AGRADECIMIENTOS Y SALUDOS
“En este acto de celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos y cuando nosotros apenas llevamos 32 días de Gobierno, quisiera aprovechar para hacer una breve rendición pública de cuentas de lo hecho hasta el momento, para afianzar una política no solamente de Gobierno sino contribuir a afianzar una Política de Estado, en lo que debe ser la promoción y respeto de manera integral a los Derechos Humanos.
Lo primero es que el señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón, el 7 de agosto en el acto de posesión, manifestó públicamente ante comunidad nacional e internacional que Colombia será un país al final de nuestro mandato que se caracterizará por ser respetuoso de manera integral de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, no por temor a las criticas de la comunidad internacional o a las denuncias de la sociedad civil, o a las sanciones, sino porque estamos convencidos, como bien lo dijo el doctor Roberto Cuellar, que un Estado moderno tiene como eje fundamental el respeto integral a los Derechos Humanos.
Y también manifestó nuestro Presidente que no permitiremos que ningún servidor público, tenga el rango que tenga, cualquiera sea el pretexto, violente los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario. Manifestó que la democracia tiene que tener como eje fundamental el respeto a los Derechos Humanos y que el Estado y los servidores públicos tenemos que ser los que más demos ejemplo en el respeto integral de los Derechos Humanos, incluyendo todos los servidores públicos que en el día a día, en momentos difíciles, como son nuestras fuerzas militares y de policía, tienen que enfrentar de manera heroica a los grupos armados ilegales.
A partir de allí, desde ese 7 de Agosto, el Presidente me encargó que sea el responsable, desde el punto institucional, de la política integral de los Derechos Humanos y venimos tomando algunas decisiones:
1. Hemos acordado con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la renovación del Mandato, para ello hemos venido dialogando con el Señor Christian Salazar. El 22 ó 23 de septiembre en Nueva York, en el marco de Naciones Unidas, el Presidente se reunirá con la señora Alta Comisionada y aspiramos que a más tardar en octubre hayamos firmado el memorando de entendimiento, que permita la renovación del Mandato por 3 años y un proceso de acompañamiento que tiene como base fundamental el reconocimiento del avance en materia de Derechos Humanos.
Son grandes los desafíos que tenemos hacia delante incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional y obviamente siempre mirando cómo contribuir en este esfuerzo de manera conjunta para avanzar en una política integral de Derechos Humanos.
De modo doctor Christian Salazar que, como usted lo sabe, ya hay decisión en cabeza del Señor Presidente y aquí puedo decir una confidencialidad: el 19 de marzo en reunión privada de Juan Manuel Santos, Angelino Garzón y Christian Salazar, con presencia de Monseñor Rubén Salazar, de Conferencia Episcopal, le dijimos a Christian: Si ganamos las elecciones nuestro compromiso será de respeto integral a los Derechos Humanos y vamos a renovar el Mandato.
La otra tarea que venimos desarrollando es informándole a toda la comunidad internacional, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo, al Secretario de la Organización de Estados Americanos, a las diferentes instituciones internacionales que tienen que ver con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que respecto a todos los compromisos del Estado colombiano con la comunidad internacional en materia de promoción y respeto a los Derechos Humanos y de respeto al Derecho Internacional Humanitario nosotros vamos a honrar la palabra y vamos a cumplirlos.
Estoy hablando por ejemplo de los compromisos voluntarios y recomendaciones que aceptamos en el marco del Examen Periódico Universal que presentamos en el Consejo de Derechos Humanos desde diciembre de 2008. Los compromisos que hemos hecho con la Organización Internacional del Trabajo en lo que tiene que ver con derechos laborales y libertades sindicales y con la Cruz Roja en lo referente a Derecho Internacional Humanitario. Vamos a honrar todos esos compromisos. Por eso aprovecho aquí la presencia de representantes de la comunidad internacional para decirles que queremos ir de la mano con cada uno de los organismos en el cumplimiento de estos compromisos. Igualmente nos hemos comprometido a mantener la política de respeto de diálogo, de entendimiento, incluyendo organizaciones de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, los partidos políticos y de oposición al Gobierno, las instituciones gremiales y empresariales, la población afro colombiana, los indígenas, las organizaciones de mujeres y jóvenes, de la población LGBT y en ese sentido vamos a consolidar la Mesa de Garantías que tenemos constituida en nuestro país, desde el año pasado, a favor de los defensores de Derechos Humanos, de los dirigentes sociales y empresariales.
Es una Mesa de Garantías que preside el Señor Ministro del Interior y hemos quedado con el Ministerio del Interior de que voy a estar personalmente participando en las reuniones de esta Mesa.
Somos conscientes que existen dificultades por la violencia irracional de los grupos armados ilegales, y por los altos niveles de impunidad, pero creemos que con un esfuerzo conjunto del Gobierno, del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, podemos consolidar este espacio tan importante como la Mesa de Garantías e incluso que se desarrolle también a nivel regional y a nivel local.
Lo reitero en este día públicamente: tenemos toda la voluntad política, en cabeza del Presidente, de construir conjuntamente con la sociedad civil colombiana y con el acompañamiento de la comunidad internacional, un acuerdo en torno al Plan Nacional de Acción en materia de Derechos Humanos.
A veces, lo digo con todo cariño y todo respeto, las organizaciones de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, incluyendo los sindicatos, tienen mucho temor al diálogo social, también a veces en el Estado hay temor, también a veces hay miedo para construir acuerdos, porque toda esta cultura de la polarización de la violencia, nos ha llevado al temor de coincidir con el otro, porque algunas personas sienten que son más importantes en un escenario de polarización que en un escenario de coincidencia. Y el tema de Derechos Humanos tiene que ser un propósito nacional y es fundamental encontrar caminos de entendimiento y de acuerdos entre todos los representantes más diversos de la sociedad civil, con la colaboración de la comunidad internacional.
Si nosotros construimos ese acuerdo, el Gobierno cede soberanía de Gobierno para trabajar conjuntamente con la Sociedad Civil. El Plan Nacional de Acción en materia de Derechos Humanos es un propósito de nación. Por eso la comunidad internacional nos puede ayudar enormemente. No le hagamos el juego a la polarización, no le hagamos el juego a que con las pequeñas o grandes dificultades que se nos presentan en el camino, rompemos el diálogo y rompemos el camino del entendimiento. Ese es el escenario que quieren los intolerantes, ese es el escenario que quieren los que tienen como propósito que no avancemos en una política de respeto integral de Derechos Humanos.
Por crítica que sea la situación, tenemos que entendernos y trabajar conjuntamente. Ese es el propósito de este Gobierno, del cual soy co equipero. Igualmente nosotros estamos trabajando por crear mecanismos de coordinación interinstitucional. A nivel del Gobierno, hemos comenzado a hacer este trabajo bajo la responsabilidad del ejecutivo nacional y la idea es que trabajemos de manera coordinada. Hablo de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Cancillería, Ministerio de Defensa, como el Ministerio de la Protección Social, el Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Programa Presidencial de Minas Antipersona. Ya hemos comenzado a trabajar en ese sentido, ya hemos hecho reuniones de los responsables de cada programa en materia de Derechos Humanos. Es la única manera de avanzar. Nada nos ganamos cada uno por su lado, serán esfuerzos dispersos y todo lo disperso es ineficaz.
Así mismo hemos acordado reactivar el Comité Intersectorial que está creado por Decreto Presidencial del año 2000, donde están Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y hemos convocado para el día 16 de Septiembre – le comentaba al Defensor del Pueblo -, la primera reunión de este Comité Intersectorial. A esa reunión queremos convocar tanto al representante de las fuerzas militares como de Policía, no con el sentido de ver cómo nos defendemos, sino para ver cómo implementamos toda una política de protección y respeto de Derechos Humanos.
Frente a cualquier queja de la comunidad internacional, la mejor defensa es que podamos decirles la verdad, los avances y que tenga dicha información la capacidad de resistir el debate público. Igualmente hemos tomado decisiones políticas, en cabeza del señor Presidente:
• Hemos tomado la decisión de presentar un Proyecto de Ley de reparación a las víctimas, recordando que cuando hablamos de víctimas estamos hablando de población civil, que cuando hablamos de víctimas estamos hablando de mecanismos solidarios del Estado para la reparación administrativa y si algún servidor público está implicado en algún caso que tiene que ver con daños a las personas, pues eso lo tendrá que definir la justicia para que esa reparación administrativa no se vuelva cabeza de proceso o punto de partida para una investigación de un servidor público acusado de delito de Derechos Humanos o de lesa humanidad. Y es decisión política del Señor Presidente. Estamos finiquitando los últimos detalles de este Proyecto de Ley para concertarlo con diferentes partidos, entre ellos el Liberal y el Conservador.
Quiero reiterar aquí que es un proceso irreversible la presentación de este Proyecto de Ley de la reparación de las víctimas, por la siguiente razón: el Estado tiene que ser más generoso con las víctimas y más duro con los victimarios. Colombia lleva más de 62 años en situación de violencia irracional, con breves intervalos donde esa violencia ha disminuido. Todos los de mi edad hemos vivido esa situación y durante muchos años, más de 50, el Estado y sectores de la sociedad fueron más generosos con los victimarios y más indolentes con las víctimas. Sólo en los últimos 7 años comenzamos a visibilizar a las víctimas, comenzamos a ser más sensibles con las víctimas y la idea es pagar esa deuda social con las victimas, que en su inmensa mayoría es población pobre y humilde, población vulnerable que abarca mujeres, población afrodescendiente, niños y niñas e indígenas.
• Y también hemos tomado otra decisión: es la Ley de Tierras. Nuestra justicia ha estado en una lucha contra grupos armados, incluyendo la confiscación de bienes y tierras que habían sido tomadas por estos grupos ilegales, desalojando población campesina y gente humilde, a través de actos como asesinatos, masacres y hoy el Estado tiene miles y miles de hectáreas, cuyo proceso de extinción de dominio ha terminado o las tiene confiscadas. Nosotros sabemos que hay sectores de la sociedad que quieren que la reparación no se haga y hay gente que quiere que ahora esa tierra se la demos a otros ricos y de eso no se trata. Y en eso quiero ser claro. La decisión tomada es que la Ley de tierras es para que la tierra vuelva a sus antiguos dueños. Para reparar a las víctimas y a los campesinos y encontrar todos los mecanismos para que esas tierras cumplan su función social. Sabemos que es una batalla dura y difícil, pero es una decisión.
Y aprovecho esta reunión para convocar al conjunto de la población que nos acompaña en este propósito. Vamos a trabajar para que el Congreso de la República apruebe este proyecto.
Y hemos presentado otro proyecto que es la lucha contra la corrupción.
Los Derechos Humanos no es solamente el derecho a la vida y a la libertad de expresión, tienen que ver con derechos sociales, económicos, ambientales, porque en una democracia el cuento no radica en que 2 ó 3 puedan vivir mejor sino que todos podamos vivir mejor. Y por lo tanto cada peso que alguien se roba en el Estado generalmente al sector que más afecta es a la gente pobre porque afecta la inversión social.
Quería decir esto porque venimos trabajando en esa dirección. No nos vamos a salir de esa ruta que trazó Juan Manuel Santos en la campaña electoral. Queremos ser un país que la comunidad internacional nos reconozca como país respetuoso de los Derechos Humanos.
No es tarea fácil porque en Colombia tenemos enemigos muy grandes que conspiran a diario contra este propósito, permítanme decirles: hoy todos los grupos armados ilegales, llámense guerrilla, paramilitares, emergentes, bandas criminales, narcotráfico, son los principales enemigos de una política integral de Derechos Humanos y de respeto al Derecho Internacional Humanitario y creo que hoy necesitamos hacer un propósito de país y de nación. Y queremos el acompañamiento de la comunidad internacional para poner fin a la existencia de todos esos grupos armados ilegales.
En el caso particular de la guerrilla, hablando en términos políticos, que es hoy el principal enemigo de cualquier proyecto de izquierda democrática o de centro izquierda de nuestro país, pregunto ¿Qué tan revolucionario es dejar mutilados a niños con minas antipersonal, antes llamadas minas quiebrapatas? ¿Qué tan revolucionario es colocar bombas y dejar niños heridos y mujeres embarazadas heridas? Eso es lo más contra revolucionario que pueda haber en nuestro país.
Por eso queremos decirle a los grupos armados ilegales: no más criminalidad, entiendan que cada acción criminal que ustedes hacen lo único que genera es repudio dentro de la población.
Al mismo tiempo en esa lucha contra los grupos armados ilegales tenemos que ser exigentes. El Estado, miembros del Estado o de los grupos armados legales, so pretexto de combatirlos, no pueden utilizar las mismas prácticas de los grupos armados ilegales, tienen que respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y en ese propósito tienen que desarmar la palabra. No podemos meter todo en el mismo saco, a organizaciones sociales o a organizaciones políticas de oposición que hacen críticas al Gobierno de turno.
Termino diciéndoles que en este camino nosotros no hemos cerrado la puerta de la paz. El Presidente ha dicho la puerta no está cerrada, pero en el caso particular de la guerrilla de manera pública les exigimos unas condiciones muy elementales: pongan en libertad a todas las personas secuestradas, sin ningún tipo de condiciones, cesen la práctica del secuestro y del terrorismo, cesen la crueldad de las minas antipersonal, liberen los niños reclutados de manera forzosa y sean capaces de reconocer que la violencia es irracional, que el pueblo colombiano la repudia cada vez más. Si lo hacen, Juan Manuel Santos tendrá toda la voluntad política de construir acuerdos de paz, procesos de perdón y reconciliación. Sino no lo hacen tenemos que continuar la lucha contra ellos porque tenemos un mandato constitucional: procurar que nuestro pueblo tenga el derecho a vivir tranquila y pacíficamente. Y ese derecho está ligado a la disminución del desempleo y al derecho legítimo que tiene nuestra población de vivir dignamente porque una democracia tiene sentido si primero son los seres humanos, empezando por los niños y las niñas.
Muchas gracias”.