LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN ES LUCHAR CONTRA LA POBREZA
Palabras del Señor Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón, en el Conversatorio Nacional Sobre Políticas Públicas en los municipios de la "Otra Colombia"
Bogotá, abril 23 de 2003
Ante todo quiero expresar el reconocimiento y la gratitud del Gobierno Nacional con la USAID, por los extraordinarios aportes que realizan en beneficio de tantos habitantes de municipios afectados por la violencia y el narcotráfico, a través del Programa de Fortalecimiento de la Democracia Local.
El Gobierno de los Estados Unidos es nuestro principal aliado en la empresa prioritaria de construir la seguridad democrática en Colombia y nuestra principal fuente de cooperación en la lucha contra la violencia y contra el narcotráfico.
Y lo es ante todo porque es el país del mundo que mejor comprende los altísimos costos humanos y materiales que representan para el pueblo colombiano las actividades de los grupos armados ilegales, impulsadas en muy buena parte con dineros del narcotráfico.
Tan sólo en el año 2002 uno de esos grupos, las FARC, asesinaron 834 civiles y cometieron 876 actos terroristas, es decir, más de dos por día. Igual que ellos las autodefensas ilegales y el ELN cometen constantemente actos terroristas que comprenden la utilización de artefactos explosivos, quemas de vehículos de transporte público, destrucción de escuelas, de instituciones estatales, de establecimientos públicos, de viviendas, de lugares de recreación, de bienes culturales, de lugares de culto religioso, de voladura de torres de energía o comunicaciones, de puentes y de peajes. Pero muy especialmente todo tipo de atrocidades contra la población.
Como ustedes saben narcotráfico y violencia van ligados de la mano lo cual se refleja, entre otros factores, en que el crecimiento del pie de fuerza de los grupos irregulares ha sido paralelo a la expansión de los cultivos ilícitos en las regiones. Esto ocasiona entre otros perjuicios, pérdida de vidas, deterioro de la productividad y competitividad de las economías, procesos de descomposición social generados por la economía ilegal y en general un grave desmedro del bienestar de la población y de la gobernabilidad en las regiones.
La gran realidad de la Colombia de hoy es la de 44 millones de ciudadanos de bien que quieren sus libertades, trabajar, estudiar, que sus derechos les sean respetados. Y que han permanecido durante los últimos años víctimas del acoso constante de grupos armados que apelan al terrorismo.
La violencia terrorista nos cuesta a los colombianos entre 4 y 6 puntos del Producto Interno Bruto del país, cada año.
No podemos permitir que nuestros niños sigan creciendo en un ambiente de zozobra, de pobreza y de terror.
Los ciudadanos de Colombia no somos libres de caminar por las calles de nuestras ciudades y poblaciones. De trabajar, de hacer negocios, de enviar a nuestros hijos a la escuela o de visitar largas extensiones de nuestro maravilloso territorio porque vivimos bajo el constante acoso de la violencia.
Esta situación es insostenible. Para que los colombianos seamos realmente libres, para que tengamos una nación unida, pacífica y productiva y para que podamos disfrutar los beneficios de la democracia y la prosperidad que nos pueden dar nuestros enormes recursos humanos y materiales, tenemos que poner fin a la violencia.
Nuestros civiles no pueden seguir siendo víctimas de la barbarie ante la indiferencia del mundo. La democracia colombiana requiere que la comunidad internacional coloque tanto empeño en rechazar el terrorismo como en respaldar al Estado de Derecho colombiano.
Estados Unidos es el país con mayor participación y compromiso en la solidaridad y cooperación para superar la actual coyuntura de violencia, narcotráfico y terrorismo en Colombia.
Una expresión concreta y ponderable de ello es este programa de Fortalecimiento de la Democracia Local que ha ejecutado 120 proyectos de infraestructura local en los ocho departamentos más afectados por la violencia y los cultivos ilícitos.
El espíritu de esta iniciativa de la USAID coincide plenamente con la ruta trazada por el Presidente Álvaro Uribe para impulsar el Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto que en esencia consiste en adelantar regionalmente proyectos y programas en tres componentes integrados y complementarios entre sí:
· Proyectos productivos y generación de ingresos
· Fortalecimiento institucional y comunitario
· Construcción y mejoramiento de infraestructura física y social
La acción del Gobierno en esta materia consiste en adelantar una estrategia de intervención integral, para generar alternativas económica y ambientalmente sostenibles para el Desarrollo en zonas de conflicto.
En la misma dirección de los conversatorios regionales que ha realizado este Programa, la estrategia gubernamental parte de una fase de preparación para definir con las comunidades, a través de debates previos de amplia participación, los objetivos del desarrollo regional y los procesos de elaboración y concertación de los proyectos que sustentarán el desarrollo económico local.
Sigue a la misma una fase de desarrollo para iniciar las acciones priorizadas, con énfasis en los programas y proyectos productivos generadores de empleo e ingresos y de fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad. Y finalmente una fase de consolidación de los programas y proyectos, orientada hacia la autogestión del desarrollo regional y local.
Como dice el Presidente Uribe, no nos las sabemos todas. Por eso en la formulación y desarrollo de esta política están involucrados los aspectos esenciales de abundantes aprendizajes de distinta índole que ha realizado nuestro país en los últimos años en el trabajo con organizaciones comunitarias, con las entidades territoriales con ONG y con organismos internacionales de crédito y de apoyo social y humanitario para adaptarlos a las condiciones de las diferentes regiones en esa tarea fundamental de definir una visión de futuro construida con los actores locales, que permita articular estratégicamente todas las actuaciones y recursos, y hacer más eficientes la acción y la inversión.
El objetivo prioritario es dejar instalado en un corto plazo en la zonas deprimidas y de conflicto, acuerdos sobre un proyecto regional compartido por todos, que permita el tránsito de la cultura y economía de la siembra de cultivos con fines ilícitos a una cultura y una economía con arraigo, identidad y orgullo, que se articule de manera productiva al país y al mundo, partiendo de las potencialidades geoestratégicas, naturales y sociales de cada región.
En lo político se trata de fortalecer la institucionalidad permanente del Estado, desde la formación y el empoderamiento de los gobiernos locales y el reconocimiento del gobierno central.
El foco de todas las actuaciones es el desarrollo competitivo y sostenible de cada región. No se trata solamente de ejecutar los recursos en forma eficiente y eficaz de manera puntual; es necesario que estos sean concebidos como un medio para garantizar mejor acceso de la población a oportunidades de bienestar.
Lo social tiene que estar en la esencia misma de todos los proyectos, para dejar fortalecido el capital social regional, verdadero motor del desarrollo en el mediano y largo plazo.
Igualmente resulta fundamental construir competencias y escenarios que conduzcan en el mediano plazo a la generación de riqueza o de una economía real, que permita superar las dinámicas de subsistencia hacia unas propiciadoras de la competitividad en el contexto nacional e internacional.
La construcción de un proyecto de tanta envergadura e importancia se debe realizar a la luz de principios fundamentales como la Integralidad en la planificación y ejecución de acciones de carácter supra sectorial pero interrelacionadas.
La coherencia, como equilibrio dinámico entre políticas y actuaciones.
La eficiencia y la eficacia para alcanzar buenos resultados.
La creatividad, como despliegue de imaginación hacia la acción.
La flexibilidad y la pertinencia, como respuestas a la diferencia y complejidad de las realidades.
Pero entre todos los principios destacaría la transparencia, como apuesta ética fundamental en el claro y eficiente manejo de los recursos, tanto públicos como privados.
Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. La realidad reciente de zonas como Putumayo, Arauca, Casanare, Caquetá, Huila o sur de Bolívar, entre otras, indican claramente que el problema crucial de la intervención del Estado en zonas marginadas y de conflicto no es la escasez o falta de recursos sino salvarlos de la politiquería y la corrupción para que lleguen a quienes los necesitan.
Por ejemplo, el manejo y el gasto de las regalías en estas regiones constituye una de las más escandalosas y vergonzosas páginas de corrupción en la historia del país. Y es apenas una entre muchas otras actividades de organizaciones creadas para adelantar estratégicamente, con frialdad y malicia, con derroche de audacia, astucia e imaginación, el saqueo constante y multi millonario del patrimonio común. Organizaciones con inocultables vínculos con los grupos armados ilegales o con el clientelismo y la politiquería.
Una reciente investigación realizada conjuntamente por los organismos de control, la Comisión Nacional de Regalías y el Programa de Lucha contra la corrupción de la Vicepresidencia de la República señaló que en 500 contratos celebrados en los años 2001 y parte del 2002 se despilfarraron $1,5 billones en obras. Con ese dinero la Nación habría podido duplicar el gasto en educación. La investigación confirmó igualmente que buena parte de las regalías fue a parar a manos de grupos armados ilegales y de corruptos vinculados con políticos de las regiones.
En la Colombia de hoy tenemos 23 millones de personas en estado de pobreza y 7.4 millones, en estado de miseria. 60% de nuestros compatriotas no tienen cómo adquirir los productos y servicios básicos de la canasta familiar. 46% de los jóvenes que viven en las ciudades y el 76% de los que habitan en el campo, no superan el nivel educativo de sus padres. Es ante todo a esos colombianos a quienes afectan los costos de la politiquería y de la corrupción.
Por eso es particularmente inquietante la constante aparición de nuevas y aterradoras manifestaciones de corrupción en los sitios en donde se concentran las mayores carencias. Por ejemplo, pocos minutos antes de venir a esta reunión fui enterado de la defraudación de 57 mil millones de pesos del Sistema General de Protección de Tumaco uno de los municipios más atrasados y necesitados del sur del país.
Sabemos que uno de los motivos principales por los cuales obtuvimos el respaldo mayoritario de los colombianos es adelantar acciones concretas, efectivas y permanentes contra la politiquería y la corrupción.
Es por eso que la lucha contra la corrupción, es uno de los tres pilares de acción del gobierno del Presidente Álvaro Uribe junto con la seguridad democrática e impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la equidad social.
Por encima de las buenas intenciones que las alienten las acciones que adelantemos para impulsar el desarrollo en zonas afectadas por la violencia y el narcotráfico, y en las demás zonas del país, no pasarán de ser un manual de buenas intenciones si no logramos dar un timonazo profundo en el manejo de los recursos para poner fin al despilfarro y a la corrupción.
A ese objetivo obedecen estrategias como el referendo que aporta herramientas fundamentales para incentivar probidad en nuestra sociedad.
En estos primeros meses del Gobierno ya hemos puesto en marcha importantes iniciativas como la meritocracia, Gobierno en Línea, el Decreto 2170 o la Directiva 12 para incrementar los niveles de transparencia en los procesos a través del acceso a la información del Estado y para fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública. Con el patrocinio de USAID pondremos en marcha en los próximos días una gran estrategia de comunicación para crear conciencia entre individuos, organizaciones y funcionarios del Estado acerca de los costos económicos y sociales de la corrupción, promover el control social y la denuncia responsable.
Y todos estos son apenas algunos ingredientes de la gran política de Estado en la lucha contra la corrupción basada en liderazgo y coordinación interinstitucional a través de la cual vamos poner durante estos años a las instituciones, individuos y organizaciones a trabajar en la misma dirección para enfrentar las organizaciones criminales que atentan contra el patrimonio común de los colombianos y para desamarrar al Estado de los intereses privados.
La voluntad del Presidente Álvaro Uribe es tolerancia cero con la corrupción. Y todos debemos y podemos aportar para el logro de ese gran propósito.
Felicito una vez más a la USAID por los resultados y logros del programa y por la oportuna idea de realizar este Conversatorio Nacional que sin duda aportará trascendentales reflexiones acerca de la "otra Colombia". Y expreso en mayúsculas el agradecimiento del Gobierno y el mío personal a mi buena amiga la Embajadora Anne Patterson, tan genuina y profundamente comprometida con la transformación de Colombia y con la promoción espiritual y material de los colombianos.
Muchas gracias.
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