SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS
“El Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, quiere trabajar en torno a las conclusiones de este Foro, en lo que tiene que ver con nuestro país. Esa es la primera invitación que les hago, sostener una reunión posterior con miras a poder implementar una política en materia preventiva de violación de Derechos Humanos en nuestra patria. Lo digo porque hemos estado graves en el tema de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. No lo podemos ocultar.
Tenemos cerca de 3 millones 600 mil víctimas, entre población desplazada y víctimas de delitos de lesa humanidad, incluyendo niños y niñas, mujeres, afrodescendientes, población campesina, población trabajadora e indígenas y también de muchos otros sectores, todos gente muy pobre y humilde.
Por eso lo primero de esta política preventiva es tener claro que el Estado tiene que ser mucho más generoso, sensible, solidario y humano con las víctimas y más duro con los victimarios.
Desafortunadamente nosotros llevamos cerca de 60 años de una violencia irracional, degradada, con muy breves intervalos en materia de disminución de esa violencia y obviamente que esto ha generado unas consecuencias muy graves. Y solamente empezamos a hablar de las víctimas en los últimos 6 ó 7 años.
Antes hablábamos mal de los victimarios, para hacer acuerdos de paz con los victimarios, pero no hablábamos de las víctimas, ahora el avance es que comenzamos a hablar más de los derechos de esas víctimas y de la deuda social que tiene el Estado y la sociedad con esas víctimas.
Y por eso hemos tomado tres decisiones políticas:
1. Presentar de manera concertada con diferentes partidos políticos, así como con la sociedad civil, un proyecto de ley relativo a la reparación de las víctimas, que incluya la reparación administrativa de las víctimas de los agentes del Estado. Y no podemos esperar el fallo contra el agente del Estado para reparar a esas víctimas.
Y cuando hablamos de las víctimas hablamos de las personas que han sufrido las consecuencias de la violencia. No podemos negar que en determinados momentos algunos agentes del Estado y servidores públicos creyeron que cometiendo delitos podían combatir mejor a los grupos armados ilegales.
Es una decisión del Gobierno presentar este proyecto de ley. Obviamente esto implica un camino de reparación y que haya verdad, justicia y reparación.
2. Presentar un proyecto sobre la Ley de tierras, uno de los temas actuales más graves. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande de expropiar tierras a grupos armados ilegales. Por lo tanto, la Ley no se trata de que quitemos la tierra a ricos ilegales o a testaferros para dársela a unos nuevos ricos, de eso no se trata.
El eje fundamental de la Ley de tierras es que estará hecha para reparar a las víctimas, a la población que fue despejada y esto hace parte de un proceso de justicia social. No es fácil este proceso pero es irreversible.
En estos dos proyectos, instituciones como la Universidad de Los Andes y el acompañamiento de la comunidad internacional nos pueden ayudar inmensamente.
Y tenemos otra decisión política y es que el Gobierno tiene que tener una política permanente en materia de promoción de Derechos Humanos. Ninguna democracia ni Estado moderno se puede construir sino hay política integral en materia de Derechos Humanos, mucho más en un mundo tan globalizado como el nuestro. Hay que recordar que no solamente se han globalizado los negocios sino también se han globalizado los derechos, incluyendo los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos ambientales. Y el primer responsable en el cumplimiento de los Derechos Humanos es el Estado.
Y el Estado significa el Gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, el aparato de justicia, porque es la única manera de que nosotros podamos tener autoridad moral para exigirle a la ciudadanía también una política en una relación de derechos y deberes y de respeto por los Derechos Humanos.
Y ahí permítanme decirles que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en todos los niveles del Estado para diferenciar grupos armados ilegales con organizaciones de la sociedad civil. A veces esta lucha contra los grupos armados ilegales nos puede confundir, que si alguien hace una critica desde la sociedad civil o desde una organización de Derechos Humanos, o desde una organización política de oposición, entonces los igualamos a integrantes de grupos armados y eso es - si lo dejamos prosperar - el paso siguiente a delitos de lesa humanidad.
Necesitamos desarmar la palabra, necesitamos interlocutar con la sociedad civil en todas sus expresiones y también con la oposición política. El hecho que nos critiquen no significa que sean enemigos nuestros. Por eso me parece importante y estamos trabajando en esa línea de conducta. Y debemos trabajar con la Universidad de Los Andes y con la Agencia de Cooperación USAID para que en el Plan Nacional de Desarrollo haya un capítulo relativo al tema de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos no pueden ser tema del Presidente y del Vicepresidente de turno sino que tienen que ser Política de Estado, de tal manera que cada institución del orden nacional tenga claro que tiene que tener dicha Política.
Y que eso nos permita generar un proceso cultural en la sociedad. Pongo un ejemplo: el sector empresarial colombiano tiene que entender que debe tener relaciones con sus trabajadores y no debe evadir responsabilidades laborales. Y el Gobierno debe entender que los trabajadores tienen derecho a asociarse, a tener sindicatos, a tener pliegos y que hay que dialogar con organizaciones de la sociedad civil.
El paso siguiente: acordar el Plan Nacional de Desarrollo. Aprovechemos el próximo año que viene elección de alcaldes y gobernadores para que una vez elegidos tengan en sus planes de desarrollo y en su agenda de Gobierno la Política Integral de Derechos Humanos.
Nada nos ganamos solamente con condenar el asesinato de un líder político y de condenar las acciones terroristas o las acciones criminales de guerrillas y grupos paramilitares; creo que lo fundamental es afianzar mecanismos preventivos para evitar situaciones de violaciones a los Derechos Humanos.
Vamos a consolidar una Mesa de Garantías, que se ha creado desde el año pasado, y que está bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, y que está hecha para defensores de Derechos Humanos y también para diferentes líderes sociales y empresariales. Y en esa mesa de garantías comienzan a haber reclamaciones que debemos atender. Y el mundo académico y la comunidad internacional nos tienen que ayudar. En el tema de la lentitud de la justicia y la investigación creo que necesitamos fortalecer a la justicia. Cada vez que se viola un Derecho Humano y esa violación se queda en la impunidad, se llama a otra violación. Vamos a necesitar de un esfuerzo grande de la sociedad en su conjunto para que nuestros jueces y fiscales tengan una lucha en la que no quede delito impune y en la que los culpables sean sancionados.
Como Gobierno y como Estado no permitiremos casos de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por eso vamos a fortalecer esa Mesa de Garantías. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, con la comunidad internacional y con la academia para ver si concertamos con la sociedad civil el Plan Nacional de Acción en materia de Derechos Humanos, que se convierta en un punto vital.
Vamos a hacer del diálogo social un punto vital. No se puede continuar en la situación de que el Gobierno va por un lado y la sociedad por otro. Se trata de que seamos capaces de propósitos comunes en medio de las diferencias. Para esto estamos haciendo un esfuerzo de coordinación interinstitucional. Creemos que es importante que las diferentes instituciones trabajemos de manera coordinada. Por eso le vengo diciendo a la Policía y al Ejército que en cada pueblo dialogue con las diferentes instituciones de la sociedad civil.
Ese diálogo es muy importante, es construir confianza. La sociedad civil no se ha hecho para ser incondicional del Gobierno de turno ni de los agentes del Estado, hay que estimularla para que hable de manera objetiva y para que pueda hacer criticas que son necesarias para mejorar. Termino diciéndoles que es importante escuchar a la vocera de El Salvador y de Bosnia Herzegovina, dos países que tienen en común haber construido acuerdos de paz.
Tal como ya se ha dicho, para entablar un diálogo con la guerrilla le estamos poniendo condiciones: que ponga en libertad a todos los secuestrados sin objeciones, que ponga fin a la colocación de minas antipersonal - ¿Qué revolucionario es dejar mutilados a humildes campesinos? somos hoy uno de los dos países con el mayor número de víctimas de minas -, que ponga fin al reclutamiento forzoso de niños y niñas y que sea capaz de decir “esta violencia no tiene sentido”; y debemos perseguirlos a todos llámense guerrilla o paramilitares o bandas criminales o narcotráfico.
Seguiremos trabajando para que el pueblo de Colombia se sienta orgulloso de tener un Estado reconocido nacional e internacionalmente en materia de Derechos Humanos y también un Estado que garantiza el derecho de empleo, el derecho a vivir mejor. Una democracia tiene sentido si primero son los seres humanos. Muchas gracias”.