PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FRANCISCO SANTOS CALDERON SESION PLENARIA DE LA CONFERENCIA DE DESARME
Ginebra, 13 de marzo de 2007
Señor Presidente:
Quiero asegurar a Usted el pleno apoyo de Colombia a los trabajos que bajo la dirección de España se realizan en este foro.
Colombia ha contribuido desde 1996 en forma comprometida a los trabajos de la Conferencia de Desarme, foro negociador en el que confluyen temas cruciales para la paz y la seguridad internacional.
En el mundo globalizado la comunidad internacional comparte múltiples y complejas amenazas: el acceso por parte de terroristas a las armas nucleares y radiológicas, el problema mundial de las drogas, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y la delincuencia organizada transnacional.
El terrorismo no tiene fronteras: Está en la capacidad de afectar a todos y cada uno de nuestros países y de ahí la necesidad de trabajar de manera concertada en esta lucha compartida en la que todos tenemos la responsabilidad de hacer aportes.
En Colombia, los grupos armados ilegales utilizan prácticas terroristas que amenazan la seguridad ciudadana y han cobrado miles de víctimas. Estos grupos tienen acceso ilimitado a las armas que deseen, financiados por el negocio ilícito de las drogas.
Para nuestro país es imperativo que esta Conferencia supere la retórica y funcione en la práctica, mediante la efectiva concertación de compromisos jurídicamente vinculantes que eviten que las armas caigan en poder de manos terroristas. No podemos imaginar lo que podrían hacer estos grupos con armas de destrucción masiva o sus materiales, o con bombas radiológicas.
El cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el ámbito internacional, es una premisa fundamental de su política exterior, y más aún en el caso de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ello, continuamos trabajando internamente en la aplicación de la resolución 1540 de 2004 sobre la no-proliferación de las armas de destrucción masiva.
Consciente de la necesidad de fortalecer la seguridad internacional, Colombia se ha hecho parte de varios instrumentos jurídicamente vinculantes. Se destacan entre ellos el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, el Tratado sobre la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, la Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológicas y Toxínicas, y estamos en el proceso de ratificación del Convenio Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear
Señor Presidente:
La Conferencia de Desarme debe recobrar la importancia que tuvo y demostrar a toda la comunidad internacional su capacidad de lograr una convergencia de voluntades. Estamos convencidos de la imperiosa necesidad de continuar los diálogos que nos dirijan a una negociación multilateral de acuerdos de desarme nuclear y no-proliferación.
Por esto, en relación con la reactivación de esta conferencia, Colombia ha defendido la propuesta de los Cinco Embajadores de la cual somos coautores, como una posible solución a las dificultades que ha enfrentado este foro. Numerosas delegaciones han expresado su voluntad de trabajar con esta propuesta a la cual se le pueden modificar con flexibilidad algunos aspectos que faciliten el consenso.
Señor Presidente,
Un tema de especial interés para Colombia es el Tráfico Ilícito de armas pequeñas y ligeras, en el cual hemos ejercido un liderazgo regional y global, particularmente desde nuestra Presidencia de la Conferencia de 2001, que se ha convertido en un punto de referencia para la lucha contra este flagelo.
El Programa de Acción de las Naciones Unidas en la materia, es el primer gran paso hacia el diseño de respuestas efectivas a un problema global en las que se busca llenar el vacío normativo que existía y permitir el establecimiento de mecanismos de seguimiento.
Son claros ejemplos de la continuidad y la validez del Programa de Acción: la existencia de un instrumento de marcaje y rastreo; el trabajo desempeñado por el Grupo de Expertos para estudiar la viabilidad de un Acuerdo que regule la intermediación y, más recientemente, la aprobación por parte de la Asamblea General de la Resolución 61/89 del 6 de diciembre de 2006 “Hacia un tratado sobre el comercio de armas: establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”.
No obstante los precarios resultados de la Conferencia de Revisión de julio de 2006, el futuro del Programa de Acción esta íntimamente ligado a la voluntad política de todos los Estados para combatir este tráfico mortal y la capacidad de acción de la sociedad civil.
Colombia está comprometida integralmente en la aplicación nacional del Programa de Acción. A pesar de sus dificultades internas, se están llevando a cabo varios procesos de enorme trascendencia en el control de las armas pequeñas y ligeras.
En Colombia, el proceso de desmovilización de las autodefensas ilegales, al cual se han acogido 30.000 hombres, ha permitido la entrega de 18.000 armas. La reintegración de estos hombres a la sociedad es compleja y requiere del apoyo nacional e internacional. De igual complejidad resulta el registro y destrucción de este armamento.
En torno a estos desafíos, Colombia requiere la cooperación y solidaridad de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.
En Colombia se ha venido dando un amplio debate en relación con la problemática de las armas pequeñas y ligeras en el cual han participado las instituciones nacionales y locales y la sociedad civil. Recientemente el Presidente Uribe declaró el año 2007 como “el Año de la Vida” para el país. En esta iniciativa se enmarcan diversas propuestas para avanzar en campañas orientadas a fomentar el desarme.
Siguiendo las recomendaciones del Programa de Acción, hoy Colombia cuenta con un punto focal nacional en la forma de un Comité de coordinación para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, el cual tuvo su primera sesión oficial el pasado 6 de febrero.
A nivel global, el Programa de Acción tiene por delante lograr un verdadero compromiso de la comunidad internacional frente a aspectos como la oferta, a las transferencias de armas a actores no estatales, la judicialización de los traficantes de armas y el incremento de la cooperación técnica y financiera.
Tenemos que contrarrestar las posiciones encontradas entre países productores y consumidores, entre oferta y demanda, y entre acción gubernamental y acción social. Todos somos parte del problema y por lo tanto, todos podemos ser parte de la solución.
Una de las más importantes iniciativas derivadas del Programa de Acción es el Tratado de Comercio de Armas. Al respecto, la Resolución 61/89 del 6 de diciembre de 2006 nos abre un espacio de reflexión, consultas, debate y procesos de decisión de gran envergadura para el control de las armas pequeñas y ligeras.
Colombia, como ya lo ha expresado en otras oportunidades, apoya esta iniciativa, la cual permitirá que los países productores, consumidores y de tránsito armonicen sus legislaciones y adopten normas que permitan un mayor control y responsabilidad en la venta, transporte y compra de las armas y municiones, sin afectar las necesidades legitimas de defensa y seguridad del Estado.
Colombia estima que en el proceso de elaboración del texto del Tratado será necesario establecer con claridad el papel de los actores estatales y no estatales en el comercio global de armas. Deseamos participar muy activamente en el desarrollo de esta importante iniciativa por cuanto contamos con una importante experiencia en el tema y unas instituciones preparadas y deseosas de aportar al proceso de consultas y de negociación.
Señor Presidente,
En el tema de las minas antipersonal (MAP), Colombia se encuentra a la cabeza de los países con mayor incidencia de víctimas por estos artefactos en el mundo, como resultado de la larga etapa de violencia que ha atravesado el país.
De igual forma, el uso frecuente de Artefactos Explosivos Improvisados y de Municiones Abandonadas sin Explotar ha ocasionado un aumento considerable de víctimas en el país.
Recientemente, el Landmine Monitor 2006 reportó que hubo 7.300 víctimas en el mundo el año pasado, un 11 por ciento más que en el 2004, de las cuales 1.100 fueron en Colombia. Adicionalmente, declaró a las FARC como el actor no estatal que más minas siembra en el mundo.
Las minas antipersonal se han constituido en la principal estrategia de combate de los grupos armados ilegales. Artículos como pelotas, vasos, tazas, cajas de regalo, juguetes y todo tipo de objetos, forman parte de los principales elementos que los actores armados ilegales emplean en la construcción de estos artefactos. Son aparentemente inofensivos, pero ocasionan un daño incalculable a la población civil, en especial a los niños y niñas que son atraídos al ver un objeto familiar con el que pueden jugar.
Combatir este flagelo requiere fortalecer una acción integral contra las minas antipersonal que permita responder a las solicitudes apremiantes de las comunidades en las distintas regiones del país que se encuentran en peligro de riesgo por la presencia o sospecha de estos artefactos.
Luego de una serie de avances significativos en materia legislativa, a partir del 2004 se inicia una nueva etapa en la cual se ha avanzado en el tema de la sensibilización de la problemática de las Minas Antipersonal en todos los sectores de la sociedad colombiana. Esto ha permitido promover y gestionar recursos materiales y económicos que contribuyan al fortalecimiento de la atención integral de las víctimas.
Para ello el Gobierno Nacional ha desarrollado acciones importantes en coordinación con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el tema, como la reincorporación socioeconómica de las víctimas, la formación para el empleo y estudio de la oferta laboral para personas afectadas al igual que el proceso de construcción de los estándares nacionales de atención a la población en situación de discapacidad.
En la actualidad estamos en la construcción del Plan de Rehabilitación para las Fuerzas Militares que pretende dar un servicio integral y de alta calidad a todos los miembros de esta institución que estén afectados por algún tipo de discapacidad. Aspiramos a que este plan se constituya en un modelo exitoso que podamos replicar para el resto del país.
Señor Presidente,
En medio de la compleja situación que plantea el accionar de los grupos armados ilegales, el Gobierno Nacional continúa avanzando en el cumplimiento de la Convención de Ottawa. En octubre de 2004 se llevó a cabo con éxito la destrucción del último arsenal almacenado por parte de las fuerzas militares. Así mismo, hemos adoptado normas y leyes que facilitan la aplicación de esta Convención.
Los grupos armados ilegales deben abandonar de manera inmediata la práctica de sembrar minas antipersonal. Es un imperativo ético y humanitario que la comunidad internacional exhorte a estos grupos armados ilegales a que cesen la práctica condenable de la producción y siembra de minas, que causan violencia, muerte, y destrucción en nuestro país.
Deseo señalar que los esfuerzos nacionales han sido complementados por el apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional. En nombre del Gobierno Colombiano agradezco a todos los países que han contribuido solidariamente en esta causa y los invito a continuar trabajando con nosotros.
Muchas gracias.
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