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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DOCTOR FRANCISCO SANTOS CALDERON EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA 4ª SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Ginebra, marzo 14 de 2007

Señor Presidente. Señora Alta Comisionada. Señores delegados.

Quiero iniciar mi intervención expresando el beneplácito de mi país por la creación del Consejo de Derechos Humanos, un gran ejercicio de consenso y negociación que demuestra que las Naciones Unidas se pueden adaptar a los retos y desafíos de este siglo.

La Resolución que creó el Consejo de Derechos Humanos, otorga un mandato claro para emprender dos tareas fundamentales: el diseño y puesta en marcha de un Examen Periódico Universal y el análisis, reforma y perfeccionamiento de los llamados Procedimientos Especiales.

Gracias a la tarea de los facilitadores y el apoyo de los Estados hemos podido identificar consensos y divergencias. El reto ahora es acercar las tendencias y buscar soluciones intermedias para obtener consensos. Para tener éxito, un ejercicio multilateral amplio y sensible como el que estamos realizando obliga a hacer concesiones desde orillas opuestas.

En nombre de un Estado Observador quiero manifestarles que en nuestro parecer las tareas del Consejo deben culminar en las fechas previstas para que el nuevo órgano active de acuerdo con las reformas. Nada sería más inconveniente que prolongar este período de transición. Corremos el peligro de que el Consejo pierda el norte, que sus tareas se vean desprovistas de sustancia, e incluso de caer en un riesgoso período de estancamiento.

Para Colombia, la pieza fundamental de la nueva arquitectura del Consejo y su máximo valor agregado es el Examen Periódico Universal. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la selectividad y la politización fueron las causas que condujeron al desprestigio de la antigua Comisión.

Solo un mecanismo de alcance universal en que todos los Estados rindan cuentas sobre sus políticas públicas en materia de derechos humanos, y puedan dialogar constructivamente sobre sus metas, logros y dificultades, podrá disipar la desconfianza y la reticencia que reinó en los últimos tiempos de la Comisión.

El Examen Periódico Universal debe ser un espacio de diálogo y cooperación, que permita detectar necesidades de fortalecimiento institucional de los Estados que son los que garantizan el ejercicio de los derechos humanos en su territorio. Es indispensable que la revisión tenga en cuenta las particularidades de la situación de cada Estado, que no se puede analizar correctamente si no se estudia dentro de su contexto. En esta oportunidad, Colombia reafirma su propuesta de presentarse voluntariamente a la primera ronda de revisión del nuevo mecanismo.

No tengamos temor de construir un mecanismo intergubernamental efectivo de revisión como los que utilizan en forma eficiente otras Organizaciones como la OMC y la OEA. Y debemos desterrar toda intención de convertir este nuevo instrumento en un mecanismo casi-jurisdiccional pues para ello están los órganos de Tratados y las Cortes regionales de derechos humanos.

En caso de que algunos no lleguen a estar convencidos de la fórmula que se adopte para el Examen Periódico, consideremos con flexibilidad la posibilidad de que sea de carácter evolutivo y que se evalúe su funcionamiento en el momento en que se revise el del Consejo dentro de cinco años. Es importante que se tomen decisiones pronto para que no empecemos a crear alternativas paralelas por la ausencia del mecanismo.

Colombia tiene opiniones claras respecto a la revisión de los Procedimientos Especiales. Tenemos la legitimidad de ser un país abierto al escrutinio, que recibe, con la mejor voluntad y transparencia a los titulares de mandatos de muchos de estos procedimientos. Pero también por eso tenemos autoridad y experiencia para hablar de los excesos que en ocasiones se cometen cuando se desbordan las competencias.

Para la muestra dos ejemplos: el relator de Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en una visita a Ecuador y contrario a toda la evidencia científica acoge en su informe posiciones inaceptables y equivocadas sobre el efecto de la aspersión aérea de cultivos ilícitos en territorio colombiano en ciertas comunidades del Ecuador. O peor aún, el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios, quien desbordó por completo su mandato al acoger aseveraciones similares.

Situaciones como estas muestran que es indispensable constituir un espacio para la rendición de cuentas de los Procedimientos Especiales. Si hay quejas fundamentadas sobre el desarrollo de un mandato, el mismo Consejo debería ser el encargado de analizarlas por ejemplo, a través de un Comité de Estados que se ocupara de estos asuntos. E igualmente muestra la urgente necesidad de insistir en un código de conducta que determine incompatibilidades e inhabilidades para el ejercicio de una relatoría y para los Procedimientos Especiales. Los códigos de conducta existen en diferentes países aún para los magistrados de más alta investidura que pertenecen a la rama judicial, independiente del Ejecutivo.

Estos procedimientos deben continuar presentando al Consejo de Derechos Humanos los informes sobre sus actividades. Somos conscientes de la independencia de criterio de los relatores, pero estamos convencidos de que sus mandatos deben estar claramente definidos y de que corresponden al Consejo las decisiones sobre un tema o una situación determinada, y su seguimiento. El Consejo y los Estados deben tener la capacidad de valorar las conclusiones de los procedimientos especiales, de señalar aquellas que no se consideren viables y de decidir, conjuntamente con el Estado concernido, los posibles cursos de acción.

Señor Presidente, quisiera compartir con ustedes algunas apreciaciones acerca de la situación actual de Colombia:

En las elecciones para Congreso y para Presidente y Vicepresidente de la República que tuvimos el año pasado, nuestro Estado garantizó la acción de todas las fuerzas políticas. El Polo Democrático, logró la más alta votación que haya alcanzado jamás un movimiento de izquierda democrática en Colombia -22% de los votos.

El mandato del Presidente Álvaro Uribe fue ratificado en forma contundente con más de 7 millones de votos en la primera vuelta, un claro reconocimiento de la ciudadanía colombiana a los resultados de la Política de Seguridad Democrática que redujo en proporciones sin antecedentes todos los índices de violencia, creó un nuevo clima de confianza y devolvió la prosperidad a la economía.

Las acusaciones de la justicia contra miembros del Congreso y otras personalidades nacionales por vinculación con grupos paramilitares se han convertido en uno de los más grandes retos de la democracia colombiana y del Presidente Uribe desde su llegada al poder en 2002.

La presencia e influencia de los grupos armados ilegales y del poder corruptor del narcotráfico en la política regional y nacional no es nueva. Viene desde los anos 60 con la creación de los grupos guerrilleros y su combinación de las formas de lucha. Se transformó en los 80 con la llegada del narcotráfico a mi país. No podemos olvidar que en 1982 el gran capo de las drogas, Pablos Escobar, era miembro del Congreso.

Este fenómeno creció durante dos décadas y a pesar de ser una enfermedad conocida por muchos, ningún gobierno anterior lo afrontó con la decisión necesaria. Tanto así, que hace cuatro años, cuando iniciamos nuestro primer gobierno, el país estaba dividido en tres: una parte la guerrilla, una parte los paramilitares y una parte, cada vez menor, bajo el control del Estado.

El fenómeno paramilitar se agudizó en los años 80 como una reacción a dos realidades: los ataques, secuestros y asesinatos contra civiles por parte de las guerrillas de izquierda y la ausencia del control estatal en muchas zonas del territorio en donde la población quedó a merced de sus prácticas criminales. Con el tiempo, al igual que la guerrilla, los grupos paramilitares se vincularon al tráfico de drogas y perpetraron masacres y otros actos horrendos de violencia contra la población civil.

Por ello desde el primer día de gobierno la decisión fue retomar el control territorial y combatir sin tregua a los grupos armados ilegales y a otras formas de delincuencia organizada. De otro lado, era necesario tener la mano tendida para reintegrar a la sociedad a quienes decidieran cesar sus actividades ilícitas. A la fecha, más de 30,000 paramilitares, que entregaron 18 mil armas, se han desmovilizado efectivamente. Lo mismo ha ocurrido con más de 10,000 miembros de la guerrilla.

Para desmovilizar a estos grupos se enmarcó la negociación de paz en un instrumento jurídico, la Ley de Justicia y Paz. Debatida nacional e internacionalmente y aprobada en todas las instancias institucionales colombianas –incluyendo la Corte Constitucional- esta ley entrega beneficios de reducción de penas a cambio de verdad, justicia y reparación por parte de los victimarios. No ha habido hasta ahora precedente similar en el mundo en procesos de paz.

Sabemos que la Ley no es perfecta, como no lo es ningún proceso de paz. Pero necesitamos ayuda para que el primer proceso de paz en la historia moderna que incluye los elementos antes mencionados sea exitoso. Bien lo señaló un editorial del Washington Post en agosto de 2005 al referirse a la ley: “las objeciones subestiman el hecho de que en el proceso colombiano se pretende imponer penas considerablemente mayores de las que han sido aceptadas con anterioridad en otras partes de América Latina, la mayoría de las cuales han sido pactadas sobre la base de amnistías totales”.

En el marco de este proceso es que la Justicia está investigando la connivencia de sectores de la sociedad, incluyendo políticos, con el paramilitarismo. Las decisiones judiciales de las últimas semanas, y otras que se sucederán en los próximos meses, confirman el éxito de esta política que ha impulsado el actual Gobierno. Muestra que en mi país las investigaciones se están desarrollando con independencia y transparencia. Y que Colombia tiene instituciones fuertes que garantizan el imperio de la Ley. Nuestra democracia fue puesta a prueba. Y los resultados son indudablemente positivos.

Esta es la difícil catarsis que Colombia debe afrontar. Sobre el tema, en un editorial reciente el semanario The Economist subraya: “las revelaciones han salido a la superficie, como consecuencia del creciente vigor de la democracia en la Colombia cada vez menos violenta, que el presidente Uribe ha construido. En ello, el Presidente merece un apoyo sostenido”.

Finalmente quisiera referirme a la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos en Colombia que ya completa 10 años de actividad.

Es fundamental que evaluemos conjuntamente los contenidos, las virtudes y los defectos de esa experiencia. Y darle vida nueva acorde con las singularidades de un entorno internacional que han cambiado tanto en este decenio. El gran objetivo de las tareas debe ser consolidar una institucionalidad capaz de garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos Aspiramos a que la Alta Comisionada nos honre con su presencia el 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos en Colombia, para formalizar el Acuerdo que dará continuidad a la Oficina.

Hoy tenemos una relación fructífera y constructiva que ha permitido identificar problemas y soluciones. Se realizó la evaluación de los programas de formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas de la cual surgieron recomendaciones que están en su fase de implementación. Con su asesoría avanzamos en el fortalecimiento de los órganos de justicia y de su capacidad de investigación y sanción en casos de derechos humanos. El proceso de construcción del Plan Nacional de Acción ha logrado acuerdos sobre la instancia de coordinación con participación de la sociedad civil. Habrá Plan, sin duda, a la altura de los más altos estándares internacionales pero no podemos admitir que unas pocas organizaciones ejerzan un eventual veto sobre el resultado final.

Finalmente, la observación por parte de la Oficina nos ha llevado a evaluar conjuntamente casos. Es un ejercicio que contribuye a la toma de determinaciones por parte del Estado y facilita la prevención o sanción de cualquier práctica violatoria de los Derechos Humanos.

Colombia reclama con toda justicia más y más solidaridad del mundo. El narcotráfico es el hilo conductor de nuestra tragedia. El consumo aterrador de cocaína que crece incesantemente en las grandes ciudades del mundo, termina por fortalecer y financiar a los grupos ilegales en nuestro país. Financia muerte y destrucción. Amenazas y atropellos contra la población. Necesitamos más solidaridad, solidaridad fundamentada en hechos más que en palabras para enfrentar los descomunales retos del terrorismo fortaleciendo a su vez la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias.