HECHOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Intervención del vicepresidente de la República Francisco Santos Calderón en la LIX Asamblea General ordinaria de afiliados a la Andi.
Cartagena, agosto 29 de 2003
La sociedad tiene claramente definidos cuáles son los ejes fundamentales de la política del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. El primero el de la seguridad democrática, donde los esfuerzos apenas están empezando y vamos a requerir mayor esfuerzo del sector privado, de la clase empresarial.
Cuando se analiza el tema de la inseguridad en las regiones y aparece que todo Sincelejo, todo Sucre, tiene apenas mil policías, o que Medellín tiene entre cinco o seis mil uno dice: "hombre aquí es mucho lo que falta por hacer". Sin ser muy aguafiestas, quiero dejar en claro que el esfuerzo fiscal, el tributario y el de contribución de la clase empresarial, todavía requiere mayores sacrificios.
Un segundo comentario es que devolverle la seguridad a Colombia no es tarea fácil. Todavía faltan muchos esfuerzos en lo militar y en lo judicial para acabar con esta guerra. Vamos por el camino correcto pero es largo el camino que nos falta por recorrer.
En tercer lugar quiero enfatizar lo que afirmara Luis Carlos Villegas: esta es una tarea y un reto de nosotros los colombianos. El apoyo de los Estados Unidos es fundamental y hay que preservarlo, pero el mayor esfuerzo, tiene que venir de todos los colombianos.
El segundo eje es la reactivación social. Y ya se ven los resultados en las cifras. Estamos alcanzando niveles de crecimiento que no veíamos hace un quinquenio; el desempleo por fin está empezando a ceder y se están empezando a sanear las finanzas.
El tercer eje es el tema de la corrupción y la lucha contra la politiquería, que no es sólo el soborno, ni es sólo el cohecho. Tiene muchas otras dimensiones igualmente críticas: la evasión y elusión de impuestos también es corrupción y le cuesta al Estado colombiano seis billones de pesos cada año. La desviación de recursos por el mal gasto, las obras mal hechas, no terminadas o inútiles, le cuestan al Estado, es decir nos cuestan a todos cuatro billones de pesos cada año. Los sobrecostos en las compras del Estado, a partir de un cálculo muy conservador, nos cuestan dos billones de pesos. Y otro tema fundamental: la evasión al régimen contributivo de salud nos cuesta al Estado y a los ciudadanos, 2.5 billones de pesos por año. En términos generales estamos hablando pues de un costo anual de la corrupción de 14.5 billones de pesos. Considerando que la reforma tributaria y el impuesto al patrimonio de este gobierno le han aportado a las finanzas públicas alrededor de cinco billones de pesos, luego lo que uno ve es que apretando clavijas, gestionando públicamente bien, los recursos están pero no se captan ni se emplean adecuadamente.
El de la corrupción no es un problema de impunidad. Tenemos las mejores normas de lucha contra la corrupción. Cada vez que vamos a la OEA y a todos los escenarios internacionales donde se discute este tema, la normatividad colombiana surge como ejemplo. Las normas están. Por ejemplo, no hay ningún país del mundo que tenga la figura jurídica de pérdida de investidura y en Colombia han perdido la investidura más de 45 parlamentarios desde que la Constitución de 1991 creó esta figura. Hace pocos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia me decía: "estoy aburrido de meter en la cárcel funcionarios cuyo fuero de juzgamiento está en la Corte Suprema, gobernadores, etc, ¿qué es lo que está pasando?".
Según cifras de la Fiscalía General de la Nación del año 1997 y 2001, se han procesado 798 alcaldes, 750 concejales, 350 diputados y se han vinculado a investigaciones 2.688 contratistas, 1.702 gerentes de empresas públicas y 1.047 tesoreros. Pero el problema de la corrupción va más allá. No olvidemos que este país ha encarcelado a más de 20 parlamentarios por corrupción, a cuatro contralores y dos procuradores. Pero la corrupción es un cáncer sistémico y hay que mirarlo y atacarlo así. Por eso el programa Presidencial de Modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción del gobierno, va mucho más allá del tema sancionatorio, que además no es competencia del gobierno, sino de los organismos de control y de la justicia. Voy a contarles lo que estamos haciendo.
Durante las últimas semanas hemos realizado Consejos Comunales Anticorrupción en las capitales de los departamentos. Ha sido una experiencia fantástica. El Presidente quien fue quien dispuso organizarlos, dijo: "hombre abramos este escenario que acerca la justicia al ciudadano, el Estado a la gente, que abre espacios de participación, pero que va más allá de la simple denuncia". En estos Consejos estamos esparciendo la semilla de algo que vamos a cosechar más adelante, que es la buena utilización de los recursos públicos porque estamos mirando en ellos muy en detalle el tema de las transferencias que como ustedes saben van esencialmente a salud, a educación y saneamiento básico ambiental. Cuando les contamos a los ciudadanos de qué estamos hablando se quedan aterrados. Por ejemplo, entre los años 1994 y el 2002, al departamento del Cesar le ingresaron 2.1 billones de pesos, al Magdalena 2.3, a la Guajira 1.3, a Córdoba 2.9, a Sucre 2.6 y a Bolívar cinco billones de pesos.
Entre el 2003 y el 2006 le van a entrar al Cesar 1.2 billones, al Magdalena 1.6, a la Guajira 774 mil, a Córdoba 1.9, a Sucre 1.1, a Bolívar 2.4 billones de pesos. Pero no es sólo que les digamos cuántos recursos han recibido o recibirán sino cómo se está ejecutando el gasto público y cómo está impactando la vida de los ciudadanos en lo qué tiene que ver con salud, con educación, con saneamiento ambiental, con acueducto y alcantarillado. Cuando les damos esta información uno percibe el asombro, porque no saben, no tienen ni idea de los platales que están entrando, y cuando se les comenta el bajísimo impacto que está teniendo en la calidad de vida, ahí empieza la furia.
No es sino mirar las coberturas de acueducto y alcantarillado. Por ejemplo en acueducto: Cesar 87%, Magdalena 87%, Guajira 76%, Sucre 80%, Córdoba 80% y Bolívar 87%. En alcantarillado: Cesar 64%, Magdalena 49%, Guajira 48%, Córdoba 35%, Sucre 44% y Bolívar 52%, y eso que el peso específico de las capitales eleva el promedio porque el problema a nivel de los pequeños municipios es dramático y la gente empieza a preguntar: "¿y esta plata qué se está haciendo?" Y está empezando a entender: "oiga nos están dando un platal desde Bogotá, ¿cómo se está gestionando?".
Regalías: Córdoba 156 mil millones, entre 1995 y 2002; Cesar 212 mil, Guajira 480 mil, Sucre 266 mil, Bolívar 151. El municipio de San Antero que recibió 83 mil millones de pesos, tiene 44% de cobertura de acueducto y no tiene alcantarillado, apenas 0.3%. Tolú igual, 87 mil millones de pesos, cobertura de 62% y no tiene alcantarillado. Entonces empieza uno a dimensionarles a los ciudadanos el problema y hacemos lo mismo con la educación que consume gran parte de los recursos, ¿cómo está la cobertura? ¿cómo esta la calidad? Más de 75% de los colegios públicos están en las pruebas del ICFES que informa si están en un promedio alto, medio bajo o inferior. Entonces uno le pregunta a la gente: "bueno y esta plata, que es fundamental, es un esfuerzo de todos, ¿está educando niños que no van a tener futuro?" Y les mostramos las pruebas de matemáticas, de lenguaje, de grado quinto y grado noveno, y la gente comienza a entender que el gasto público no es sólo el dinero que llega, no sólo el aumento de la cobertura, sino también la calidad.
Asisten a estos Consejos delegados de la División de Asuntos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación y de la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que informan y analizan a los ciudadanos, los alcaldes, gobernadores y a los candidatos la situación fiscal de departamentos y municipios. Esta es la semilla. Empezar a generarle presión social a los organismos de control y a la justicia. Ahí están dando la cara la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía General, y el Consejo Superior de la Judicatura. Por su parte, el ciudadano está empezando a entender que tiene una responsabilidad frente a la vigilancia de la ejecución de los recursos.
En uno de esos eventos intervino un concejal de un municipio de la Guajira pidiendo 8.000 millones de pesos para el acueducto y le respondí: "hombre ¿por qué no le dice eso a su alcalde?, ¿por qué si su municipio recibió 25.000 millones de pesos en regalías el año pasado no tienen acueducto? La ciudadanía y máxime un concejal deben intervenir para convencer a su alcalde para que pignore sus regalías en los próximos tres años y lograr que Findeter le financie el acueducto". O el caso de Montería, un municipio que está quebrado, es inviable, 55.000 millones de presupuesto, 65.000 millones de deuda y tiene un déficit de 15.000 millones al año. Reuní a los candidatos con la gerente de la División de Apoyo Fiscal, quienes les mostraron todas las cifras frente a las cuales uno de los candidatos dijo: "¿yo qué hago aquí?".
Es importantísimo llevar la información a donde tiene que llegar, porque no hay información, porque los ciudadanos no la buscan y porque el Estado colombiano es pésimo informando.
Encontramos municipio tras municipio embargado, muchas veces en cuentas que son inembargables. un problema especialmente grave en Sucre, la Guajira que tenemos que empezar a resolver, porque la educación, la salud y el agua potable no se pueden tocar.
Estos Consejos Comunales Anticorrupción han servido para dejar claro que hay recursos, que sirven, que lo que hay es sagrado y que si se maneja bien la plata alcanza.
Y estos Consejos no se quedan simplemente en una exposición, en críticas, en denuncias, en el control social, en la presión y se acabó. No, también firmamos pactos de transparencia con los candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación mediante los cuales se comprometen en procesos de rendición de cuentas, en procesos de presupuesto participativo, en compromisos con el indicador anticorrupción que estamos implementando a nivel nacional con transparencia por Colombia y ponen en marcha la gobernación o la Alcaldía Electrónica, herramienta muy estricta en el tema de vigilancia de la contratación y que estamos trabajando con la Cámara de Comercio y Confecámaras. Por cierto las Cámaras de Comercio son los agentes que hacen seguimiento a estos pactos.
Así mismo, otra de las herramientas, que ya existía pero que estaba perdida desde el año 1995, es el Estatuto Anticorrupción, que a su vez creó la Comisión Nacional de Moralización que se había reunido apenas dos veces en todos esos años. Nosotros la estamos reuniendo mensualmente y la vamos a convertir en el ente rector, porque congrega a todos los que tienen que estar: el Fiscal general, el Procurador general, el Contralor general, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente de la República, el vicepresidente, el Ministro del Interior y el Programa Presidencial de Modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. En pocas palabras están los que tienen que dar la pelea.
Vamos a ver casos ejemplarizantes y les haremos seguimiento. De ahí nació la idea de crear las Comisiones Departamentales de Moralización, donde con la Secretaria Técnica de la Cámara de Comercio y el apoyo del programa presidencial se reúnen el alcalde, el gobernador y los delegados de todas estas instituciones a nivel regional. Estas entidades tienen la responsabilidad de elaborar planes, compromisos en la vigilancia de la ejecución del presupuesto en lo que a educación, salud y saneamiento ambiental se refiere, deben rendir cuentas públicas y al Consejo Nacional de Moralización. Es un sacudón a la justicia, un elefante que tenemos que mover; es un sacudón a los organismos de control, otro elefante que también hay que mover y eso no se logra fácilmente con presión social y control social. En cambio con presión desde arriba sí empieza a moverse.
Estamos creando el indicador de probidad con Transparencia por Colombia. Necesitamos tener una línea de base, ¿qué tan corruptos somos? Nadie tiene ni idea, pero necesitamos saber cómo estamos al menos en lo que a transparencia, ejecución y eficiencia de las entidades se refiere. Obviamente, el gobierno no lo puede hacer, tiene que ser una entidad externa. Por eso estamos apoyando a Transparencia por Colombia para que lo haga y así tenerlo en todas las entidades del gobierno nacional y en las entidades del orden territorial.
Necesitamos esa medición clara y esa competencia. Aspiro a ver ese indicador funcionando en el 2006 en todas las entidades públicas para ver cómo van, para percibir si mejoran o retroceden. Eso va a generar presión pública y el accountability que es tan importante para que las entidades y los funcionarios empiecen a poder mirar y entender en dónde están.
Seguimos impulsando el programa de Gobierno en Línea, donde ya tenemos el Portal Único de Contratación que concentra una parte fundamental de la información de la contratación del Estado: licitaciones, compras directas, todo en línea, abierto, para que los empresarios y el ciudadano que quiera puedan entrar y mirar qué licitación hay es y cuenta con un servicio de e-mail donde usted pone su empresa y qué es lo que le interesa del Estado y cada vez que se convoque una licitación del Estado le va a llegar un e-mail, diciéndole: "Va a salir una licitación sobre algo que a usted le interesa" para que pueda participar o hacerle seguimiento a quién se ganó, qué contrato y toda la información acerca del mismo. Y vamos a publicar la información de compra directa. Información todo el tiempo, a todas horas, sin restricciones. Le vamos a introducir a este portal, una herramienta de seguimiento de la ejecución financiera y de la ejecución física de la contratación pública. Y vamos a crear también un portal del empleado público para que estén todos ahí, que el ciudadano pueda saber esta persona en qué Ministerio está o si es maestro de qué escuela.
Finalmente, dentro del tema sistémico está el de una Misión Anticorrupción que pondremos en marcha próximamente. No es una misión académica, estamos aburridos de las misiones académicas, sino una mirada sistémica a la lucha contra la corrupción. Como he dicho la corrupción no es un delito individual sino muy organizado, en temas por ejemplo de los embargos a las cuentas de los municipios, agresiones que resultan de una alianza del funcionario público, el abogado y el juez corruptos. Mientras tanto, el Estado no tiene ni idea de lo que hace su brazo derecho. El Estado no está combatiendo la agresión de los corruptos de manera integral, por eso vamos a realizar la Misión. La Misión se enfocará en cinco temas:
1. Eficiencia y transparencia de la gestión pública, que es la mirada profunda a este tema: qué más tenemos que hacer, porque no sólo hay problemas de normas, de contradicciones, sino que hay problemas de autoridades.
2. Justicia, control e impunidad. Qué está pasando, cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. En justicia ustedes saben que el proceso de casación es uno de los mecanismos que genera mayor impunidad, no hay controles a la casación, los términos se vencen. Todos esos temas hay que mirarlos.
3. Un tercer tema tiene que ver con la captura del Estado y la gobernabilidad.
¿Qué es captura del Estado? La captura del Estado es la capacidad que tienen los grupos de interés para influir en los procesos de decisión política a través de mecanismos de presión o de incentivos ilegítimos para satisfacer intereses económicos o políticos particulares, afectando el cumplimiento de responsabilidades públicas del interés colectivo, de la moral social. ¿Cómo se manifiesta? Ustedes lo deben haber vivido como empresarios de manera dramática.
La corrupción técnica: donde a través de conductas, tales como introducir condiciones o modificaciones en la contratación pública, hechas generalmente en términos jurídicos y técnicos, favorecen sin justificación la contraparte del Estado, como ha ocurrido con inusitada frecuencia en sectores como el de energía eléctrica, comunicaciones, infraestructura y concesiones viales. En esta categoría obviamente quedan comprendidos los casos de pliegos de licitación hechos a la medida para favorecer a un determinado proponente.
Corrupción judicializadora: mediante el negocio de demandas del Estado donde se destaca el caso de Dragacol, que por su cuantía y su frecuencia motiva una clara reflexión acerca del papel de los tribunales de arbitramento.
Otro es la corrupción en los fallos judiciales. Un caso para destacar en este sentido es el de los reconocimientos personales en las entidades territoriales sujetas a las disposiciones de la ley 550. El otro día hablando con el gobernador Alejandro Char del Atlántico, me comentaba que revisó 450 pensiones y de éstas 400 estaban mal liquidadas.
El manejo de información privilegiada en favor de negocios particulares. Un ejemplo es el papel de expertos, consultores privados especializados en el diseño y la aplicación de políticas y regímenes como el tributario y el petrolero. Esa puerta giratoria, que pasan por la DIAN y se vuelven asesores, esa puerta giratoria es tremendamente nociva.
Otro tema: la imposición de grupos armados en la definición y orientación del gasto público y territorial. El caso de las regalías de Arauca es un ejemplo, pero igual sucede con los paramilitares en muchas otras zonas en donde se están apropiando del presupuesto público.
Este tema les va a gustar: la insuficiente neutralidad y el rigor por parte de los entes reguladores, ¿quién regula los reguladores? Son bien conocidos los debates sobre las actuaciones de la CREC y de la Comisión Nacional de Televisión.
Otro tema de captura del Estado es la imposición de intereses regionales y caciquismo político con la cual se afecta la legislación nacional sin debida consideración de la supremacía del interés colectivo de la nación. Ocurrió en la ley de regalías, por ejemplo, donde contrario a lo que debería ser, aparecen primando unos intereses, usted ve las leyes y ve cómo es la influencia.
La conducción de entidades nacionales al servicio de intereses políticos y la discrecionalidad de los funcionarios en la interpretación de normas legales para favorecer indebidamente ciertos intereses.
Todas estas situaciones tienen dramáticos efectos respecto al sector privado y a la economía. Uno: desestimula la inversión por los altos costos de transacción debido a pagos o medidas arbitrarias. Dos: profundiza la inseguridad normativa, técnica y de inversión. Tres: restringe la libre competencia en contra del más eficiente. Cuatro: genera pérdidas en el ámbito fiscal, ya que las ganancias de las operaciones corruptas no pagan impuestos e implican menores ingresos para el erario público. Cinco: genera asimetrías en la información, afectando perversamente el funcionamiento de las reglas del mercado. Seis: empeora la distribución del ingreso al dejar estas rentas en manos de unos pocos, en perjuicio del cubrimiento público de las deficiencias sociales. Siete: genera sobrecostos para el sector productivo y ocho: disminuye la garantía en la calidad de la prestación de los servicios públicos.
Una ilustración que revela el tipo de captura del Estado que se presenta en nuestro país es el proceso de elaboración y aprobación de las reformas tributarias, en el que, a través de la presión del Congreso, se logra una inclusión específica, casi con nombre y apellido, de beneficios injustificables socialmente a través de exenciones o tratamientos preferenciales. Casos como la asignación directa a empresas y proyectos específicos, contrarios al mandato de la Constitución, sobre la ley de regalías, tratamientos preferenciales, ciertas deducciones sobre provisiones de cartera al sistema financiero, son algunos, para no mencionar un ejemplo que quedó consagrado en la Constitución de 1991, caso único, una Carta Magna que incluye un artículo para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de Inravisión. Eso también es captura del Estado.
Otros casos de captura del Estado tienen que ver con la preferencia por determinados proveedores o contratistas que conforman cotos cerrados de contratación en algunas entidades, a tal punto que en una muestra realizada por la Contraloría General de la Nación se encontró que apenas 4% de las empresas inscritas en el Registro Único de Proveedores y de proponentes de las Cámaras de Comercio, son proveedores del Estado.
La captura por parte del sector público también funciona y cada vez es más presente o está enquistada. Para darles unos ejemplos: la diversidad de los regímenes pensionales es uno de ellos. La dispersión del régimen pensional es un tema de fondo que sorprende y que nos debería indignar. La mesada promedio pagada por el Seguro Social es de 1.6 salarios mínimos, en el Magisterio es de 2.7, en la Universidad del Atlántico es de 9.1 y en el Congreso de la República es 34.7. Esto es injusto e injustificable, entre otras cosas porque es claro que las personas que reciben las pensiones más altas difícilmente le aportaron al sistema un monto similar, los pobres subsidiando a los ricos. En algunos casos como en Foncolpuertos esas altas pensiones obedecen a lecturas habilidosas de la ley.
Tenemos que combatir y erradicar la captura del Estado. Entre otras acciones efectivas para lograrlo está identificar en las instancias del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, cargos y funciones vulnerables a acciones de captura y establecer un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, inclusive efectuando cambios legales; no revisemos a todo el mundo, revisemos el cargo que es el que genera esa captura.
Así mismo, creo que es necesario hacer seguimiento al comportamiento de los ingresos y del patrimonio de estos funcionarios; todo el mundo entrega su hoja de vida y su declaración de renta, y eso se queda por allá metido, no, hagámosle un seguimiento bien serio al patrimonio de aquellos que entran a esos cargos de alto riesgo.
4. La Misión Anticorrupción también se ocupará de educación en valores. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para crear toda una cultura de apego a la legalidad, de apego a la norma, generar una cultura de la legalidad. Eso ya se está haciendo en Bogotá y miren las transformaciones que ha logrado. Necesitamos hacerlo a nivel nacional y estamos trabajando para empezar también a educar en valores a los niños.
5. Y finalmente está el tema de corresponsabilidad social, que es un tema que los afecta a ustedes. Yo quiero invitar a los gremios, a todos, en especial a ustedes, a que armemos una red de cooperantes en contra de la corrupción. En los gremios se sabe cómo es la cosa, allá sí podemos, antes de que se amarren las licitaciones, generar un proceso, un esquema de información y vamos a prevenir muchísimo en este tema. Necesitamos la cooperación de ustedes, necesitamos que nos ayuden a trabajar, a prevenir los casos de corrupción, no dos o tres días antes de que se entreguen los contratos, cuando ya generalmente es muy poco lo que hay que hacer, sino al principio y en la mitad. Hay que generar un mecanismo fluido con la ANDI y con todos los gremios, donde estas denuncias lleguen y sistemáticamente se estén mirando, evaluando, se les esté practicando correctivos y se esté encima de ellas.
Esta lucha tiene que ser articulada, y me parece muy importante lo que plantearon sobre la Comisión de Transparencia Corporativa. En lo que el gobierno les pueda ayudar cuenten conmigo, para promoverla al interior del mismo, para que esto salga mas rápido de lo que generalmente salen las cosas en todos los gobiernos.
Finalmente les hablaré de otras acciones que adelantamos en el Programa Presidencial de Modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. Se expidió el decreto 2170. Un día en la audiencia de una licitación vi un consorcio que se llamaba Viva el 2170. Los llamé y les dije: ¿qué es esto? Y me dijeron: "nunca habíamos participado, pero ahora ustedes lograron desamarrar las licitaciones con ese decreto, esto es transparente, y nos las podemos ganar. Ya no es invertirle a una licitación para poderla sino es invertirle a una licitación para ver qué se pierde".
Hace unos días estuve en Valledupar en otro Consejo, cuando se acabó me fui a otra audiencia para la adjudicación de un contrato y se me acercó un señor que me dijo: "Lo felicito", y le dije: "¿Porqué?". "Porque mi empresa nunca había participado en una licitación pública, porque eso estaba amarrado y ahora es transparente". Obvio, se requiere voluntad del gobernante también, porque ustedes saben que hecha la ley, hecha la trampa, entonces, cuando hay la voluntad se empiezan a abrir el escenario y el panorama.
Capacitamos 17.000 funcionarios en la aplicación de este decreto y hay una vigilancia especial por parte del Procurador General de la Nación y esperamos pronto ver sanciones por incumplimiento.
El tema de denuncias. Han llegado más de 6.000 y les hemos dado trámite, les hemos hecho seguimiento, hemos escogido algunos modelos de casos. No es que simplemente las tramitemos, sí se tramitan. Pero hay otros que se quedan ahí, los miramos, los trabajamos y los enviamos, si se puede llamar, con mensaje de urgencia a las distintas autoridades. El caso de la Gobernación de Boyacá, el caso de la Alcaldía de Santa Marta y unos casos bien interesantes que estamos viendo de gasto público antes de elecciones.
Hicimos también todas las investigaciones del Inurbe y Foncolpuertos, los retomamos, y tenemos trabajando a la Unidad Anticorrupción, la Unidad de Lavado de Activos, la Unidad de Extinción de Dominio. Es que a veces es más fácil ir allá para recuperar los recursos, ir a lavado de activos, ir a enriquecimiento ilícito y preguntarles: "a ver, ¿de dónde sacó todos estos bienes?". Estuvimos en el Amazonas, donde hay una cantidad de casos represados, todos salieron. Estamos montando un esquema especial para las Corporaciones Autónomas Regionales, en fin, el presidente nos dijo que no había temas tabú. Creo que tenemos que perderle el miedo a estos temas que a veces causaban incomodidad y no tienen por qué causarla. El que nada debe, nada teme. Hay una gran oportunidad, hay voluntad política para derrotar ese flagelo y se requiere de persistencia, sacrificio, un gran costo político y seguimiento. Pero solos no lo podemos hacer, necesitamos de la ayuda de la sociedad civil, sobre todo la organizada en gremios y la organizada en instituciones sólidas como ésta
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