Dialogo Social y Derechos Humanos
El Estado colombiano defiende y coopera con el Sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y en tal sentido, está por el fortalecimiento de sus mecanismos y procedimientos, como también por el cumplimiento de los compromisos que Colombia ha adquirido en materia de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Organización Internacional de Trabajo - OIT.
En ese propósito, un objetivo del Gobierno Nacional es el de continuar trabajando por consolidar a nivel nacional, una política de Estado en materia de promoción y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque diferencial y con participación activa de la sociedad civil, de los Gobiernos locales y regionales y el permanente acompañamiento de la comunidad internacional.
En el cumplimiento de esa meta, se han fortalecido entre otros, los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel del Estado, la mesa de garantías para los defensores de los Derechos Humanos, el Diálogo Social con las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, los programas de protección de diferentes núcleos poblacionales y conjuntamente entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, en cabeza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, venimos trabajando en un proceso encaminado a construir una agenda común en materia de Derechos Humanos, con énfasis en las regiones y cuya primera etapa concluirá en diciembre del año 2012 con la realización de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos. Otro propósito de la Conferencia es el de avanzar en la propuesta de crear una Oficina o Comisión Permanente de Derechos Humanos.
En ese mismo sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó incorporado como política transversal de Gobierno, todo lo referente al componente de Derechos Humanos, incluyendo la mirada de niño, de mujer, de afro descendiente, de indígena, de adulto mayor, de personas en condiciones de discapacidad, de joven, de diversidad sexual, de víctimas de la violencia, de campesino y de que cuando hablamos de Derechos Humanos, estamos hablando del derecho legítimo de los seres humanos a vivir mejor y en paz. En esa misma línea de conducta, el paso siguiente es lograr que dicha política también quede incorporada en los planes de desarrollos locales y regionales.
Dentro de esa concepción, de que lo esencial en una democracia son los seres humanos, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y recogiendo el sentimiento y demanda de la sociedad civil y de la comunidad internacional, presentó y promovió la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Reparación a las víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras. Con ésta Ley, el Estado ha querido enviar el mensaje que en Colombia tenemos que ser más sensibles y solidarios con las víctimas de esta absurda violencia y más duros con los victimarios. Igualmente, que la Ley y todo el proceso de su materialización tiene como perspectiva también la paz, la reconciliación, la memoria y el no olvido, pero no en el sentido de venganza sino para que nunca más volvamos a cometer los errores que nos han llevado a vivir y padecer tan irracional violencia.
En el desarrollo de una cultura de respeto integral de los Derechos Humanos, incluyendo los derechos laborales, las libertades sindicales y los temas ambientales, el Gobierno Nacional promociona también la práctica del Dialogo Social y de la Concertación, como un método muy importante para la solución pacífica de los conflictos sociales, de contribuir al fortalecimiento del tejido social, de la participación activa de la sociedad civil y de fortalecer la alianza entre los sectores públicos y privados que es tan importante para la materialización de los programas de Gobierno. En ese camino, se avanza en el desarme de la palabra, tanto a nivel del Estado como en diversos sectores de la sociedad civil, y en acuerdos muy importantes como el Acuerdo Laboral que se firmó el pasado 27 de mayo entre los trabajadores, los pensionados, los empresarios, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional con los Educadores, los empresarios del transporte terrestre y los Sindicatos de servidores públicos.
Estos esfuerzos del conjunto del Gobierno Nacional se articulan también con los Gobiernos locales y regionales, lo mismo que con otras entidades del Estado y cuentan con la comprensión de diversos sectores de la sociedad civil y con el acompañamiento de la comunidad internacional. Pero es bueno anotar que la tarea no es fácil y que está llena de obstáculos y dificultades, entre ellas, la violencia y el terror que desafortunadamente todavía desarrollan las organizaciones armadas ilegales como la guerrilla, las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común, las cuales cuentan con dos aliados importantes, la corrupción y la impunidad.
En esta lucha por consolidar a Colombia como un país en progreso y como un Estado moderno es importante recalcar que todo lo ilegal es contrario a la Democracia, que la población dentro de una política de Derechos Humanos tiene el legítimo derecho a vivir en paz y en bienestar y que el Estado tiene el deber de garantizárselo. Por eso, la lucha contra las organizaciones armadas ilegales y su estrecha relación con la criminalidad organizada al servicio del narcotráfico, la corrupción y la impunidad, tiene que ser una política permanente y de principios, no sólo de los Estados sino también de todo el Sistema de Naciones Unidas y de la sociedad civil porque al final de cuentas, lo que tenemos en común, es que una democracia tiene sentido, como gobernar tiene sentido, si primero son los seres humanos, empezando por los niños y las niñas.
Como ha dicho nuestro Presidente, las puertas de la paz no están cerradas, pero es necesario que los grupos armados ilegales pongan en libertad a todas las personas secuestradas sin ningún tipo de condiciones, que cesen la práctica del secuestro y del terrorismo, que pongan fin a la colocación inhumana de las minas antipersonal, que pongan en libertad a los niños, niñas y adolescentes que han reclutado forzosamente y que tomen la decisión que más les demanda el pueblo de Colombia: abandonar la violencia y permitir que todos nuestros esfuerzos se dirijan a disminuir la pobreza y a consolidar un Estado de bienestar como está contenido en los Objetivos del Milenio y en toda la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos.