“En el mundo de hoy no sólo se han globalizado los negocios, el comercio, los cambios tecnológicos y las telecomunicaciones, entre otros, sino también los Derechos Humanos, incluyendo los laborales y ambientales, como parte integrante de los mismos. En esa perspectiva, los Estados cada día adquieren mayores compromisos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en otros Organismos Internacionales como la Organización Internacional del Trabajo -OIT- y al mismo tiempo están más expuestos al monitoreo de la comunidad internacional y de la sociedad civil sobre sus conductas en materia de promoción, prevención y respeto, tanto en Derechos Humanos como en el Derecho Internacional Humanitario.
Esa relación de Derechos y deberes de los Estados está muy ligada al concepto universal de que cuando hablamos de Derechos Humanos estamos hablando de los derechos a vivir mejor y en paz. Igualmente, del deber que tienen los seres humanos de contribuir a hacer realidad esos objetivos, a través de sus organizaciones sociales, empresariales, gremiales, no gubernamentales y políticas. En ese propósito, es muy importante el desarrollo de una política de diálogo social entre los Estados, la sociedad civil y la comunidad internacional, a fin de consolidar una agenda común, en cada país, de promoción, capacitación y respeto integral de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Los Derechos Humanos presuponen también tener plena conciencia de los derechos particulares de sectores vulnerables de la población, como son los niños y las niñas, las mujeres, los jóvenes, las personas en condiciones de discapacidad, las minorías étnicas, los adultos mayores y la población migrante. Es también el derecho de las personas a no ser discriminadas o perseguidas por razones políticas, religiosas, étnicas, sexuales y de género.
Tanto para los Estados como para la sociedad civil en su conjunto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las diversas Resoluciones y mandatos del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo el cumplimiento de las metas de los Objetivos del Milenio, tienen plena vigencia y su desarrollo nos obliga a tomar todas las medidas a nivel de los Estados para la garantía de su cumplimiento, pero también a la comunidad internacional y en especial a los Estados más desarrollados, a ser conscientes, que los intercambios comerciales desiguales, la discriminación y persecución contra la población migrante, y la indiferencia frente a la pobreza que viven millones de seres humanos, no contribuyen para nada al logro de un mundo mejor, con mayor bienestar, sin violencia y respetuoso de los Derechos Humanos.
Pobreza, violencia y discriminación son contrarias a los principios universales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La violencia, el terrorismo, las guerras y la criminalidad organizada, entre ella la relacionada con el narcotráfico, la trata de personas y el negocio ilegal de armas no tienen razón de ser porque siempre están atentando contra la dignidad y la tranquilidad de los seres humanos.
El mundo de hoy y el derecho legítimo de los seres humanos a vivir en paz, demanda dialogo, entendimiento, solución pacífica de los conflictos, lo mismo que sensibilidad, solidaridad y cooperación de la comunidad internacional para lograr un mundo libre de miseria y de pobreza.
Por ejemplo, sería muy importante lograr que los enormes recursos económicos que gastamos en armas a nivel de los Estados o lo que gastan los grupos armados ilegales para desarrollar sus acciones violentas y terroristas, lo invirtiéramos en un fondo común a favor de la educación, la salud, la alimentación y la recreación para todos los niños y las niñas del mundo entero, y como parte de una política universal e integral de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Para el desarrollo de una política integral de Estado de respeto a los Derechos Humanos es muy importante encontrar mecanismos de articulación y acompañamiento efectivo de sus diversas Instituciones, entre ellas las relacionadas con el poder ejecutivo, judicial y legislativo, lo mismo que con los Gobiernos locales y regionales. Igualmente, es muy importante la consulta y la participación activa de los diversos sectores que conforman la sociedad civil, así como el acompañamiento de la comunidad internacional. Ese es el esfuerzo que hoy estamos tratando de construir en Colombia y que muchos países ya lo han hecho o lo vienen haciendo con excelentes resultados, tanto en las experiencias de trabajo conjunto como en los logros relacionados con el mejoramiento de la situación de Derechos Humanos.
En el mismo sentido, es importante promover y consolidar la cultura del dialogo social, de la participación ciudadana y del fortalecimiento de la sociedad civil. Sus opiniones y sus iniciativas, suelen a veces ser críticas con los Gobiernos y de desconfianza en la construcción de acuerdos o de acciones conjuntas con los Estados, muchas veces por el temor a ser criticadas y en otras porque no tienen la cultura de reconocer que coinciden con el Estado. Lo esencial, es tener claro que las organizaciones de la sociedad civil, son autónomas y pluralistas, principios que deben ser respetados y defendidos por parte de todas las Instituciones del Estado.
Otro pilar fundamental para la consolidación de una política de Estado en materia de Derechos Humanos es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y por la pronta justicia. Es muy negativo para una sociedad o para un Estado que casos típicos de violación de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario sean tolerados o llevados a cabo por los gobernantes o que la justicia por debilidad o falta de compromiso no actué de manera pronta y decidida para sancionar a los responsables de dichos delitos. No olvidemos, que la propia historia se ha encargado de enseñarnos que impunidad, corrupción y criminalidad organizada van siempre de la mano y al final se convierten en los peores enemigos de la democracia y de la convivencia pacífica.
Los Derechos Humanos en su visión más integral, incluyendo los derechos económicos, sociales , culturales y ambientales que son la base del contenido y alcance de los Objetivos del Milenio, solamente son posibles de alcanzar por muchos países del sur o en condiciones de menor riqueza, si los países altamente desarrollados, tienen clara comprensión, que su riqueza y sus avances científicos y tecnológicos, contribuyen también a la eliminación del hambre y la pobreza que viven millones de seres humanos.
En el desarrollo de una política de Estado en materia de Derechos Humanos, es bueno promover diversas iniciativas de cooperación y trabajo conjunto con la comunidad internacional, incluyendo las diversas agencias y procedimientos de Naciones Unidas relacionados con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En tal sentido, un tema de reflexión, análisis y debate actualmente en el Consejo de Derechos Humanos es sobre la eficacia o no del Examen Periódico Universal- EPU- que deben rendir todos los países en materia de cumplimiento de los Derechos Humanos y sobre la autonomía que debe tener la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En opinión del Gobierno de Colombia, el EPU es un extraordinario avance que nos sacó del esquema de países buenos y malos, que nos obliga a todos por igual a ser respetuosos de los Derechos Humanos y a informar sobre los avances y dificultades. Sería un retroceso si volviéramos al antiguo esquema de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o si pretendiéramos que determinados organismos o procedimientos de Naciones Unidas quedaran supeditados a la dinámica o las opiniones coyunturales de los países que hacen parte del sistema.
Es necesario que hagamos conciencia al interior de nuestros Estados y de nuestras sociedades que cooperar con el Sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos es un buen negocio para la Democracia, pero al mismo tiempo, es urgente y necesario llevar al interior de estos Organismos el mensaje de que no se le puede dar un trato igual o peor a los países que cooperan a favor de una política respetuosa y de compromiso con los Derechos Humanos, que con los que no cooperan o le cierran las puertas a los procedimientos de Naciones Unidas. No olvidemos que la Democracia tiene sus costos, que a veces nos hace pasar duros momentos a quienes gobernamos, pero al final es el mejor camino que hemos escogido los pueblos para vivir mejor y en paz.
En el caso particular de Colombia, somos un país en progreso y decidido a seguir avanzando en la lucha contra la existencia de grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales y el narcotráfico. En ese propósito, nos hemos comprometido con una política de verdad, justicia y reparación con las víctimas de tan irracional violencia y de total respeto a los Derechos Humanos y a las Normas del Derecho Internacional Humanitario.
Para lograrlo, estamos convencidos que debemos ir de la mano y en un frente común, con la sociedad civil y la comunidad internacional. Ese es y será el espíritu de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos que aspiramos realizar en diciembre del 2011 y de nuestras diarias actuaciones como Gobierno porque la causa de los Derechos Humanos es la causa de la Democracia, del presente y del futuro de los pueblos, y del derecho legítimo de todos los seres humanos a vivir mejor y en paz”.