Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos,
Señora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Señores Representantes de Alto Nivel que participan en esta XVI Sesión del Consejo de Derechos Humanos,
Honorables Embajadores, Embajadoras, Representantes Permanentes
Queridos amigos y amigas,
En nombre del Presidente Juan Manuel Santos Calderón quiero expresar el saludo fraternal del Gobierno y del pueblo de Colombia.
Al ser esta la primera ocasión en la que tengo el honor de dirigirme a este Consejo desde que asumí el cargo de Vicepresidente de Colombia, quiero compartir con ustedes la política nacional y la ruta que nos hemos trazado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, algunos temas de la agenda frente a los cuales Colombia tiene particular interés y compromiso.
Promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Señora Alta Comisionada,
Permítame, en primer lugar, reconocer la importancia del trabajo que Usted adelanta en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el mundo. El Gobierno de Colombia está plenamente comprometido con ese objetivo, que para nosotros se traduce en dos propósitos:
Por una parte, comprometer todos nuestros empeños para lograr la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos para todos los colombianos y colombianas.
Por la otra, apoyar sus esfuerzos y los de su Oficina para impulsar la agenda global de los Derechos Humanos y contribuir de manera constructiva al desarrollo de los trabajos de este Consejo.
Señor Presidente, Señora Alta Comisionada,
Colombia avanza en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, incluyendo los derechos laborales, las libertades sindicales y el derecho a un medio ambiente sano.
Estamos impulsando una política de Derechos Humanos con rostro de mujer, con rostro de joven, con rostro de niños y niñas, con rostro afro y con rostro indígena. Hemos adoptado medidas como la creación de los Programas Presidenciales de pueblos indígenas y afrodescendientes. Igualmente, hemos dado continuidad al diálogo del Gobierno Nacional con la mesa de pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo el tema del desarrollo constitucional de la consulta previa.
Impulsamos una política incluyente, que tenga como eje la no discriminación y el principio consagrado en la declaración universal: los Derechos Humanos son para todas las personas, sin distinción. Es nuestro objetivo consolidar este camino como una política de Estado.
Dentro de esta política impulsamos lo que hemos denominado el “Desarme de la palabra”, que se traduce en el respeto por la diferencia. En la posibilidad de expresar opiniones diversas en un marco de tolerancia. En permitirse encontrar coincidencias, trabajar juntos en los acuerdos y respetar los desacuerdos.
Como sociedad, tenemos unas coincidencias, la búsqueda de la paz y la reconciliación. Como Gobierno, tenemos imperativos: la promoción y protección de los Derechos Humanos, la búsqueda de la prosperidad con equidad y con respeto por el medio ambiente, el rechazo a la ilegalidad y a la violencia en todas sus formas y expresiones, lo mismo que la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada.
En este contexto, valoramos la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y quisiera reiterar en este Consejo el compromiso decidido del Estado colombiano de ofrecer garantías para el ejercicio de sus actividades. La “Mesa de Garantías”, un espacio creado de manera concertada en el Gobierno anterior para facilitar el diálogo alrededor de este tema, se ha constituido en un mecanismo central para avanzar en la protección de defensores, lideres sociales y organizaciones de Derechos Humanos y para otorgar más visibilidad y reconocimiento a la necesidad de fortalecer su trabajo.
La más reciente reunión de este mecanismo se celebró el pasado 21 de febrero y contó con la participación de organizaciones de Derechos Humanos y la nueva Fiscal General, primera mujer en Colombia en ocupar este cargo.
Políticas públicas del Gobierno Nacional: Colombia país en progreso
Señor Presidente,
Trabajar en la promoción y protección de los Derechos Humanos en nuestro país implica también construir las condiciones para garantizar el derecho de todos los colombianos y colombianas a vivir mejor.
Por ello, con la visión de Colombia como “país en progreso”, nos hemos propuesto un crecimiento económico anual del 6%, pero al mismo tiempo la disminución del desempleo. En esa perspectiva, el Congreso de la República aprobó en enero pasado una iniciativa gubernamental de Ley del Primer Empleo para jóvenes, que promueve mecanismos especiales para favorecer su contratación y fortalecer la competitividad.
Desafíos
Nuestros avances, que hoy son reconocidos por diversos sectores de la comunidad internacional, no implican desconocer las dificultades y los desafíos que aún tenemos:
El Gobierno del Presidente Santos tiene la decision de continuar enfrentando la violencia irracional que ha vivido el país por más de 62 años. No daremos un paso atrás en nuestros esfuerzos para garantizar una vida mejor a todos los colombianos y colombianas y el derecho constitucional a vivir en paz en nuestro país.
Con ese propósito:
Trabajaremos sin parar para disminuir la pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Continuaremos redoblando esfuerzos en la lucha contra la impunidad para que haya pronta justicia que permita sancionar a los responsables de los crímenes. Combatiremos con vigor la corrupción, que es el aliado por excelencia de la criminalidad organizada.
Colombia es un país que quiere la paz. La sociedad colombiana ha sido enfática en condenar a la guerrilla y sus prácticas criminales como el terrorismo y el secuestro. Como Gobierno, hemos expresado públicamente que la puerta de la paz no está cerrada, pero que cualquier consideración en ese sentido debe estar precedida por hechos reales de paz y no por simples palabras o declaraciones.
Por eso, hemos demandado la liberación de todas las personas secuestradas sin ningun tipo de condiciones, poner fin al terrorismo y al secuestro y al uso de minas antipersonal, la libertad de los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados forzosamente y que tengan el valor civil de decirle al país que esa violencia ya no tiene sentido.
De igual manera, no descansaremos en la lucha contra las bandas criminales, el narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia común. En ese empeño, estamos comprometiendo también los mayores esfuerzos, no sólo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, sino también de todo el aparato del Estado, incluyendo la Fiscalía y el poder judicial.
Esta es la ruta de trabajo que nos hemos trazado para seguir consolidándonos como un país en progreso: queremos promover una cultura de cero tolerancia con la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Cualquier servidor público involucrado en este tipo de acciones será duramente sancionado.
Así mismo, cero tolerancia con el abuso, el maltrato y la explotación infantil. Cero tolerancia con la discriminación, que perpetúa la exclusión y destruye la cohesión social. Cero tolerancia con la violencia contra las mujeres, en especial con la violencia sexual, que ha devastado a sus víctimas, afectando a la vez a sus familias y sus comunidades.
En ese mismo sentido, así como defendemos el derecho de los empresarios a desarrollar sus empresas y que sean cada vez más productivas y competitivas, también defendemos el derecho de los trabajadores a tener empleos decentes, salarios justos y a que se les respeten y protejan sus derechos laborales, su derecho a la seguridad social integral y sus garantías sindicales.
Ley de víctimas y restitución de tierras
Señor Presidente,
En la busqueda de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas, la reconciliación y la paz, el Gobierno Nacional presentó en septiembre de 2010 un proyecto de ley cuyo objetivo principal será reparar a las personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país y restituir la tierra a aquellas que hayan sido despojadas violentamente de la misma.
El proyecto contempla un enfoque diferencial en materia de género y atención a comunidades afectadas, como afrocolombianos y pueblos indígenas. En su desarrollo, se han realizado consultas a nivel nacional y regional con organizaciones de víctimas, al igual que con otras organizaciones de la sociedad civil y con representantes de la comunidad internacional.
La Ley está proyectada para ser aplicada en un periodo de 10 años y, en principio, el Gobierno ha decidido realizar una inversión cercana a los 25 mil millones de dólares para su implementación.
El Estado ha reconocido cerca de 4 millones de personas que han sido víctimas de la violencia en el país. Estas corresponden aproximadamente a 1 millón de familias, incluyendo población desplazada. Lo anterior implica que tendremos que reparar cerca de 100.000 familias cada año, 8.500 familias por mes y 350 aproximadamente cada día en los próximos 10 años.
La presentacion de esta Ley refleja de manera inequívoca la voluntad política del Gobierno Nacional por otorgar una mayor prioridad a las víctimas y por sancionar a los victimarios. Sólo de esta forma podremos avanzar hacia un camino de perdón y reconciliación con perspectivas de paz.
Señor Presidente,
Reconocemos el proceso transparente e inclusivo que usted lideró con ocasión de la revisión del Consejo de Derechos Humanos. Confiamos que la culminación del proceso en Nueva York nos permita continuar perfeccionando las capacidades del Consejo en la promoción y protección de los Derechos Humanos.
En este contexto, reitero el reconocimiento de Colombia al mecanismo del examen periódico universal, que ha permitido a mí país, como a tantos otros, avanzar en la adopción de medidas concretas para mejorar la situación de Derechos Humanos de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Así mismo quiero expresar el respaldo de Colombia al sistema de procedimientos especiales y reiterar que al tiempo que los Estados demostramos compromiso y voluntad de trabajo con los titulares de mandato, se hace necesaria también la garantía de objetividad e imparcialidad de los mismos en el cumplimiento de su mandato.
Una vez más, quiero expresar el apoyo de Colombia a la labor que desempeña la Alta Comisionada y reiterar que la independencia y autonomía de su oficina constituyen para Colombia un elemento central del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta independencia no es, de ninguna manera, excluyente con la necesidad de mantener un diálogo constante, respetuoso y constructivo entre la Oficina y los Estados miembros y observadores de este Consejo.
Quiero igualmente reiterar el firme compromiso de Colombia en relación con la promoción y protección de los derechos de la mujer, en especial en la lucha contra la mortalidad materna. Así mismo, nuestra aspiración de que el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer, adoptado por una iniciativa de Colombia y México en septiembre pasado, realice aportes constructivos a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y a la equidad de género.
Destacamos la atención que la Alta Comisionada y un grupo de países miembros y observadores del Consejo han concedido a la violencia sexual, incluyendo los aspectos de atención a las víctimas y de no impunidad a los perpetradores. Este es un tema en el cual Colombia tiene un enorme desafío, pero quiero reiterar hoy aquí que existe dentro de este Gobierno la mayor voluntad política para enfrentarlo.
Así mismo, Colombia mantiene desde hace años un liderazgo con otros países en la lucha contra todas las formas de discriminación, incluyendo en razón de la orientación sexual. En ese sentido, quiero hacer referencia al llamado del Secretario General y la Alta Comisionada para que sea posible abordar desde una perspectiva de Derechos Humanos este tema, enfatizando en las dimensiones de prevención de la violencia y la protección de los derechos de las personas LGBTI.
Quisiera también referirme a la celebración en 2011 del año de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes. Esta iniciativa promovida por Colombia el año pasado en la Asamblea General, con un importante apoyo de muchos países, ofrece la oportunidad de pronunciarnos por los derechos de la comunidad afrodescendiente en todo el mundo.
De la misma manera, al reafirmar el compromiso del Gobierno de Colombia con las víctimas del terrorismo, quisiera también expresar nuestro respaldo a la iniciativa promovida por España para que próximamente este Consejo realice un panel sobre el tema.
Señor Presidente,
Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario deben garantizarse a todos los pueblos del mundo. Por esto, y frente a la situación que atraviesa Libia en estos momentos difíciles, consideramos inaceptable el proceder contra la población libia. Reitero el llamado del Gobierno colombiano para que esa situación se corrija a la mayor brevedad posible, se respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se respete la libertad de expresión, de libre asociación, la libertad de prensa y se evite el uso de fuerza.
Señor Presidente, Señora Alta Comisionada,
Colombia está en el empeño de continuar avanzando en la senda de la consolidación de una Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. No negamos las dificultades ni los hechos de violencia que aún padecemos por la existencia de organizaciones armadas ilegales y la intolerancia de algunas personas en nuestra sociedad. Pero las dificultades y el dolor que hemos padecido por el asesinato de miles de personas en estos 62 años de violencia irracional no nos harán retroceder ni cambiar la ruta.
Esta política no la estamos desarrollando por temor a las críticas y menos está supeditada a la firma de acuerdos de libre comercio. Sencillamente, es la decisión política del Gobierno Nacional para contribuir a consolidar a Colombia como un Estado moderno, y por eso, señoras y señores delegados y demás representantes de la comunidad internacional y de la sociedad civil, lo único que les solicitamos es su comprensión y su acompañamiento en este propósito democrático.
En esa perspectiva, el Gobierno colombiano le ha renovado el mandato por tres años a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y conjuntamente con otras Instituciones del Estado, de la Comunidad Internacional y de la sociedad civil, hemos convocado para diciembre de este año a la Conferencia Nacional de Derechos Humanos con el propósito de trabajar, junto con la sociedad civil y la comunidad internacional, en la aprobación de una Agenda Común y en la creación de una Oficina o Centro Nacional de Derechos Humanos, donde el Estado y la sociedad civil seamos capaces de romper las desconfianzas o los miedos de trabajar juntos en la noble causa de los Derechos Humanos.
Muchas gracias