COLOMBIA: RESULTADOS EN DDHH
Palabras del Vicepresidente de la República de Colombia, doctor Francisco Santos Calderón en el LXI período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Ginebra, marzo 16 de 2005
El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ganó la Presidencia de Colombia porque logró congregar a los colombianos en torno del propósito común de recuperar la confianza.
Recuperar la confianza a través de restablecer la seguridad y el imperio de la ley. Reactivar la economía. Y fortalecer la inversión social.
Acudimos a este sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos para presentar desde aquí, al mundo entero, no un discurso político sino la relación de los muy importantes resultados y avances que hemos alcanzado en esa tarea que dan continuidad y proyección a lo que anunciamos hace un año en este mismo recinto.
En estos primeros dos años y medio de Gobierno, gracias a la Política de Seguridad Democrática redujimos los principales índices de violencia, en proporciones que no tienen antecedentes en la historia reciente de Colombia. Entre 2003 y 2004 disminuyeron los homicidios en 15% hasta alcanzar la tasa más baja de los últimos 18 años (44 por cada cien mil habitantes).
Logramos también la reducción del número de masacres en 52%, el de sus víctimas en 49%, los secuestros en 35% y el desplazamiento forzado en 37%.
Estos resultados se relacionan directamente con los grandes avances de nuestro Estado en tareas como aumentar la presencia de la fuerza pública y de las autoridades civiles en todo el territorio. Hemos trabajado sin descanso para asegurar el respeto a la ley, el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos a través de fortalecer la gobernabilidad y promover la presencia institucional y de los organismos de control en todo el país.
Y también con el trabajo y compromiso en la defensa de los DDHH. El proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción y de una política pública contra la impunidad están en marcha y avanzaron significativamente entre la anterior Comisión y esta.
Dimos un gran salto adelante en la lucha contra la impunidad con la aprobación por el Congreso, en junio de 2004, de una ley de reforma al sistema penal, que hace posible que las investigaciones y los juicios sean más expeditos y eficientes
Pese a las dificultades fiscales que enfrentamos, el gobierno incrementó este año, 45% el presupuesto destinado a los Programas de Protección a poblaciones vulnerables (líderes sindicales, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, periodistas, miembros de la Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano, alcaldes, concejales, personeros, diputados, líderes de población desplazada, indígenas y afro colombianos). Hasta diciembre 31 de 2004, 18.935 personas se beneficiaron con medidas de protección costeadas por el gobierno.
Y destinamos un presupuesto 8 veces superior al del año pasado para atender a la población desplazada.
Los homicidios de trabajadores y miembros de sindicatos disminuyeron de 184 en 2001 a 82 en 2003, una disminución del 55%. Entre enero y diciembre de 2004, 40 trabajadores y miembros de sindicatos fueron asesinados, una disminución del 38% en comparación con el mismo periodo en 2003. Si bien esta sigue siendo una situación inaceptable, seguimos trabajando para prevenir este tipo de violencia.
Seguimos consolidando la democracia. Cuando llegamos al Gobierno, en el año 2002, más de 300 alcaldes elegidos por el pueblo, no podían despachar desde sus municipios porque estaban amenazados por los grupos armados ilegales. Hoy todos retornaron y trabajan en sus localidades. Teníamos 178 municipios que no contaban con presencia de la Fuerza Pública. Ahora la hay en todos los municipios del país.
La seguridad dio un nuevo impulso a la economía que se concreta en un crecimiento del PIB de 3.95% en 2003, la cifra más alta de los últimos siete años, y de 3.7% en los primeros once meses de 2004. Esto repercutió en mejores niveles de empleo. Desde 2002 al 2004 se ha reducido la tasa de desempleo de 14.6% a 11.7% todo los cual representa un avance consistente para disminuir la brecha de inequidad y para enfrentar la situación de pobreza existente en el país.
En cuanto a la política de reactivación social seguimos avanzando hacia el pleno ejercicio de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la alimentación. En el último año creamos 256.815 cupos en educación básica y media, 69.045 en educación superior y se formaron a 2.964.799 profesionales integrales. Fueron afiliados 3.553.983 nuevas personas en el régimen subsidiado de salud, 2.610.981 niños se beneficiaron de restaurantes escolares, 517.598 de desayunos infantiles y 957.126 de los programas de nutrición infantil en los hogares de bienestar familiar.
Son resultados muy importantes. Pero no suficientes. Nuestro país tiene mucho por hacer en Derechos Humanos. Especialmente por la magnitud e intensidad de la agresión que enfrenta nuestra sociedad por los grupos armados ilegales.
Me remito al informe de la Oficina del Alto Comisionado sobe Colombia que expresa claramente que los grupos armados ilegales no cumplen ninguna de las recomendaciones que les han dirigido y que cometen graves violaciones del DIH. Igualmente llama la atención sobre la gravedad de las infracciones al DIH por parte de las FARC y el ELN en aspectos como la víctimización de niños y niñas, algunos pertenecientes a grupos indígenas, su reclutamiento forzoso, la imposición de métodos anticonceptivos, el ataque y la esclavitud sexual de mujeres. Registran igualmente torturas, homicidios, tomas de rehenes, ataques contra la población civil, desplazamiento forzado, restricción al libre tránsito de personas y bienes y utilización de armas prohibidas.
Quiero destacar que esta es tal vez la descripción más completa que informe alguno haya anteriormente registrado sobre la barbarie de la guerrilla especialmente de las FARC, algo que mueve especialmente el agradecimiento de las víctimas y sus familias porque despeja opciones y caminos en el complejo tema del tratamiento de las violaciones de derechos humanos por grupos armados ilegales para su inclusión como destinatarios de las exigencias de derechos humanos.
En Colombia quisiéramos también que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos asuman con toda fortaleza el desafío de realizar el monitoreo permanente y extenso de las violaciones de derecho humanos de todos los autores para promover que se haga justicia a las víctimas y para que sus voces sean escuchadas.
El terrorismo atrofia el desarrollo y empobrece a nuestra sociedad. Según un estudio reciente del Banco Mundial el terrorismo y la violencia nos cuestan 2 puntos del PIB cada año.
En este sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos queremos expresar la gratitud y el reconocimiento del Gobierno y del pueblo de Colombia por el apoyo que recibimos de la comunidad internacional en nuestra lucha contra el terrorismo en especial en la firme condena contra todos los actos de terrorismo, los atentados contra la vida, la integridad física, la libertad personal y la seguridad, cometidos por los grupos armados ilegales.
En la enérgica condena contra el secuestro, sea por motivos políticos o económicos, y en el apoyo al anhelo y justo reclamo de nuestro pueblo para que sean puestos en libertad en forma inmediata e incondicional los miles de ciudadanos en poder de los grupos armados ilegales en Colombia.
En la enérgica condena al reclutamiento forzado de niños y a la utilización intensiva de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales.
Este sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos se desarrolla en medio del debate sobre las reformas al sistema de las Naciones Unidas, reformas que tienen por objeto fortalecer un sistema multilateral intergubernamental con el cual todos los aquí presentes estamos comprometidos.
En el centro de este debate contamos con el Informe del Panel de Alto Nivel "Amenazas, desafíos y cambio" presentado al Señor Secretario General. El capitulo sobre las posibles reformas a la Comisión de Derechos Humanos ha despertado en este foro, al igual que en diversos escenarios regionales, un natural interés.
Ginebra, histórica depositaria de estos debates, es un escenario adecuado para hacer públicas algunas reflexiones basadas en la observación y la experiencia y el saber acumulado de más de medio siglo de actividades y de avances en la fijación de estándares de protección para los derechos humanos.
Preocupa al Panel de Alto Nivel que los Estados se hagan miembros de la CDH con el fin exclusivo de evitar críticas o de promoverlas contra los demás y que en este contexto la cuestión de cuáles son elegidos como miembros de la Comisión se haya convertido en fuente de gran tensión internacional.
Conviene recordar que la vocación natural del sistema de Naciones Unidas es la universalidad dentro la cual, obviamente, se tiene que atender el criterio de la diversidad.
Teniendo entonces en cuenta esa vocación universal del sistema, parecería apropiada la solución que se propone en el sentido de que la membresía de la Comisión sea universal, de manera que todos los miembros de Naciones Unidas sean responsables y queden igualmente comprometidos con la causa de los derechos humanos.
Otro tema recurrente es la politización de la discusión de los derechos humanos o el uso político de los debates sobre este tema. En ese sentido parecería conveniente renovar el respeto a la pluralidad y la diversidad de alternativas de gobierno que se construyan democráticamente. Es conveniente diseñar mecanismos que permitan objetividad y análisis razonables y evitar que se pretenda la imposición de criterios a partir de relaciones asimétricas.
Uno de los problemas que aquejan este foro, es la selectividad y la polarización que de ella se deriva. Un Informe Global de los Derechos Humanos merece una consideración especial por la posibilidades que podría brindar al ocuparse de revisar la situación de cada uno de los países en forma periódica y de promover un seguimiento completo y equilibrado de la situación de los derechos humanos en todos los rincones del mundo, materializándose, en esta forma, un tratamiento simétrico para los Estados y haciendo honor a las disposiciones pertinentes de la Carta de Naciones Unidas.
Este informe universal permitiría construir parámetros de evaluación que den cuenta de las diferentes circunstancias en la acción por lograr la vigencia de los derechos humanos y que muestren toda la complejidad de la situación; parámetros que reconozcan la dinámica, midan los avances y superen la subjetividad.
Por todo lo anterior es palmaria la necesidad de dotar a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de los recursos financieros necesarios que le permitan asumir una tarea más amplia, fortaleciendo el presupuesto regular que le es asignado.
El Informe universal debería nutrirse de diversas fuentes: las que provienen del propio sistema de protección de derechos humanos, gubernamental y no gubernamental, las provenientes de los gobiernos mismos y aquellas desarrolladas por las agencias especializadas de Naciones Unidas que se ocupan de temas sociales, económicos y culturales. Esto nos brindaría la oportunidad de racionalizar el trabajo que se desarrolla en áreas temáticas en las cuales existe ya una especialización técnica considerable de décadas de trabajo por parte de las distintas agencias especializadas.
Con respecto a los criterios con base en los cuales debe hacerse esta evaluación universal, cabría entonces la pregunta de cuál es el verdadero objetivo que perseguimos: ¿se trata de buscar únicamente un señalamiento sobre situaciones puntuales de violaciones de derechos humanos? O por el contrario lo que buscamos es comprometer a los Estados y a sus instituciones a un progreso real y efectivo mediante una cooperación brindada por organismos de reconocida experticia.
Como país inspirado por una verdadera voluntad política de proteger a sus ciudadanos y de mejorar la situación de los derechos humanos, tenemos la convicción de los beneficios que brinda la cooperación y la asistencia a las instituciones y al Estado. Colombia cree en la cooperación sincera basada en la confianza, el respeto y la identidad de convicciones acerca de las tareas necesarias para dignificar cada vez más las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestros respectivos territorios.
Para que sea eficaz, este proceso de reformas debe ir acompañado de un nuevo impulso a la cultura de los derechos humanos. Debemos evaluar la experiencia del decenio de la educación en derechos humanos y diseñar estrategias dirigidas hacia funcionarios y funcionarias públicos, el sistema educativo y los espacios laborales y de convivencia ciudadana. Es necesario fortalecer la convicción ética sobre la obligación jurídica para hacer mayor la vigencia de los derechos humanos para toda la humanidad.
Especial atención merecen el funcionamiento de mecanismos extra convencionales y de trabajo. La labor de los expertos debe ser comedida y se debe enmarcar en parámetros objetivos que fortalezcan las instituciones. Se debe pasar de las denuncias subjetivas y del señalamiento desbordado al compromiso en la superación de las situaciones.
En síntesis, Colombia acompaña un proceso de reformas que fortalezca el sistema de protección y permita un trabajo más eficaz y conjunto en la elevación de los estándares de garantía.
Creemos en la acción que fortalece la capacidad de los estados para proteger, garantizar y promover los derechos humanos y nos parece grave la acción que debilita los procesos institucionales internos. Propugnamos por una evaluación compartida, objetiva y universal que concluya en desafíos y espacios de trabajo conjunto más que en las evaluaciones selectivas, con parámetros diferentes para situaciones iguales o que tienen como propósito central el señalamiento de los problemas aislándolos del contexto y la dinámica de cada país o continente.
Ustedes conocen el contexto en el cual desarrollamos nuestra política de derechos humanos. Y son conscientes de los grandes retos y dificultades que enfrentan el Estado y la sociedad de Colombia.
El Presidente Álvaro Uribe Vélez señalaba recientemente: "Tenemos el gran reto de derrotar el terrorismo sin afectar las libertades públicas. De derrotar el terrorismo profundizando la democracia y todas las libertades públicas que concurren al universo democrático."
En este momento estamos dedicados a concertar en el Congreso de la República un marco jurídico que facilite la desmovilización de quienes se quieran comprometer en un proceso de cesación de la violencia. Buscamos un marco que dignifique a las víctimas y haga efectivos sus derechos a la verdad, la reparación y la justicia pero que a la vez sea atractivo para la desmovilización.
Marco jurídico que aspiramos sea universal y se aplique a los miembros de todos los grupos armados ilegales. No creemos conveniente tratar de diferente manera los crímenes de lesa humanidad o de guerra; o tener actitudes diferentes por las motivaciones alegadas en la comisión de esos crímenes.
La búsqueda de este marco nos ha enseñado las dificultades que conlleva alcanzar fórmulas que faciliten el desarme y que a la vez sean compatibles con los derechos de las víctimas. Este debate avanza en un ambiente de pugnaz polarización.
También buscamos fórmulas que permitan la reconciliación e integren mecanismos alternativos de satisfacción a la sociedad y a las víctimas. Fórmulas que permitan confiar en el desmonte efectivo de los mecanismos de coacción de los violentos sobre la sociedad y las instituciones y garanticen la no repetición de la reciente trágica historia.
Ese proceso lo hemos adelantado con responsabilidad política, a la luz pública y con amplio debate social e institucional; aspiramos a que los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico decidan en este semestre ese marco jurídico.
Estos logros han sido posibles gracias también al acompañamiento y cooperación internacional; tenemos la fortuna de contar con amigos solidarios en todos los continentes. En ese sentido, reconocemos el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y de los países que con su cooperación contribuyen a la tarea de fortalecer el Estado de Derecho y la democracia colombianas y proteger a la población en medio de la compleja realidad del país.
Nuestro Gobierno y nuestras instituciones trabajamos en la aplicación de las Recomendaciones del Alto Comisionado, un proceso que se ha venido dando en forma gradual y con un alto grado de coordinación institucional bajo la dirección de la Vicepresidencia de la República. Mantenemos igualmente interlocución permanente y al más alto nivel sobre el particular con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con las cuales hemos llevado a cabo seis reuniones periódicas de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en las cuales participaron representantes del Grupo de los 24 países que lideran la cooperación al país en esta materia.
Esa cooperación con la ONU y con la comunidad internacional debe continuar contribuyendo genuinamente a complementar los esfuerzos de las instituciones nacionales, reconociendo objetivamente sus avances y señalando sus carencias, tarea que debe igualmente tener en consideración, el contexto histórico y social que vive el país.
En este orden de ideas, quisiera resaltar los resultados y conclusiones de la reciente "Mesa de Coordinación y cooperación internacional" que se celebró en Cartagena de Indias. En ella esos 24 países que brindan un importante apoyo político y financiero a nuestro país, reafirmaron su respaldo al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por promover los derechos humanos y consolidar el estado de derecho.
Igualmente, en Cartagena se llevó a cabo una amplia y franca interlocución con diversos sectores y organizaciones representativas, cuyos voceros dieron prueba de un alto grado de madurez y voluntad constructiva al adelantar un debate y producir una declaración que nos permite ser muy optimistas respecto al nivel y la calidad de la interlocución con la sociedad civil. Como persona que viene de esa sociedad civil, me siento particularmente complacido de este diálogo y confío en que el talante de Cartagena continúe prevaleciendo.
En una hermosa esquina de Suramérica, bañado por dos océanos hay un país que quiere ver con esperanza su futuro y abandonar las experiencias del pasado; no queremos olvidar el pasado sino superarlo, pero sobre todo estamos comprometidos en el porvenir basado en la dignidad de las personas, la democracia en nuestra organización política y la prosperidad de nuestro pueblo; ese país ha tenido la fortuna de contar con vuestra cooperación y espera construir ese país soñado para nuestros hijos e hijas.
|
