SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS
“Cuando Eduardo Pizarro, primero, y luego Gonzalo Sánchez me manifestaron la invitación a participar en este evento, a pesar de que tenia una serie de compromisos ya agendados desde días atrás, yo les dije que estaría en el evento, que lo podía hacer hasta la 10:30 de la mañana pero que lo hacia con gusto y con un compromiso porque era recibir oficialmente a nombre del Gobierno Nacional las memorias sobre estos hechos que sencillamente nunca han debido suceder: la masacre de la Rochela, la masacre de Bahía Portete y de Bojayá, y un tema del despojo, a veces violento, a veces fraudulento, de tierras a poblaciones campesinas en el Caribe, que no está desligado a situaciones similares que han vivido otras poblaciones campesinas en el resto Colombia.
Por lo tanto Gonzalo, yo recibo oficialmente a nombre del Gobierno las cuatro investigaciones y junto con Diego Molano como director de Acción Social, pues tenemos la responsabilidad, en primer lugar, que estas investigaciones sean entregadas también a los ponentes del proyecto de ley de victimas, que aspiramos de manera concertada presentar el próximo lunes al Congreso de la Republica, y a partir del debate que se inicie en el Congreso, que también se escuchen a los diferentes hombres y mujeres representantes de las víctimas, a fin de que al final del año podamos tener aprobado el proyecto de Reparación a las Víctimas al igual que el proyecto de Restitución de Tierras.
Yo creo que estas cuatro investigaciones, por estar íntimamente relacionadas con los propósitos de la Ley de Víctimas y de Ley de Tierras, le ayudaran enormemente al Congreso a que en su natural saber y entender tome la decisión, que es la voluntad que tiene el Presidente Juan Manuel Santos, que tengamos una Ley de Víctimas y tengamos una Ley de Restitución de Tierras.
En el caso de la Ley de Víctimas, nosotros somos concientes que no va a ser una tarea fácil. El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, ha sido reiterativo en que el tema fiscal no puede ser un obstáculo - anoche no más en el Consejo de Ministros volvimos a ser reiterativos en que el Gobierno considera que esta Ley con un esfuerzo sostenido en materia fiscal durante los años de reparación es viable, lo que quiere decir que no nos vamos a enredar en cifras que terminen siendo en determinado momento un argumento para hundir el proyecto – y en segundo lugar reiterar que no vamos a clasificar a las víctimas en primera, segunda o tercera categoría. Las víctimas son victimas y sencillamente si en algunos casos están involucrados agentes del Estado como victimarios, que sean los jueces quienes definan si ese agente del Estado es culpable o no y si es culpable que sea sancionado, pero no podemos esperar fallos judiciales de sanción a los victimarios para iniciar un proceso de reparar a las victimas; y lo decimos porque aquí hay una deuda histórica, una deuda social del Estado con las víctimas.
Todos estos años de violencia irracional que hemos vivido, donde posiblemente muchos somos responsables - unos más que otros - han tenido como característica que durante muchos años el Estado y la sociedad fueron más benignos con los victimarios y más duros con las víctimas, yo creo que esta ecuación llego la hora de cambiarla. El Estado y la sociedad tienen que ser más solidarios, más humanos, más sensibles con las víctimas y más duros con los victimarios.
Este es el principio que tenemos en el Gobierno Nacional para presentar el proyecto de Ley de Víctimas y, tal como se lo hemos manifestado a las diferentes bancadas parlamentarias, para nosotros es un proceso irreversible. Por eso le manifestaba ahora a algunos voceros y voceras de las víctimas de estos cuatro casos materia de la investigación, que me gustarla recibirlos hoy a las 2:30 de la tarde en la Vicepresidencia de la Republica y si Gonzalo Sánchez y Eduardo Pizarro me pueden acompañar mucho les agradecería porque de verdad yo asumo la responsabilidad de que las cuatro investigaciones no se vuelvan sencillamente ejercicios académicos sino que sirvan de base para reparar a las víctimas y también para sancionar a los victimarios.
Por eso aprovecho para decir que le digo públicamente aquí a Eduardo Pizarro, como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a Ana Teresa Bernal y a los demás integrantes de la Comisión, que la CNRR a partir de hoy tiene al responsabilidad de estas cuatro investigaciones y que cuentan con todo mi respaldo para que lleguen a las diferentes instancias del Estado - al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Defensa, a la Procuraduría, ya tenemos la garantía de la presencia del procurador delegado para los Derechos Humanos, el Doctor Mario González, lleguen a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a los ponentes del Congreso - y también reiterarle a Gonzalo Sánchez, como lo dije ayer, toda la voluntad de la Vicepresidencia para que avancemos en nuevas investigaciones. Ayer le decía a Gonzalo que es importante también avanzar en la investigación, no solamente sobre el secuestro sino sobre una expresión del secuestro mucho más cruel, mucho más inhumana, que es la desaparición forzada, que es una tortura permanente de las víctimas o de sus familiares.
Y en segundo lugar, me parece que estas investigaciones nos van a ayudar enormemente a otra decisión irreversible de parte nuestra que es el impulso a que se apruebe en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Tierras, de Ley de restitución de tierras.
Así como he dicho que la aprobación de la Ley de Víctimas y su implementación no va a ser tarea fácil, esta segunda fase de pronto va a ser mucho más dura porque no podemos desconocer todos los intereses que se pueden llegar a afectar con esta restitución de bienes, incluso a partir de mecanismos legales que hoy tenemos como es la devolución de tierras a poblaciones campesinas que han sido despojadas de ellas, ya tenemos situaciones bastantes críticas.
El Ministro de Agricultura me decía anoche que en un acto de restitución que realizaron el domingo en Urabá, en las horas de la noche, uno de esos dirigentes que a nombre de la comunidad recibió esas tierras fue asesinado y yo le decía al Ministro de Agricultura: ministro es un mensaje, es un mensaje para ver si nosotros desde el Gobierno nos paralizamos o echamos marcha atrás y es un mensaje a la comunidad que tiene el derecho legítimo a que les restituyan estas tierras para que no sigan reclamando, para que no acepten la devolución de la tierras. Es un mensaje de los que no quieren que estas tierras sean devueltas a sus antiguos dueños, a los campesinos, que como los del Caribe, fueron despojados violentamente y a veces fraudulentamente de sus tierras.
Nosotros no podemos retroceder, el Gobierno Nacional no va a retroceder en esta decisión política y creo que las víctimas van a ser un aliado fundamental en este proceso.
La sociedad colombiana tiene que ser un aliado fundamental en este proceso. Aquí no se trata de que las tierras que fueron despojadas a la población campesina vayan a nuevos ricos, aquí de lo que se trata es que vayan a la reparación de la población. La Ley de Víctimas está estrechamente relacionada a la Ley de Tierras y por eso queremos que el Congreso las apruebe. Si son dos leyes, que estén íntimamente relacionadas y si al final, por un procedimiento parlamentario, se aprueba una sola ley porque se funcionan las dos, pues mucho mejor, pero siempre guardando la coherencia de que la restitución de tierras pasa en primer lugar por la reparación a las víctimas, a la población campesina que fue despojada violentamente de ellas.
Nosotros sabemos que es una batalla difícil y dura, pero retroceder sería un gran error de parte nuestra y no lo vamos a hacer. Si nos toca tocar los intereses que haya que tocar, los vamos a tocar. Por eso aprovecho para decirles: queremos ir de la mano de la comunidad internacional, la sociedad civil, las víctimas y el Gobierno Nacional en este propósito y pedirle al Congreso de la República, a todos los partidos, que nos ayuden a que estas dos leyes se aprueben antes del 16 de diciembre del presente año.
Igualmente comparto plenamente lo que aquí ha planteado Rubén Sánchez y es que en este proceso es necesaria la memoria y es necesaria la historia. Es imposible encarar el presente y construir el futuro sino tenemos la memoria, sino tenemos la historia. Es probable que la tengamos no para generar un proceso de venganza sino para encontrar, paralelo a la verdad, la justicia a la reparación de las víctimas y un proceso de perdón y reconciliación. Pero no un proceso de olvido, no en el sentido de venganzas sino para que nunca más vuelva a suceder esta locura. En Colombia toda esta situación irracional de violencia, toda esta situación de degradación de esa violencia, acompañada muchas veces de violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, o situaciones irracionales desde el punto de vista de un Estado moderno, de un Estado democrático, como el caso de las denominadas chuzadas ilegales, los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales o la macartización contra grupos de oposición política o contra organizaciones sociales que porque hacían una critica al gobierno de turno, no pueden seguir. No puede seguir que a veces los organismos de inteligencia del Estado investigan a los legales, a la gente que solamente tiene como arma la palabra o el pensamiento y no hacen absolutamente nada contra los ilegales, contra los integrantes de grupos armados ilegales, eso no puede seguir. Por eso, yo quiero reiterar aquí que nosotros queremos hacer un frente común, queremos hacer un trabajo conjunto que, sin negar las diferencias o la autonomía de cada una de las partes, nos permita ir de la mano en propósitos como el respeto integral a la Política de Derechos Humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Entre la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, en sus más diversas expresiones incluyendo las organizaciones de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, empresariales y también el Gobierno de Colombia lo vamos a lograr.
Queremos ese proceso conjunto para garantizar escenarios que hoy tenemos, como la mesa de garantías, para trabajar en la perspectiva de concertar el Plan Nacional de Derechos Humanos en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo debate prácticamente se ha iniciado, y que así quede plasmada la Política Integral en materia de Derechos Humanos, para incidir en que los gobiernos locales y regionales tengan en su agenda como una prioridad esta Política, pero también para acompañar el proceso de aprobación de la ley victimas, de la ley de tierras y, lo más importante, para que una vez se aprueben, se puedan implementar.
Esa es la voluntad que tiene el Presidente de la República Juan Manuel Santos y es la voluntad que tiene el resto del Gobierno. Necesitamos también que esa voluntad se pueda plasmar de manera conjunta en la comunidad internacional y en las organizaciones de la sociedad civil, coincidiendo en lo fundamental, coincidiendo en el propósito central sin que esto signifique que alguna organización entonces deje de hacer críticas al Gobierno o que nos hagan observaciones para ver cómo mejoramos el trabajo. Eso tampoco significa que los organismos internacionales o la comunidad internacional no nos hagan críticas o nos hagan sugerencias, yo creo que es posible, en esa unidad y en la diversidad, trabajar estos propósitos comunes. Se trata de que nada quede en el olvido, que los victimarios no queden en la impunidad, que haya verdad y justicia como base fundamental para reparar a las víctimas y que nunca más, empezando por los agentes del Estado, se puedan volver a comprometer servidores públicos en delitos de lesa humanidad o en delitos que violan los derechos humanos en nuestro país, en estas locuras que son una vergüenza para el Estado, para la sociedad y para la democracia.
Esa es la voluntad que tenemos. Nosotros estamos planteando múltiples alternativas y queremos escuchar qué otras iniciativas podemos desarrollar. Por eso, en este propósito es tan importante el proceso de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El sábado les decía: ustedes son la institución que hoy puede hablar con más fortaleza y que su voz se escucha en todo el país en este proceso de reparación a las víctimas.
Finalmente quisiera hacer dos reflexiones: la primera, nosotros estamos dispuestos a respaldar las diferentes iniciativas que se han venido tomando desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que afiancemos un camino de la memoria. Rubén me hablaba ayer de una serie de investigaciones con diferentes entidades, cuenten con ese respaldo desde la Vicepresidencia de la República y obviamente desde el Gobierno Nacional.
Es necesario crear la cultura dentro del Estado que lo que más lo fortalece es la credibilidad de la ciudadanía en este y sólo se logra si cada servidor público cumple con el mandato de la Constitución Política Nacional. Se trata de tener una memoria de lo que ha pasado y no temer a pedir perdón si en algunos casos se han comprometido en estos delitos y en estos horrores agentes del Estado porque no lo podemos ocultar. Desgraciadamente en esta historia de casi 60 años de violencia desafortunadamente, dolorosamente hay que decirlo, a veces se comprometieron agentes del Estado que so pretexto de combatir grupos armados ilegales, terminaron haciendo practicas iguales y a veces peores a las que desarrollan estos grupos armados. La lucha contra los grupos armados ilegales se hace con la Constitución en la mano y respetando integralmente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En segundo lugar, tal como lo ha dicho el Presidente Juan Manuel Santos, claro que un camino para que se acaben todo estos horrores de la violencia es el de la paz. Nosotros no hemos cerrado la puerta de la paz, nosotros como él ha dicho coloquialmente “no hemos echado las llaves de la puerta de la paz al mar”. El Presidente las tiene guardadas, pero hemos sido reiterativos públicamente con la sociedad, le estamos exigiendo a la guerrilla que ponga en libertad a todas las personas secuestradas, sin condiciones. Que cese la práctica del secuestro y el terrorismo, que son delitos de lesa humanidad. Que pongan fin a la practica horrorosa, cruel e inhumana de las minas antipersona - qué revolucionario es dejar mutilado a un humilde campesino o un humilde indígena, incluyendo niños y niñas, qué revolucionario es dejar mutilado a un soldado o un policía, ya son 8.600 victimas, de las cuales el 25% con civiles -. Que dejen en libertad a los niños que han reclutado forzosamente, esa es una expresión de esclavismo, y que sean capaces de reconocer, hoy incluso algunos mandatarios internacionales le están pidiendo, que esa violencia no tiene razón de ser, que no tiene sentido, que sencillamente es perder el tiempo y generarle mas dolor y lagrimas a la población. Si lo hacen, Juan Manuel Santos tiene toda la voluntad política de construir acuerdos de paz y de construir procesos de perdón y reconciliación, sino lo hacen nos toca seguir cumpliendo el mandato constitucional que es perseguir la actividad de los grupos armados ilegales, llámense guerrilla, paramilitares, emergentes, bandas criminales o narcotráfico.
Creemos que si avanzamos en este proceso en que todos los días se conozca la verdad, si avanzamos en el proceso de restitución de tierras a sus antiguos dueños - a los que fueron despojados violentamente de ella -, si avanzamos en un camino de reparar a las victimas, de más solidaridad con las victimas y de respeto integral de los Derechos Humanos, al final estamos ganando la batalla por la paz, la batalla por la convivencia pacifica y la batalla de tener un país moderno donde el eje fundamental no sea solamente el crecimiento económico y el bienestar social sino también el respeto a la dignidad de todos los seres humanos.
Muchas gracias”.