagen que tiene Colombia respecto de la corrupción, los índices de transparencia internacional señalan que nuestro país ha logrado avances sustanciales en la lucha contra ese problema.
Hay desde luego, un espacio muy importante para mejorar. Para ello tenemos que establecer una política de Estado acerca del tema. Hay un programa, pero no lineamientos bajo los cuales todas las entidades del Estado deban funcionar en sus distintas áreas, como transparencia o rendición de cuentas.
Un segundo tema fundamental es que el ocultamiento de la información facilita la corrupción. Si un ciudadano quiere analizar, por ejemplo, los antecedentes de una adjudicación y pide que le muestren las propuestas, le responden con un no rotundo, porque se trata de información reservada. Pero resulta que hay claras normas constitucionales y legales que garantizan acceso a toda esa información. Lo que hay al respecto en el país es una especie de cultura de ocultamiento de información.
Igualmente observamos un alto nivel de captura del Estado por parte de los intereses privados. Por intereses privados entendemos obviamente la clase política, lo cual no es ningún secreto. Por eso el Presidente Álvaro Uribe plantea la Reforma Política en el referendo. Se trata de desamarrar al Estado de los intereses directos tanto de esa clase política, como de la clase empresarial. Estamos hablando de licitaciones amarradas, carruseles de licitantes y de todas esas prácticas corruptas que desafortunadamente son continuas y le hacen mucho daño al país.
Al analizar la situación actual de la lucha contra la corrupción en nuestro país, encontramos igualmente que existe una gran duplicidad de funciones entre los organismos de control. A veces la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, inician una misma investigación y obtienen tres resultados distintos. Es preciso coordinar estas tres entidades, para no duplicar esfuerzos, bajo la premisa de que cada una es especialista en una función. El trabajo fiscal lo puede hacer mejor la Contraloría, sin embargo muchas veces la Fiscalía pide que le repitan el trabajo. Se necesita mejorar la coordinación.
La corrupción produce la pérdida de billones de pesos, indispensables para atender las necesidades del desarrollo. Según la encuesta del Banco Mundial, que simplemente es de percepción pero en la cual los encuestados son compradores y vendedores dentro del Estado, por compras, el Estado paga en promedio 20% más de lo que paga una empresa normal. Los cálculos indican que por ese rubro se pierden aproximadamente 2 billones de pesos. Ni hablar de los billones y billones de pesos que se pierden si entramos a examinar los contratos en la DIAN o en INVIAS, por poner sólo dos ejemplos.
Lo que pretendemos en este gobierno es implementar una política de Estado contra la corrupción, basada en liderazgo y coordinación interinstitucional. Se trata de poner a todo el mundo a trabajar en la misma dirección, lo cual no sucede en la actualidad. Este es un tema prioritario en la agenda de gobierno y uno de los puntos primordiales que llevaron a que el Presidente Uribe fuera elegido.
Como objetivos generales de esta política buscamos incrementar los costos de la comisión de los delitos de corrupción e incrementar los niveles de transparencia de la información acerca de la gestión pública, es decir, acabar con la cultura del ocultamiento. Es necesario coordinar instituciones, meterle mano a las leyes y adelantar todo un proceso, porque hoy en día la corrupción no le cuesta a nadie. Sólo para presentarles un ejemplo de lo que pasa con el dinero de las regalías les cuento lo siguiente: el acueducto de Maicao lo han pagado tres veces y todavía la población no lo conoce. Y hay una denuncia en la Fiscalía, pero no ha avanzado.
Dentro del tema de transparencia y de costos, ya hemos tomado decisiones como acabar con el mecanismo de la casa por cárcel, un beneficio que tenían muchos delincuentes de cuello blanco. También, a través de una Directiva Presidencial, porque no se necesita cambiar la Ley, acabar con las cárceles especiales. A través de un proyecto de Ley que presentará el Ejecutivo, planteamos que quienes cometan delitos contra el patrimonio público no puedan volver a contratar. Se trata de la transformación de la Ley 80 de Contratación, que convertirá en realidad muchos de los compromisos de la campaña presidencial.
Otro de los objetivos es garantizar que los esquemas de rendición de cuentas incluyan evaluación de aspectos relacionados directamente con la corrupción. Ustedes ya están viendo lo que hace el Presidente al ir a las regiones cuando pone a los funcionarios regionales a rendir cuentas. Ese proceso hay que llevarlo a un nivel más específico. Pensamos diseñar mecanismos para que los alcaldes empiecen a rendirle cuentas a su comunidad. Un ejemplo, la costa nariñense del Pacífico que recibe dineros de transferencias, tiene índices de analfabetismo de 60%, los mismos de Africa, entonces ¿dónde esta esa plata? Es muy posible que la estén malversando y para impedirlo hay que llevar a que el gobernante rinda cuentas al ciudadano.
El primer proyecto que empezamos tiene que ver con la falta de coordinación. Ya acordamos con la Fiscalía y con la Procuraduría iniciar reuniones para apuntarle a investigaciones ejemplarizantes. Simplemente les quiero plantear un caso. En España, el señor Mario Conde, un banquero que era el héroe de los yupis en 1980, se robó un banco a través de autopréstamos. Lo condenaron, finalmente fueron rebajándole penas y el Tribunal Supremo, en un acto de esos ejemplarizantes, no sólo cambió toda la penalidad que tenía, sino que lo condenó a 25 años de prisión. Nosotros necesitamos empezar a producir esos casos ejemplarizantes. La justicia colombiana debe dar ejemplo y ser la luz que empiece a decirle a los corruptos "aquí si van a empezar a pagar cárcel". Para eso es el mecanismo de coordinación interinstitucional, para que la Fiscalía haga una parte de la investigación, la Contraloría la otra y la Procuraduría todo el tema disciplinario.
El segundo proyecto es el seguimiento de los recursos provenientes de la corrupción. Hoy en día el Estado tiene un mecanismo muy efectivo de análisis de lavado de activos, que se puede utilizar también para analizar a dónde se va el dinero de la corrupción, ¿Por dónde entra? ¿Por dónde sale? ¿Hacia qué bancos extranjeros se mueve? Vamos a montar una estrategia en ese sentido, para que a los casos de corrupción, que hoy muchas veces terminan en cohecho o en penas mínimas, podamos hacerles seguimiento y rastrear los dineros que se mueven por debajo de cuerda, a través de la banca colombiana e internacional, y así empezar a quitarle esos dineros a los corruptos. La Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda tiene esa posibilidad. Vamos a tener una pequeña unidad que va a trabajar con nosotros los casos más significativos de corrupción, para que los grandes recursos que se van en corrupción se puedan perseguir y el Estado los pueda recuperar.
El siguiente programa tiene que ver con un Sistema de Gobierno en Línea fundamental en la lucha contra la corrupción, porque es un generador muy potente de transparencia. ¿Qué objetivos tenemos? Estamos analizando distintas herramientas y mirando modelos como el de Nueva Zelanda, Australia, México, pero a lo que apuntamos es a tener en cuatro años un portal a través del cual se realicen todas las compras del Estado, la contratación y los servicios del Estado a los particulares, como pagos, trámites, etcétera.
¿Esto qué significa? Uno, que la gente pueda hacer sus trámites vía Internet; dos, tener el presupuesto en línea; tres, que esté todo el sistema licitatorio en línea, desde el pre pliego, porque es allí donde se están amarrando todas las licitaciones; cuatro, todo el sistema de quejas y reclamos que obviamente requiere un cambio cultural del Estado y que es importante apalancar con el trabajo que está haciendo Planeación Nacional. Quinto, el sistema de compras en línea. Hoy en día el Estado pierde recursos y mucha capacidad de negociación y de acceso a la tecnología. Con un sistema de subastas en línea, se determina un precio tope y se va generando una subasta, en la que quienes quieran venderle un producto al Estado van a ir rebajando precios y el Estado es quien se gana de esa puja entre los privados. Esperamos tener todo el tema de compras en línea aproximadamente en dos años, pero sabemos que este proyecto exige un cambio cultural que también es importante trabajar.
El cuarto tema es poner en marcha un sistema de evaluación de transparencia. El Departamento Nacional de Planeación activará, dentro de sus indicadores de gestión, un sistema de transparencia, en el cual el Estado empieza a operar por resultados. Uno de esos indicadores por resultados tendrá que ver con la evaluación de gestión en transparencia y lucha contra la corrupción. Los indicadores van a ser públicos, vamos a medir qué tanto los Ministerios y las entidades del Estado central cumplen con los requisitos en términos de transparencia, en términos de colocar información en línea, en términos de contestar pertinentemente las quejas de los usuarios. Al mismo tiempo, el ciudadano podrá medir el compromiso de ese funcionario, ejercer control social sobre los funcionarios de esas entidades que se comprometan con el gobierno a realizar una gestión y, en el momento en que no la cumplan, tendrán que hacer un proceso de rendición de cuentas, y habrá evaluación de qué tanto las entidades responden a unas políticas de transparencia.
Participación ciudadana y transparencia
El quinto proyecto es fortalecer la participación ciudadana en el control de la gestión pública. Aquí nadie le exige cuentas al Estado y él menos rinde cuentas. Eso genera corrupción, ineficacia, duplicación de esfuerzos. Entonces, vamos a proveer la veeduría ciudadana en los procesos de contratación nacional. Ya hay un mecanismo bien interesante que se llama "Colombiemos" y tiene 9.000 ciudadanos inscritos. Cuando un ciudadano solicita veedores en una región para determinado contrato, aparecen profesionales. Ya hay un mecanismo que está andando y lo que aspiramos es a llegar en cuatro años a tener 100.000 veedores preparados, articulados, para que ejerzan control social. Vamos a realizar programas pedagógicos con las entidades de control y con aquellos funcionarios o niveles críticos del Estado donde se toman decisiones que generan corrupción.
Estamos considerando promover con Transparencia Internacional una Certificación ISO 9001, para mirar los procesos críticos en los cuales se genera corrupción, para eliminar trámites y volverlos mucho más transparentes. Aspiramos llevarla a todas las entidades del gobierno central en los próximos cuatro años. Esto requiere un trabajo en el cual se analiza el proceso de decisión de una entidad, de un ministerio, del SENA, del ICBF, o de cualquiera otra entidad pública, se le hace un proceso con ingenieros, con gente calificada, se mira dónde está el riesgo, se rediseñan esos procesos y se establecen controles. Como Plan Piloto tenemos pensado el Seguro Social, por petición del ministro de Salud, Juan Luis Londoño, y de la DIAN por petición del director de esa entidad Mario Aranguren. Si podemos rescatar dineros que se está perdiendo por estos lados, de pronto nos ahorramos algunos de los dolores que se nos vienen.
El séptimo proyecto es impulsar la selección de funcionarios por méritos. Por decisión del Presidente Uribe comenzamos la experiencia piloto en el ICBF, SENA, ISS y en las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo mediante concurso abierto, ejecutado por terceros objetivos, ajenos a las instituciones contratantes. Aquí encontramos que otros Ministros empezaron a decir que también querían nombrar a los funcionarios de sus entidades a través del mismo mecanismo. Este procedimiento pone freno a la presión política, el político llega con las hojas de vida y el encargado simplemente lo invita a participar en el concurso y nos lleva a tener gente muy buena en esas entidades. Necesitamos en cuatro años no hacer más de lo mismo, sino darle el vuelco a todas esas entidades. Necesitamos gente de muchísimo nivel y sería muy importante que ustedes los empresarios les digan "vayan, concursen y si se lo gana y se van, dentro de cuatro años vuelven y tienen su puesto". Con eso nos harían un gran favor y le harían un gran favor al país, así que les dejo ese reto.
El octavo proyecto, es el fortalecimiento de las oficinas de control interno, también a través de concurso con todas las oficinas del área, que ya cuenta con ayuda internacional. Puede ser una herramienta importantísima y si funciona en el Estado sería una maravilla. Las oficinas de control interno funcionan en muy pocos lugares, son entidades que están politizadas, a las que los Ministros y las directivas no le prestan atención, pero que pueden ser un instrumento de transformación, de lucha contra la corrupción bien importante. Un instrumento de evaluación de gestión y de análisis de manejo de clientes. Al Estado le importa cinco el cliente, donde funciona, como en el Ministerio de Minas por ejemplo, hay mapas de riesgo, de zonas críticas de tomas de decisiones, hay indicadores de semáforo. Eso es un Estado moderno y queremos utilizar a estas personas de control interno precisamente para elevar el nivel, quitarles la politización en que hoy están y que se conviertan en los aliados del director de Planeación Santiago Montenegro, para el tema de los indicadores de gestión por resultado y en nuestros aliados en el tema de lucha contra la corrupción. Finalmente también son quienes pueden, si se les da el vuelo necesario y si tienen la capacidad necesaria, ser los mejores aliados de los directivos de la entidad.
En este proceso de transformación cultural, de transformación con eficacia y eficiencia en esas entidades, vamos a seleccionar aproximadamente 600 funcionarios de control interno por mérito.
Modificaciones a la Ley 80 de contratación
El proyecto nueve, tiene que ver con mejorar la normatividad relacionada con la contratación pública. Vamos a taparle todos los huecos a la Ley 80, acabar con las contrataciones fraudulentas con organismos multilaterales y cooperativas, que son gran fuente de corrupción. Vamos a eliminar la contratación directa y a cambiar esa práctica perversa donde el contratista visita la obra para ganársela y no para construirla, y acaba demandando al Estado y el Estado débil termina pagando millones y millones de pesos, que salen del bolsillo de ustedes. Vamos a cerrarle el camino a contratistas corruptos que tienen enlaces con el Estado, que tienen relaciones con la clase política y que hoy están desfalcando las arcas oficiales. Vamos a terminar también con esa vagabundería.
En este sentido, pretendemos eliminar la "subjetividad" de la contratación, fortaleciendo el uso del Registro Único de Proponentes, y generando la obligatoriedad de audiencias públicas para toda la discusión del proceso, pre-pliego, pliego, adjudicación y construcción.
Finalmente tenemos un proyecto de divulgación y capacitación. Aquí necesitamos decirle al ciudadano que la situación no es como la pintan, porque todo el mundo piensa que este es un Estado totalmente corrupto y no es cierto. Los esfuerzos que se están haciendo, y lo que el Estado ha evolucionado, es inmenso, pero desafortunadamente la percepción del ciudadano es la contraria. Entonces, debemos decirle a la comunidad: "hay unas manzanas podridas que hay que perseguir, esa manzana podrida le está quitando a usted, cuando usted accede a que lo corrompan, la posibilidad de que su hijo tenga educación, tenga más policías, tenga más seguridad". Se trata de empezar a llevarle el tema de la corrupción al bolsillo de los ciudadanos, a su vida cotidiana. En una encuesta que hizo la Secretaría del Distrito con jóvenes estudiantes de noveno grado, les preguntaron ¿para qué sirve el Estado? El 80% dijo para robar ¿Se pueden imaginar que el 80% de los muchachos de Bogotá, de todos los estratos, tengan una percepción equivocada? Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en el manejo, pero también el mismo Estado tiene la responsabilidad de ser mucho más ejemplarizante, de ser menos blando y de actuar firmemente contra la corrupción. Lo segundo es desarrollar una gran estrategia de comunicación para crear conciencia entre individuos, organizaciones y funcionarios del Estado acerca de los costos económicos y sociales de la corrupción.
Para promover el control social y para promover la denuncia responsable. La voluntad del Presidente Álvaro Uribe es tolerancia cero con la corrupción. Y todos debemos y podemos aportar para el logro de ese gran propósito.